Consejo de Ministros

El Gobierno refuerza la protección de agricultores y ganaderos

El Ejecutivo da luz verde a la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que incorpora la directiva europea

Luis Planas anuncia una nueva ley de desperdicio alimentario para el primer trimestre de 2021

Los ministros de Agricultura, Luis Planas; Hacienda, María Jesús Montero, y Consumo, Alberto Garzón, este 3 de noviembre tras la reunión del Gobierno, en la Moncloa. 

Los ministros de Agricultura, Luis Planas; Hacienda, María Jesús Montero, y Consumo, Alberto Garzón, este 3 de noviembre tras la reunión del Gobierno, en la Moncloa.  / J. J. GUILLÉN (EFE)

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para reforzar la protección de los agricultores y ganaderos. El Gobierno adapta, así, la legislación española a la directiva europea que amplía con nuevas medidas contra prácticas comerciales desleales, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas

El proyecto de ley al que se ha dado luz verde este martes completa al anterior sobre la cadena alimentaria aprobado el pasado mes de febrero, después de que agricultores y ganaderos de toda España pusieran en marcha en enero una serie de protestas por los bajos precios en origen de los alimentos. Con ese decreto, se prohibió la venta a pérdidas y las campañas de publicidad engañosas, ahora el Gobierno da luz verde a una segunda fase con la que traspondrá la directiva comunitaria.

Entre las novedades de la nueva norma, Planas ha destacado que cualquier transacción de los operadores de la cadena que en parte se haya producido en España tendrá cobertura en toda la Unión Europea. Es decir, un productor español podrá tener protección en su operación con un comprador de otro país. Además, se amplían los productos cubiertos por la ley, de manera que a los productos agrícolas y ganaderos se añaden ahora los alimentos transformados, como el pan, el chocolate o la cerveza.

Se extienden los supuestos en los que los contratos serán obligatorios y se amplían las prácticas prohibidas, por ser contraria a las "prácticas comerciales leales", que hasta ahora no estaban recogidas en la legislación española. Por ejemplo, la modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso).

Se incorporan nuevas infracciones sancionables y se declara a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como la autoridad nacional de referencia en esta materia. En este sentido, Planas ha recordado que el Ejecutivo ha incrementado en un 32% la dotación presupuestaria a este organismo, hasta los 8,26 millones de euros.

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El objetivo es dar "mayor transparencia" a la formacion precios, dotar de "equilibrio" a la cadena en todos sus eslabones y, sobre todo, "proteger al eslabón más débil" que son los agricultores y ganaderos, según el ministro, quien también ha anunciado una nueva ley contra el desperdicio alimentario para el primer trimestre de 2021.