El Estado deja de ingresar 3.266 millones por la expulsión prematura de trabajadores mayores

La expulsión prematura de los trabajadores veteranos del mercado laboral supone un coste anual para el erario público de 3.266 millones de euros. Así lo ha cifrado UGT en un informe presentado este jueves, en pleno debate sobre la reforma del sistema de pensiones y las hipótesis sobre la mesa de penalizar las prejubilaciones e incentivar los retiros tardíos. "No se puede continuar expulsando a los mayores de 55 años, que después se ven abocados a una jubilación forzosa y que tienen el 40% de recorte en su pensión. Porque además esto supone una merma importante de ingresos en nuestra Seguridad Social", ha declarado la secretaria de política social de UGT, Mari Carmen Barrera.

UGT ha realizado un ejercicio teórico para estudiar cómo afecta a un trabajador el perder su empleo en la recta final de su carrera profesional de cara a la jubilación. Una persona de 54 años es despedida tras cotizar durante 31 años. Venía cobrando 27.282 euros brutos al año, lo que sería algo más que el salario medio en España. Y esa persona está casada y tiene dos hijos. Este es el retrato robot que ha dibujado UGT y para el que calcula la diferencia entre ser despedida a los 54 años y conservar su empleo hasta la edad de jubilación. Si conserva su empleo, su pensión sería de 1.954 euros al mes; si lo pierde y no vuelve a reengancharse, su pensión sería de 1.186 euros al mes. Una diferencia del 40% entre uno y otro escenario.

La central advierte del riesgo que supone para la Seguridad Social el aumento de las tasas de paro entre los trabajadores de más de 55 años y el aumento de las tasas de parcialidad entre los que conservan su empleo. Pues todo ello son menores cotizaciones ingresadas y mayor gasto público desde una temprana edad. El paro entre los mayores de 55 años se ha doblado entre la crisis financiera y la de la covid. En el 2007 era del 5,7% y en el 2019 dicho porcentaje escaló hasta el 12,2%. Y la parcialidad involuntaria se ha doblado entre los trabajadores de más de 55 años, obligados a aceptar empleos indeseados para no quedar descabalgados del mercado laboral.