El Banco de España ve escasos los incentivos para trabajar tras los 65 años

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, consideró este lunes "absolutamente legítimo" que se puedan volver a vincular las pensiones al IPC. No obstante estimó que ello debería ir acompañado de la aplicación "automática" de medidas compensatorias para reforzar la sostenibilidad del sistema ya que el organismo estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, 2 puntos porcentuales del PIB en el año 2030 y en algo más de 3 puntos del PIB en 2050.  Para compensar este efecto, Arce se refirió, en particular, a la posibilidad de alargar el momento del retiro más allá de la edad legal de jubilación, pero lamentó que los incentivos para ello son "muy débiles y prácticamente inexistentes".  

Durante su intervención en una conferencia telemática organizada por la Fundación Edad & Vida, Arce recordó los cálculos de la Autoridad Fiscal (Airef), según los cuáles cada año de retraso en la edad efectiva de jubilación permitiría reducir el gasto en pensiones entre 0,4 y 1,2 puntos de PIB. Sin embargo --explicó-- "posponer la edad de jubilación no genera (para los pensionistas) un mayor retorno", en forma de una mayor tasa de rendimiento sobre las cotizaciones abonadas a la Seguridad Social.

Edad efectiva

Un argumento similar fue expuesto por el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su reciente comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados. Allí, Escrivá explicó que mientras que en Portugal, Reino Uniodo, Alemania o Francia, los pensionistas obtienen bonificaciones máximas entre el 12% y el 5% por demorar la jubilación, en España "los incentivos son muy pobres", de entre el 2% y el 4% (el 3,2% de media).

Escrivá subrayó entonces la conveniencia de "diseñar un nuevo sistema de incentivos para retrasar la edad de jubilación" y, al mismo tiempo, desincentivar el retiro anticipado. En la actualidad la edad legal de jubilación se sitúa en 65,8 años (67 años, en el 2027). La edad efectiva en este momento es de 64,6 años.

Otras alternativas

Además de alargar la edad efectiva de jubilación, Arce citó otros "alternativas para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones", como ampliar el periodo de cálculo para la pensión, aumentar los ingresos incluso con figuras impositivas e impulsar los planes de ahorro privado, como planes de pensiones o productos financieros como la licuación de patrimonio inmobiliario.

Según los cálculos del Banco de España,  alargar los años considerados para el cálculo de la base reguladora provocaría una reducción de la pensión media y previsiblemente tendría mayor incidencia en rentas altas, y acercaría al sistema español a países como Finlandia, Polonia, Portugal o Suecia.

En cuanto a posibles medidas de aumento de ingresos, dijo que eliminar el tope máximo de cotización tendría un "potencial recaudatorio alto", si bien avisó de que podría afectar negativamente a la demanda de trabajo y generar un aumento del gasto de pensiones a futuro, salvo que se mantenga el límite impuesto para la pensión máxima, en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado.

Sobre un eventual incremento de la imposición, consideró que "puede ser una alternativa", pero recordó que las cotizaciones sociales están por encima de la media de la UE, la inciativa afectaría a toda la población, incluyendo a los propios pensionistas, y podría tener implicaciones sobre el carácter contributivo del sistema.

Planes privados

Por otra parte, sobre el ahorro privado, explicó que en España aún hay "margen" para incentivar los planes de pensiones, ya que en 2017 solo un 23% de hogares españoles tenía un plan de pensiones individual, seis puntos menos que la media del Eurosistema. El actual esquema de incentivos fiscales a los planes de pensiones parece tener un efecto "limitado" --según Arce--  ya que según ha constatado la Airef, las desgravaciones no están sirviendo para aumentar el ahorro a largo plazo, sino para cambiarlo de lugar en busca de un ahorro de impuestos.

Por ello Arce consideró que hay margen para mejorar el diseño de esos incentivos, al tiempo que instó al sector bancario a ofrecer mejores comisiones a sus clientesen de planes de pensiones.

Por ello, consideró que hay un contexto "idóneo" para desarrollar productos financieros "responsables y competitivos", como la 'licuación patrimonial' con hipotecas inversas o ventas de nuda propiedad para que los mayores puedan recurrir a su riqueza inmobiliaria para acceder a activos financieros líquidos en condiciones "atractivas y seguras". En todo caso, precisó que estos instrumentos no pueden ser "sustitutivos" de las pensiones.

Déficit del sistema

Arce centró su intervención en los "importantes" retos del sistema público de pensiones, en un contexto de déficit del 1,3% del PIB de la Seguridad Social en 2019 y una presión al alza en elgasto de pensiones en las próximas décadas por el aumento de la tasa de dependencia ligada al incremento de la esperanza de vida y la jubilación de los 'baby boomers'.

A pesar de que las reformas aprobadas en 2011 y 2013 supusieron un "avance sustancial" para garantizar la sostenibilidad financiera, Arce indicó que la suspensión de algunos elementos de estas reformas hace necesario introducir nuevas medidas, más allá de la mejora del empleo, puesto que esto solo compensaría parcialmente la presión demográfica.

Si la tasa de empleo alcanzase el 80% en 2050, frente al 60% en 2019, reduciría el aumento del gasto en pensiones por el facto demográfico entre un 50% y un 73%, y el gasto en pensiones bajaría en 4,5 puntos, frente al aumento de 7,7 puntos debido al a demografía, según la AIReF.

Las proyecciones disponibles apuntan hacia un aumento sustancial de la tasa de dependencia, desde el 30% actual hasta una horquilla aproximada del 50-70% en 2050, apuntó Arce, augurando un incremento del gasto en pensiones de entre 3,2 y 5,1 puntos de PIB en 2035 y entre 5,5 y 10,6 puntos porcentuales en 2050.