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El Pacto de Toledo insta a sanear las cuentas de las pensiones antes del 2023

La comisión parlamentaria cierra su informe para la reforma de las pensiones tras cuatro años de debates

El documento apuesta por librar a la Seguridad Social de 23.000 millones de gastos impropios en tres años

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, conversa desde su escaño con la minstra de Trabajo, Yolanda Díaz, este miércoles.

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, conversa desde su escaño con la minstra de Trabajo, Yolanda Díaz, este miércoles. / EFE / Emilio Naranjo

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Rosa María Sánchez

Después de cuatro años de debates y cerca de 200 comparecencias que se iniciaron en noviembre del 2016, la Comisión del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes con una amplia mayoría un primer texto en el que revisa las 20 recomendaciones dirigidas a orientar la próxima reforma del sistema de pensiones para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social. [Consulte el borrador final del Pacto de Toledo: así será la reforma de las pensiones del futuro]El documento de recomendaciones incide en la separación de fuentes de financiación y gastos de la Seguridad Social, para afianzar la viabilidad del sistema.

El objetivo es descargar a la Seguridad Social de los alrededor de 23.000 millones de gastos impropios estimados por la Autoridad Fiscal de forma progresiva, "en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder del año 2023". Con ello, según el Pacto de Toledo "se contribuirá de forma decisiva a rebajar la alarma que las actuales dificultades financieras han generado y, en el largo plazo, a reforzar su sostenibilidad". 

Además se establece que una vez que se recupere el equilibrio de las cuentas, "los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva", ahora p¿rácticamente esquilmado. El documento insta a establecer un remanente mínino del Fondo de Reserva, "sujeto a una regla endurecida de disponibilidad".

El Pacto de Toledo señala las reducciones en la cotización para estímulo de empleo y las prestaciones asistenciales de desempleo entre los gastos impropios que deben dejar de ser sufragados con cotizaciones. También, las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades o el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes o sistemas especiales o en actividades desarrolladas por jóvenes den formación. Las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, los complementos por maternidad en las pensiones de mujeres o las mejoras en las de viudedad también deberían dejar de ser finaciadas por cuotas.

"Falso conflicto intergeneracional"

Además, el Pacto de Toledo considera oportuno realizar un estudio sobre las cargas impropias asumidas por la Seguridad Social en los últimos años, a partir de los datos del Tribunal de Cuentas, con el fin de poner en evidencia que sin ello no habría sido necesarios los préstamos del Estado. "Las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones sociales han alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que durante años, los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar", se afirma.  

El texto cerrado este viernes por Mesa y Portavoces de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, que aún no suscita un consenso pleno entre todos los grupos sobre todos los aspectos, será sometido a debate y votación pública en la propia Comisión el martes 27 antes de pasar a votación en el primer pleno del Congreso de los Diputados que se convoque después. Las recomendaciones que salgan del Congreso deberán convertirse en la guía para la próxima reforma del sistema de pensiones que planea el Gobierno actual y para todas las que puedan venir después, hasta la próxima revisión del Pacto de Toledo programada para dentro de cinco años. 

El documento, en realidad incluye 21 recomendaciones, pues incluye una numerada como 'cero' en la que refuerza los principios básicos del sistema público de pensiones bajo los principios de "universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia" y expresa su rechazo a cualquier "transformación radical" del modelo que se pudiera plantear en el futuro. 

Revalorización con el IPC real

El texto apuesta por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC real como referencia. Recoge el propósito de alargar la edad efectiva de jubilación. Incorpora el objetivo de aproximar la cotización a los ingresos reales en el régimen de autónomos y adopta medidas en apoyo de empleadas del hogar, mujeres, jóvenes, discapacitados e inmigrantes. También acoge un modelo de previsión complementaria a través de planes de empleo pactados en la negociación colectiva siguiendo el modelo vasco,  que, según el documento del Pacto de Toledo, deberían contar con un marco fiscal y administrativo propio y más favorable que los planes individuales. 

En cuanto al cálculo de la pensión, el documento considera adecuado mantener en 15 años el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social, así como la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo para cálculo de la pensión (que culminará en el 2022). Además se abre a la elección para el cálculo de los mejores 25 años de la vida laboral del trabajador.   

Reacciones

Desde el punto de vista de Unidas Podemos, el texto final de las recomendaciones recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición, de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible y supone la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013, informa Miguel Ángel Rodríguez. "Nuestro objetivo principal ha sido que el nuevo texto garantizara certidumbre a los pensionistas. Por ello, estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado que reivindica claramente el sostenimiento del sistema público, solidario, suficiente, intra e inter generacional y seguiremos trabajando en el seno del Gobierno de Coalición en esta dirección", según fuentes de Unidas Podemos.

Algunas formaciones como el PP han vinculado su apoyo a que el Gobierno se comprometa a pactar con patronal y sindicatos en la Mesa del Diálogo Social el nuevo mecanismo por el que los autónomos cotizarán por sus ingresos reales. 

El diputado de ERC Jordi Salvador, por su parte, ha expresado su intención de abtenerse en la votación y presentar votos particulares a diferentes aspectos del documento por considerar que no se avanza lo suficiente en la separación de fuentes de financiación ni se preserva de forma clara la penalización por jubilación anticipada forzosa a parados con largas carreras de cotización. El documento insta a Gobierno a dar una respuesta a estas situaciones en el plazo máximo de tres meses. También es posible la abstención de EH Bildu, mientras que Vox no mostró ayer ninguna opinión al respecto.

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Para el diputado de PNV Iñigo Barandiaran el texto acordado por una amplia mayoría por la Mesa y Portavoces del Pacto de Toledo es un “logro”, por lo que el grupo votará a favor del texto de las recomendaciones en la sesión convocada para el día 27. “Se da respuesta al reto de la sostenibilidad del sistema” y se cumple el objetivo de “atender las peticiones de la ciudadanía, para que sigan manteniendo su confianza en la viabilidad de un sistema público de pensiones, eje del Estado de bienestar”, según el diputado vasco. El PNV, no obstante, mantiene “particularidades lógicas” sobre algunas de las recomendaciones, que hará explícitas el propio Barandiaran el día 27, cuando la Comisión debata y apruebe el texto definitivo.