Aragonès urge al Estado a vender su parte en Bankia

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, considera que si CaixaBank y Bankia acaban fusionándose "debería haber un calendario claro de cómo el Estado sale del accionariado", que culminara con una salida lo más rápida posible, "para evitar cualquier sospecha de interferencias políticas". En una entrevista concedida a Efe, Aragonès se ha mostrado crítico con el papel del Estado español en el banco resultante de la fusión, del que sería segundo accionista, por detrás de La Caixa, y ha opinado que la presencia del Estado "es una situación de anormalidad".

La posición de Aragonès supone abrir distancias con los partidos de izquierdas en España, contrarios a la fusión al preferir la creación de un banco público de la mano de la participación pública en Bankia. Por el contrario, se suma a los favorables a la creación de un grupo bancario potente, aunque cada vez más alejado de la órbita catalana. 

"No es normal ni usual que el Estado, en este caso el FROB, tenga una participación tan significativa -un 14 %, según Aragonès- en una entidad tan significativa", sostiene Aragonès, que concluye que "probablemente las autoridades de la competencia y los supervisores bancarios estarán encima y tendrán que resolver esta a anomalía". "El ritmo y los calendarios los va a marcar el regulador, pero para tener garantías de la máxima competencia y para evitar cualquier sospecha de interferencias políticas debería haber un calendario claro de cómo el Estado sale del accionariado de lo que podría ser el primer banco del Estado", ha considerado el vicepresidente de la Generalitat.

A su entender, esa salida ordenada del Estado debería producirse "en el tiempo más rápido posible". Preguntado por si teme interferencias políticas, ha respondido que "no debería ser así", pero ha apuntado: "por desgracia, hemos visto que en muchas empresas de sectores regulados acaba habiendo este tipo de interferencias con presencia de determinados expolíticos en los consejos de administración".

"El sector bancario está muy supervisado, y confío en que no haya estas interferencias políticas. No debería ser así, y las primeras interesadas en que no sea así son las mismas entidades que estudian el proceso de fusión", ha apuntado Aragonès, que, no obstante, ha insistido en la necesidad de esa salida rápida del Estado del accionariado. Y es que, aunque la operación es de naturaleza privada, "el impacto público es bien evidente", ha concluido.

Por otra parte, Aragonès ha explicado que el viernes habló con los "máximos representantes" de CaixaBank y les trasladó tres demandas ya explicadas ese mismo día en público: la preocupación del Govern por los empleos, la necesidad de mantener la competencia pese a la concentración bancaria, y la continuidad de "la vinculación histórica" del nuevo banco con Catalunya, con la petición expresa de que la sede social vuelva a esta comunidad autónoma. "Estaremos muy atentos en las próximas semanas sobre estos tres aspectos en particular", ha dicho, y ha añadido: "tenemos la oportunidad de que la sede de la nueva entidad esté en Cataluña. Sería una muy buena decisión que demostraría el compromiso de continuar este vínculo con el país".

A la pregunta de cuál fue la respuesta de los dirigentes de CaixaBank a esa petición de recuperar la sede social en Catalunya, ha comentado que sobre esta solicitud en particular "no se han pronunciado". "Han entendido las preocupaciones del Govern y nos hemos comprometido a continuar con un intercambio de información y haciendo un seguimiento desde el punto del interés público", ha añadido.

No obstante, CaixaBank ha dejado claro en los últimos años que no se plantea mover la sede social de Valencia, adonde la trasladó en el 2017, en un contexto marcado por la declaración unilateral de independencia de Catalunya. Aragonès ha recordado que siempre consideró que aquella decisión "no fue una buena noticia", pero ha subrayado que tampoco se produjo el "éxodo económico" que algunos auguraban.

En cualquier caso, ha reivindicado que "ahora parece el momento de corregir aquella anomalía", porque "lo natural es que las empresas tengan sus sedes sociales donde está la mayor parte de su actividad, sus centros de decisión y sus sedes centrales", ha subrayado. Asimismo, ha asegurado que esa reflexión que han trasladado a CaixaBank, en el sentido de que vuelva a situar su sede en Catalunya, "vale para otras empresas".

