El Gobierno reclamará 100 millones a las renovables por las últimas subastas

El Gobierno se dispone a ejecutar 100 millones de euros en avales de los inversores ganadores de las últimas subastas renovables, celebradas en 2016 y 2017, que no han cumplido con la obligación de poner en marcha sus proyectos dentro del plazo establecido. En total, 2.800 megavatios que perderán, además de los avales, las ventajas económicas asociadas a las subastas.

El Gobierno del Partido Popular puso en marcha una subasta de 700 megavatios de eólica y biomasa en 2016 y otras dos por un total de 8.136 megavatios, de eólica y fotovoltaica, en 2017. Estas dos últimas son las que concentran la mayor parte de los incumplimientos. 

A los ganadores de las pujas se les garantizaba un precio mínimo por la energía que vendan en el mercado durante 25 años, pues se establecía que si el mercado se hundía por debajo de su valor, el sistema le daría una ayuda. A cambio, las empresas depositaban una garantía financiera de 60.000 euros por cada megavatio de potencia de los proyectos, que se les devolvía según alcanzaban una serie de objetivos administrativos. De no cumplirse estas metas, los inversores perderían total o parcialmente ese aval.

La primera meta, a los seis meses de la subasta, obligaba a identificar la potencia obtenida en plantas concretas e implicaba la devolución de unas garantías de 12.000 euros por megavatio. Todos los adjudicatarios la cumplieron. La segunda exigía a los inversores tener la autorización administrativa para la ejecución de las plantas antes de cumplir el primer año para poder recuperar 18.000 euros por megavatio. La ultima, que requería tener en funcionamiento las plantas a finales de diciembre de 2019, conllevaba avales de 30.000 euros por megavatio.

Pasados esos plazos, el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha el procedimiento administrativo para reclamar 103 millones de euros –el 21% de los 489 millones presentados-- que corresponden a 2.800 megavatios. Esta ejecución del aval no impide seguir adelante con los proyectos, sino que elimina los beneficios económicos de la subasta. Por tanto, las instalaciones que sigan adelante, además de la devolución de garantías que les corresponda, deberán competir como cualquier otra planta renovable, sin ninguna ayuda o retribución adicional, como si no hubieran participado en la subasta.

"A quien haya incumplido los plazos es razonable que se le quite las garantías", asegura el director general de APPA Renovables, José María González Moya. "Las reglas de juego eran claras respecto a los plazos", añade. No obstante, González Moya cree que la "mayor parte" de esos 2.800 megavatios se acabarán poniendo en marcha antes de que les venza el derecho de acceso (cinco años) porque el principal problema de la demora, a su juicio, ha sido la tramitación.