La 'carrera judicial' de Rato

El fallo de la Audiencia Nacional que absuelve a Rodrigo Rato y los otros 33 acusados de los delitos de estafa y falsedad contable en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, no acaba con la 'carrera judicial' del que fuera vicepresidente del Gobierno del PP y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Rodrigo Rato tiene otros procesos abiertos, pero sí resulta contradictoria con la sentencia que el Tribunal supremo dicto en febrero del 2016 por las reclamaciones presentadas por los accionistas que acudieron a la vía civil

Salida a bolsa de Bankia

La primera causa contra Rato fue iniciada por la Audiencia Nacional a finales del 2012 por el supuesto falseamiento de las cuentas en la salida a bolsa de Bankia, que tuvo que ser nacionalizada en el 2012 y rescatada con 24.000 millones de euros del erario. Desde julio del 2013, Rato estaba imputado por presuntos delitos de falsificación de cuentas, administración desleal y apropiación indebida por su participación en el proceso bursátil y se acaba de resolver de forma favorable al exvicepresidente del Gobierno y los otros 33 acusados.

La reclamación civil de los accionistas

La Audiencia Nacional resuelve de esta forma las demandas planteadas por la vía penal por los accionistas de Bankia entre ellos el colectivo 15MpaRato, pero el <strong>Tribunal Supremo</strong> ya dictó sentencia en febrero del 2016 con respecto a las demandas planteadas por los accionista en la vía civil. El Supremo ratificó que la información que facilitaron en el folleto para adquirir las acciones era "incorrecta e inveraz". Sentenció que Bankia tenía que devolver el dinero. La entidad financiera tuvo que asumir, como responsable civil subsidiario, el pago de 1.900 millones a los accionistas que reclamaron los afectados con demandas pendientes para evitar tener que hacer frente a las costas --con la sentencia del Supremo, difícilmente ningún juez les iba a dar la razón en reclamaciones individuales--, lo que podía suponer otros 400 millones de euros. Pese a la evidente contradicción en las dos sentencias, la del Supremo es firme y no hay vuelta atrás, aunque es posible que se presente recurso contra la de la Audiencia Nacional.

"Sorprende que la Audiencia no haya tenido en cuenta los argumentos del Supremo para determinar que las cuentas no reflejaban la realidad de la entidad y ponga del a cento en que los supervisoras las dieran por buenas", ha comentado Patricia Suárez, presidenta de la asociación Asufin, que ha llevado casos contra Bankia por la vía civil. No es esta la posición de la entidad financiera que ha defendido desde el primer momento que las cuentas eran correctas y estaban supervisadas. El colectivo 15MpaRato ha comunicado que pedirá al gobierno una cambio legislativo para evitar interpretaciones judiciales como la que realiza la Audienda en su sentencia.

El fallo de las 'black' lo mantienen en la cárcel

La sentencia de la Audiencia Nacional no le permite a Rato abandonar la prisión de Soto del Real, donde ingresó en el 2018 por la causa de las 'tarjetas black', que comprende la retribución para gastos personales de directivos de Caja Madrid y Bankia, y se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos y financieros de la crisis. Rato fue condenado a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida y administración desleal. La Audiencia cifró en 12 millones de euros lo gastado con las 'black': 9,3 millones, en la etapa de Blesa y 2,6 millones, con Rato. El Tribunal Supremo confirmó esta condena en octubre del 2018.

La causa fiscal

Rato también debe rendir cuentas por el caso que lleva su nombre propio ('caso Rato',) iniciado en el 2015, que investiga las presuntas irregularidades fiscales derivadas de sus negocios particulares y los sobornos supuestamente cobrados durante su etapa al frente de Bankia. Tras pasar por prisión preventiva, el juez le imputó cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública y corrupción entre particulares. Una de las últimas decisiones de la Audiencia de Madrid en torno al 'caso Rato' fue reunificarlo, al entender que "se hallan íntimamente anudados los delitos de blanqueo, fiscales y de corrupción en los negocios" investigados en relación con su patrimonio.

Anticorrupción le acusa de que haber empleado mercantiles en el extranjero, sin actividad social, utilizando como testaferros sociedades fiduciarias. En este 'caso Rato' también se investiga el presunto trato de favor que empresas de publicidad contratadas por Bankia recibieron durante su presidencia y supuestas irregularidades en la contratación por la entidad de algunos de sus colaboradores, como su excuñado Santiago Alarcó y su exsecretaria personal Teresa Arellano.