Negociación en curso

Consenso entre Gobierno y agentes sociales para frenar la mengua de las pagas de erte de larga duración

El Ejecutivo inicia en Palma las negociaciones para renovar los ertes y el próximos lunes vuelven a reunirse las partes

Reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, con los agentes sociales en Palma de Mallorca, el 4 de septiembre.

Reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, con los agentes sociales en Palma de Mallorca, el 4 de septiembre. / Atienza (EFE)

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El Gobierno, la patronal y los sindicatos han escenificado este viernes en Palma de Mallorca el inicio de las negociaciones para la que está llamada a ser la cuarta prórroga de los ertes de la covid. En una primera reunión para marcar posiciones, el único consenso que ha traslucido de manera unánime entre las partes ha sido el evitar la mengua de las prestaciones de aquellos trabajadores afectados por un erte de larga duración. Hasta cuándo se renovará, si se acotará por sectores o será para todos igual y cual será el monto de las ayudas para las empresas son los detalles que comienzan a debatirse ahora. La mesa técnica que avanzará en ello está citada el próximo lunes. 

En Palma de Mallorca, icono buscado de ese turismo masacrado por la crisis de la covid, el Gobierno veló ayer armas ante tres semanas de negociaciones. Con el 30 de septiembre como fecha límite para prorrogar los incentivos a unos ertes en los que todavía hibernan, parcial o totalmente, 812.438 trabajadores en toda España. "Vamos a intentar dar la mayor certidumbre posible”, se ha comprometido este viernes el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá. Si la anterior renovación encontró escollos, la actual se aventura más compleja todavía, según reconoce una fuente sindical conocedora de las conversaciones.

¿Con qué cobertura se renovarán esos ertes? El Gobierno, la patronal y especialmente los sindicatos se han pronunciado a favor de pactar un cambio normativo para que los trabajadores afectados por un erte durante más de seis meses no vean menguar su prestación. Una de las huellas de la reforma laboral de Mariano Rajoy y que ha pillado al Gobierno de coalición con la norma sin derogar. Los primeros que la sufrirán serán los que actualmente lleven desde marzo y de manera ininterrumpida en el mismo erte; pues a partir de la nómina de septiembre (que se cobra en octubre), verán reducido el importe de su prestación del 70% al 50% de la base reguladora.

"Con ese dinero no da para casi nada en este país", ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "Lo compartimos con los sindicatos", ha manifestado en este sentido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "Más allá de las idas y venidas, el Gobierno debe, de manera clara y directa, comprometerse a mantener las percepciones", ha señalado el líder de UGT, Pepe Álvarez. "Este Gobierno es absolutamente sensible", ha replicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No hay, por lo tanto, disenso en la mesa de diálogo social sobre ese tema. Falta ahora que los ministros que a ella se sientan consigan el 'ok' del resto del Gobierno, con el Ministerio de Hacienda como principal responsable. 

"Hasta que sea necesario"

Más allá del hasta cuándo, que no es poco, las partes también deben perfilar el cómo. La CEOE llega a las conversaciones marcando terreno: ertes hasta junio del 2021; según explicó su presidente, Antonio Garamendi, esta semana en una entrevista en EL PERIÓDICO. No aceptarán una fecha anterior a Semana Santa, matizó ayer en los micrófonos de RNE. Los sindicatos no se sienten especialmente incómodos en ir revisando los contenidos del acuerdo trimestralmente, como ha sucedido hasta ahora. Y el Gobierno no ha querido dar pistas de cuál va a ser su posición de salida. "Hasta que sea necesario", repitió varias veces durante el día de ayer la ministra.

El cómo de esa renovación es la otra variable clave. La cuantía de las exoneraciones a la Seguridad Social para las empresas se ha ido moviendo en las diferentes renovaciones y ahí la patronal ha manifestado su disposición a no aceptar reducciones. Especialmente para las empresas que no puedan reabrir o reanudar su actividad. 

¿Para todos o por sectores?

El para quién es otra variable clave. ¿Para todos o solo para algunos sectores? Esa es la primera dicotomía, en la que acabarán fluctuando los grises. Ministros de peso en el Gobierno, como Nadia Calviño o José Luís Escrivá, se pronunciaron durante estos últimos días a favor de prolongar los incentivos a los ertes pero solo para algunos sectores concretos. Las actividades vinculadas al servicio de bebidas y comidas (149.908 trabajadores afectados), de alojamiento (104.102), comercio al por menor (66.758) y al por mayor (54.047) son los más afectados.

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El "turismo, en sentido extenso", según matizó el día antes la ministra de Trabajo, tendrá una atención preferencial. No obstante, esas cuatro categorías juntas no alcanzan a sumar a la mitad de los afectados por erte en España. Este es uno de los argumentos en los que se apoyan patronal y sindicatos para defender que todo el mundo debe tener acceso. El consenso de partida en Palma está en mantener para el que lo necesite la clausula de los ertes por rebrote.

Y bajo qué condiciones. Pues una de las cláusulas que el Gobierno ha mantenido hasta ahora como contrapartida a las ayudas públicas a las empresas ha sido la prohibición de despidos hasta seis meses después de la desafectación del primer trabajador. Una cláusula que rechazan los empresarios, al entender que les limita su flexibilidad y puede suponer un lastre para el proceso de recuperación de las compañías. En las dos anteriores prórrogas ya hubo una presión muy fuerte desde sectores de CEOE para bloquear cualquier acuerdo que no suprimiera dicha cláusula. Con la oposición frontal de sindicatos y, hasta la fecha, del Gobierno. Este viernes se han abierto de hasta 27 días de intensas negociaciones.