El Pacto de Toledo aprueba las bases para reformar las pensiones

La Comisión del Pacto de Toledo ha aprobado este martes la renovación de sus 21 recomendaciones acordada la semana pasada que deben guiar la próxima reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad. El documento será remitido a partir de ahora al Pleno del Congreso donde tendrán que someterse a una nueva votación, junto a los votos particulares que decidan presentar los grupos.

Las nuevas recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse. Únicamente Vox ha votado en contra de las recomendaciones.

Con este acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016. La presidenta de la Comisión, la exministra socialista Magdalena Valerio, ha celebrado el acuerdo, subrayando que "es un punto de partida, no de llegada" y que la Comisión "va a seguir muy pendiente de que estas recomendaciones se materialicen en normas" que, "de una u otra manera tendrán que pasar por esta Comisión".

Enter otras medidas, después de cuatro años de debates y cerca de 200 comparecencias, la comisión cerró  un primer texto en el que revisa las 20 recomendaciones dirigidas a garantizar la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social. El documento de recomendaciones incide en la separación de fuentes de financiación y gastos de la Seguridad Social, para afianzar la viabilidad del sistema. El objetivo es llegar a descargar a la Seguridad Social antes del 2023 de los alrededor de 23.000 millones de gastos impropios estimados.

El documento apuesta por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC real como referencia. Recoge el propósito de alargar la edad efectiva de jubilación. Incorpora el objetivo de aproximar la cotización a los ingresos reales en el régimen de autónomos y adopta medidas en apoyo de empleadas del hogar, de las mujeres y de los jóvenes. También acoge un modelo de previsión complementaria a través de planes de empleo pactados en la negociación colectiva siguiendo el modelo vasco, que, según el documento del Pacto de Toledo, deberían contar con un marco fiscal y administrativo propio y más favorable que los planes individuales.