Una década de recortes: el Estado gestiona la crisis del covid con el 18% menos de plantilla

El Estado llega a la crisis de la covid con unas plantillas mermadas y cada día más envejecidas tras una década de recortes y parcas inversiones. La Administración General del Estado, de la que dependen organismos que estos últimos meses han sido una pieza clave para el día a día de millones de personas (como el SEPE o la Seguridad Social), ha perdido el 18% de sus efectivos en la última década. Más de 40.000 empleados públicos han causado baja y no han sido reemplazados, tal como recoge un informe de UGT publicado este lunes, que exige al Gobierno que frene esa progresiva pérdida de trabajadores y acelere las ofertas públicas de empleo.

La Administración central entraba en la década de los '10 con un total de 223.449 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral. Diez años más tarde dicha cifra era de 179.998 efectivos; lo que deja una pérdida de 43.451 empleados y un envejecimiento progresivo de la media de edad de los restantes. En el 2010 el 44% de la plantilla tenía 50 años o más; en el 2020 dicho porcentaje ha crecido 20 puntos, hasta el 64,5%.

Una de las instancias donde más efectivos se han perdido en la última década y que ha adquirido un especial protagonismo desde el inicio de la pandemia es la Seguridad Social. Encargada de gestionar el nuevo Ingreso Mínimo Vital, la primera renta mínima estatal en España, este organismo ha perdido el 27% de plantilla en los últimos 10 años. En el 2010 funcionaba con 30.462 empleados y, una década más tarde, lo hace con 23.909. “Nos preocupa, especialmente por el fuerte incremento de la carga de trabajo que están asumiendo”, afirma el responsable de función pública de UGT, Carlos Álvarez.

Para desatascar la gestión del IMV y evitar que el colapso se extienda a otras prestaciones o subsidios, la Seguridad Social está incorporando progresivamente a 1.250 interinos. El ‘ok’ de Hacienda se hizo esperar más de un mes, pero acabó llegando a mediados de septiembre; según confirman desde el ministerio liderado por José Luís Escrivá. Un proceso que va provincia a provincia y que avanza a ritmos desiguales, según señalan desde UGT.

Ofertas públicas estancadas

El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la mayor oferta pública de empleo de sus historia, combinando los procesos para los ejercicios del 2018 y el 2019. El compromiso era de incorporar 27.530 nuevos empleados públicos para la Administración General del Estado. Y, según denuncia UGT, estos procesos están pendientes todavía de ejecutarse en su gran mayoría; afectados por las derivadas de la pandemia. De las plazas del 2018 solo se han cerrado el 5,5% de los procesos y las del año siguiente está la totalidad pendiente.

El virus también ha afectado los tiempos de las venideras ofertas públicas de empleo. Y es que, a principios de octubre, la referente para el 2020 todavía está pendiente de negociarse. "No aceptaremos un número de plazas inferior a la del año pasado", declara Álvarez.