normativa
Foment critica que el decreto del alquiler "interviene el mercado"
La patronal considera que la norma para reducir un 50% la renta de los comercios cerrados es anticonstitucional
La portavoz del Govern, Meritxell Budó. / periodico
Por qué confiar en El Periódico Foment del Treball ha pedido a la Generalitat que "se concentre" en la promoción de ayudas directas y la inyección de fondos económicos a los sectores de actividad afectados por las medidas extraordinarias aprobadas para contener la pandemia de la covid-19, y no en la aprobación de normas y leyes que perjudican a empresarios, trabajadores y, hoy también, a los propietarios de locales y establecimientos de alquiler.
En un comunicado, la patonal catalana considera que la Generalitat "ha aprobado un decreto ley que interviene el mercado de alquiler ya que altera la mediación entre las partes", porque la nueva norma fija que el importe del alquiler de los negocios cerrados o limitados en su actividad quedará automáticamente rebajado al 50% desde el día en que el arrendatario notifique la voluntad de negociar.
Dudosa constitucionalidad
La patronal considera que el decreto ley es de dudosa constitucionalidad y provoca inseguridad jurídica. La suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza, y la consecuente pérdida de ingresos no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se debe repercutir a la administración que ha ordenado el cierre de los negocios o ha limitado parcialmente su actividad.
La 'conselllera' de Presidència ha reconocido que esta medida implica un cambio legal en el Código Cívil y "existe el riesgo de que se recurran las leyes que se aprueban". Ha agregado que "el decreto se ha trabajado desde el marco jurídico. Y nos da la seguridad de que una vez aprobado por el Parlament pueda dar respuesta a los problemas que plantea esta pandemia".
Para dar cobertura legal a la medida, el Gobierno aprobará en el plazo máximo de dos años un nuevo proyecto de ley para incorporar al ordenamiento jurídico la cláusula 'rebus sic stanitibus', que permite establecer la regulación necesaria para que se pueda renegociar un contrato en caso de "cambios imprevistos de circunstancias".
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