CaixaBank y Bankia anunciaron el jueves por la noche que están en conversaciones para fusionarse y conformar el primer banco en España. Economía tendrá la última palabra en la fusión Caixabank-Bankia tras consultar al BCE.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pedirá al Banco Central Europeo (BCE) un informe sobre la fusión entre Bankia y CaixaBank y, una vez disponga de las conclusiones de dicho informe, será Economía quien tenga la última palabra sobre la operación, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.

El papel del BCE en una fusión depende de la normativa del país o países en los que tengan su sede las entidades que se fusionan, ya que este tipo de operaciones no se regulan en el Derecho europeo, sino en el Derecho nacional. Si el Derecho del país en cuestión otorga facultades al supervisor nacional a este respecto, el BCE ejerce dichas facultades cuando se trata de fusiones de entidades significativas que supervisa directamente.

En cualquier caso, el BCE debe aprobar adquisiciones de participaciones cualificadas en entidades de crédito cuando sean iguales o superiores al 10% de las acciones o derechos de voto de la entidad o superen los demás umbrales pertinentes (20%, 30% o 50%). De este modo, la entidad que pretenda adquirir una participación cualificada deberá notificarlo al supervisor nacional, que junto al BCE evalúan la adquisición propuesta de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva de Requisitos de Capital (reputación del adquiriente y experiencia de los directivos propuestos, solvencia del adquiriente, impacto en la entidad y riesgo de vínculos con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo).

"En principio, el BCE no tiene preferencias en relación con el tamaño y no disuade a las entidades de convertirse en más grandes", explica el BCE, aunque recuerda que para las entidades "demasiado grandes para quebrar" existen normas acordadas internacionalmente que exigen colchones de capital adicional y/o capacidad de absorción de pérdidas a las entidades grandes y sistémicas.

La legislación española hace recaer la última palabra en una operación de estas características en el Ministerio de Asuntos Económicos, que deberá pedir al BCE, como supervisor, un informe. En cualquier caso, el papel del BCE podrá cobrar mayor relevancia en función de la estructura de la operación.

El Consejo de Supervisión del BCE anunció en julio que "facilitará" la consolidación del sistema bancario de la zona euro mediante el uso de sus herramientas supervisoras, por lo que no exigirá unos requisitos de capital más elevados a las entidades que surjan de una fusión.

De este modo, los proyectos "sostenibles" de consolidación tendrán unos requisitos de capital iniciales iguales a la media ponderada a los requisitos del Pilar 2 de las entidades que se van a fusionar.

Como precaución ante la evolución de la crisis, el BCE decidió en julio extender hasta el 1 de enero de 2021 su recomendación a la banca de no repartir dividendos y no efectuar recompras de acciones propias para preservar el capital de las entidades, ampliando así en tres meses las actuales restricciones, en vigor desde el pasado mes de marzo. No obstante, el BCE señaló que revisará si esta postura sigue siendo necesaria en el cuarto trimestre del 2020, teniendo en cuenta el entorno económico, la estabilidad del sistema financiero y la fiabilidad de la planificación del capital.

El reciente anuncio de fusión de los bancos españoles CaixaBank y Bankia ha provocado que Italia se plantee si seguir este modelo y fusionar Monte dei Paschi di Siena (MPS), recapitalizada cautelarmente en 2017, con otra entidad italiana para fomentar "el nacimiento del tercer o cuarto banco nacional". "El modelo ganador es España con la reciente operación de fusión entre los bancos Bankia y CaixaBank, bajo la dirección del Gobierno de (Pedro) Sánchez, para crear un gran banco español. También se podría llevar a cabo una operación similar en Italia", ha dicho hoy la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación sobre el sistema bancario y financiero de Italia y miembro del gubernamental Movimiento 5 Estrellas (M5S), Carla Ruocco, en una entrevista con el diario económico "Il Sole 24 Ore".

"Podríamos fortalecer nuestro sistema bancario estimulando el nacimiento de un tercer o cuarto banco nacional. La situación de Bankia es muy similar a la de MPS en Italia", ha señalado, al tiempo que ha animado a Italia a seguir "el ejemplo de España". El Estado italiano es actualmente el socio mayoritario del banco toscano con el 68 % del capital, pero su intención es privatizarlo y salir del capital en 2021, según las condiciones que negoció en 2017 con las autoridades de competencia de la Unión Europea (UE) para salvarla de la quiebra.