26 oct 2020

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tributación polémica

Bruselas recurre la anulación de la multa de 13.000 millones a Apple

La vicepresidenta Margrethe Vestager sostiene que la sentencia del Tribunal de la UE de julio contiene "errores de derecho"

Dice que si lo Estados miembros conceden determinadas ventajas fiscales a las multinacionales se distorsiona la competencia

Silvia Martinez

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. / REUTERS / Yves Herman

Bruselas contraataca contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que, a mediados de julio, anuló la histórica decisión adoptada por el Ejecutivo comunitario en agosto de 2016, en la que impuso la obligación a Apple de pagar a la hacienda de Irlanda 13.000 millones de euros –más intereses- por impuestos no pagados en la isla entre 2003 y 2014 gracias a exenciones fiscales selectivas que Bruselas consideró ilegales. “La Comisión Europea ha decidido apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión de julio de 2020 sobre el caso de las ayudas estatales de Apple en Irlanda”, ha confirmado este viernes la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, tras la conclusión del análisis del fallo realizado por los servicios jurídicos de la institución.

Según el fallo del pasado 15 de julio, el Ejecutivo comunitario no demostró durante el proceso de manera jurídicamente suficiente que los acuerdos fiscales entre la multinacional estadounidense y el Gobierno irlandés escondieran ventajas económicas selectivas y, por tanto, ayudas públicas ilegales. Una conclusión que Bruselas rebate. “La Comisión considera respetuosamente que en su sentencia el Tribunal General ha incurrido en una serie de errores de derecho. Por esta razón la Comisión va a llevar este tema ante el Tribunal de Justicia de la UE”, ha anunciado la danesa sobre un fallo que plantea “importantes cuestiones jurídicas” en relación a la aplicación de las normas sobre ayudas de estado en los casos de planificación fiscal.

“Asegurarse de que todas las empresas, grandes y pequeñas, paguen su parte justa de impuestos sigue siendo una de las principales prioridades de la Comisión”. En este sentido, recuerda que “el Tribunal General ha confirmado en repetidas ocasiones el principio de que, si bien los Estados miembros tienen competencia para determinar su legislación fiscal, deben hacerlo respetando la legislación de la UE, incluidas las normas sobre ayudas estatales". 

Pagar la parte justa

La Comisión Europea considera además que "si los Estados miembros otorgan a determinadas empresas multinacionales ventajas fiscales que no están a disposición de sus rivales, esto perjudica la competencia leal en la Unión Europea, incumpliendo las normas sobre ayudas estatales", reafirma la liberal danesa avisando de que seguirá utilizando “todas las herramientas" a su disposición "para garantizar que las empresas paguen su parte justa de impuestos". 

De lo contrario, sostiene Vestager en una declaración por escrito, “la hacienda pública y los ciudadanos se verán privados de fondos para inversiones muy necesarias, cuya necesidad es aún más necesaria ahora para apoyar la recuperación económica de Europa”. En este sentido, asegura que Bruselas seguirá realizando “esfuerzos para implementar la legislación adecuada para abordar las lagunas y garantizar la transparencia” en el proceso. Hay más trabajo por delante, incluso para asegurarse de que todas las empresas, incluidas las digitales, paguen la parte que les corresponde de los impuestos donde tienen que hacerlo”.

Irlanda dice que las ayudas fueron legales

La reacción del Gobierno irlandés al anuncio de Bruselas no se ha hecho esperar. En un comunicado, el ministerio de finanzas que dirige el también presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha anunciado que toma nota de la decisión y que el Ejecutivo irlandés se tomará su tiempo para considerar en detalle la base legal aunque se reafirma en que nunca otorgaron ayudas ilegales. "Los hechos del caso establecidos por el Tribunal de General demuestran, como Irlanda siempre ha argumentado, que no se concedió una ayuda de Estado y que las filiares irlandeses de las compañías Apple pagaron toda la cantidad de impuestos debida", sostienen bajo el mismo argumento esgrimido por la compañía. 

El proceso en Luxemburgo, según estima el Gobierno de Dublín, podría prolongarse todavía otros dos años. Mientras tanto el dinero que Apple reembolsó en 2018 -y que ascendía a finales de 2019 a 14.020 millones de euros- seguirá bloqueado en una cuenta a la espera de la resolución del caso. "Los fondos solo se liberarán cuando haya una conclusión final de los tribunales europeos sobre la validez de la decisión de la Comisión", ha anuciado el Gobierno.