investigación judicial

Guindos sostiene que los grandes bancos descartaron comprar el Popular

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. / DAVID CASTRO

EL PERIÓDICO / AGENCIAS

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Luis de Guindos, exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha sostenido este miércoles que los cinco grandes bancos españoles descartaron la compra del Popular en mayo del 2017, un mes antes de que fuese intervenido por las autoridades europeas y vendido al Santander por un euro. Así lo ha declarado durante su comparecencia como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la debacle de la entidad, que provocó la pérdida de su inversión a cientos de miles de accionistas.

Por videoconferencia desde la sede de la autoridad monetaria en Fráncfort a causa de la pandemia del coronavirus, Guindos ha relatado que sondeó a Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell sobre su posible interés por el Popular. Todos ellos, ha explicado, descartaron presentar una oferta debido a la delicada situación patrimonial del banco, que podría llegar a ser negativa según sus estimaciones debido a su exposición inmobiliaria. Pese a ello, ha afirmado que el banco fue solvente hasta el final, como también aseguró en su día poco antes de la intervención.

El último presidente del Popular, Emilio Saracho, lanzó un proceso de venta de la entidad al llegar al cargo en abril de aquel año, pero las grandes entidades descartaron presentar oferta tras estudiar sus números. Ese trabajo previo facilitó que, inmediatamente después su intervención en plena madrugada por la Junta Única de Resolución (JUR) europea, el Santander lo comprase por un euro. 

La mejor opción

El exministro, que ha comparecido durante cuatro horas ante el juez, ha defendido que la intervención de la entidad evitó un problema a los contribuyentes, ya que el Fondo de Garantía de Depósitos no hubiera podido hacer frente a todos los pasivos garantizados del banco, con lo que hubieran tenido que ser restituidos a los clientes por el Estado, con el consiguiente impacto en las cuentas públicas. La medida, ha añadido, evitó que las sucursales del Popular tuvieran que cerrar sus puertas a la mañana siguiente.

Guindos también ha asegurado que fue partidario de que se hiciera público el informe de Deloitte para la JUR que avalaba la resolución de Popular frente a otras alternativas. El organismo europeo, empero, se negó a hacerlo escudándose en su normativa propia.

Investigación judicial

El juez instructor José Luis Calama investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del banco, y lo hace en dos fases del proceso: las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros bajo la presidencia de Ángel Ron, y las filtraciones a la prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017, ya con Saracho al mando.

Sobre esa segunda fase, Guindos ha declarado este miércoles que él y la entonces secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, contactaron con los organismos públicos para intentar frenar la retirada de depósitos, pero fue imposible, porque dichas instituciones cuentan con sus propios criterios, plasmados en sus estatutos, para preservar sus inversiones.

Tras escuchar al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y a Guindos, el magistrado instructor continuará interrogando a más testigos la próxima semana. El 6 de octubre ha citado a cinco directores territoriales del Popular en el año 2016 y al que fuera responsable de la red de su filial el Banco Pastor en ese mismo periodo, Fernando Merino. A estos seis directivos le seguirán dos días después la presidenta del Santander, Ana Botín y el día 15 el que fuera presidente de la filial en España del Santander Rodrigo Echenique.