La justicia europea avala la ley francesa para limitar los alquileres turísticos

El ayuntamiento de París ha ganado este martes una importante batalla judicial en relación a los alquileres turísticos y las plataformas que controlan este tipo de oferta como Airbnb que sienta un precedente importante para otras ciudades optencialmente afectadas por la misma problemática de vivienda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la normativa nacional francesa que exige la autorización previapara un alquiler reiterado durante períodos breves de tiempo en apartamentos turísticos destinados a clientes de paso que no fijan en ellos su domicilio es conforme con la legislación de la UE. 

El caso resuelve el enfrentamiento que mantenían el ayuntamiento y los dos propietarios –la sociedad Cali apartamentos y HX- de sendos estudios ofrecidos en alquiler en un sitio de internet y que fueron arrendados durante breves períodos de tiempo, de forma reiterada y a clientes de paso, sin la autorización previa de las autoridades locales, tal y como exige el código de la construcción y de la vivienda en los ayuntamientos de más de 200.000 habitantes así como en los tres departamentos limítrofes con París.

Por ello, ambos fueron condenados por el Tribunal de Primera Instancia de París primero y el Tribunal de Apelaciones después a pagar una multa de 15.000 euros y 25.000 euros respectivamente. En el marco de los recursos planteados por los afectados, la corte de casación decidió remitir una cuestión prejudicial al TJUE sobre la compatibilidad o no de la normativa francesa con la directiva europea sobre libre prestación de servicios en el mercado interior. 

Escasez de vivienda

En la sentencia dictada este martes, los jueces declaran que la ley francesa es conforme con el derecho comunitario ya que “la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración es una razón imperiosa de interés general que justifica disponer de una normativa. También consideran que la legislación es “proporcionada” con el objetivo perseguido porque no podría lograrse con una medida menos restrictiva, en particular, porque un control a posteriori, por ejemplo, “por medio de un sistema de declaración acompañado de sanciones no permitiría frenar inmediata y eficazmente el movimiento de transformación rápida generador de una escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración”.

Los jueces también entienden que el hecho de que la normativa en cuestión no defina, mediante umbrales cuantitativos el concepto de “arrendamiento de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda de forma reiterada durante breves períodos de tiempo a clientes de paso que no fijan en él su domicilio”, no constituye en sí mismo un elemento que permita demostrar que se incumple el requisito siempre que las autoridades precisen los términos del concepto de forma “clara, inequívoca y objetiva”.

Por último, en cuanto a la exigencia de publicidad previa, transparencia y accesibilidad, los jueces creen que para satisfacer este requisito basta con que los propietarios que quieran arrendar un inmueble destinado a uso de vivienda a clientes de paso puedan tener pleno conocimiento de las condiciones, algo que hace posible “la publicación de las actas de las reuniones de la junta municipal en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el sitio de internet. "Esta victoria, esperada por muchas ciudades, marca un punto de inflexión en la regulación de los los alquileres de corta duración y constituye un avance en el derecho de alojamiento para todos", ha declarado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.