LEGISLACIÓN

Montero choca en la comisión de Hacienda del Congreso por el decreto de los remanentes municipales

La oposición rechaza el apoyo al nuevo marco legal al considerarlo una injerencia en las competencias locales

La ministra de Hacienda admite que "no se le ocurre" otra manera de eludir la limitación constitucional al gasto público

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE

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Eduardo López Alonso

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes el uso de los remanentes de los ayuntamientos para la implantación de un plan de préstamos para la reactivación de la economía municipal ante la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados al considerar que el alcance del acuerdo entre el departamento que dirige y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) permitiría la obtención de recursos importantes y eludir las limitaciones al gasto público establecidas por la Constitución y el marco legal actual. "No existe una solución mejor", dijo Montero. El acceso a los remanentes de algo más de 14.000 millones de euros por parte del Estado, permitiría acceder a líneas de financiación de unos 5.000 millones. Las palabras de la ministra y portavoz del Gobierno se diluyeron y perdieron fuerza ante una oposición claramente contraria a la propuesta de marco legal, con acusaciones de "injerencia" en competencias municipales y "chantaje" a los entes locales. De nada sirvió el argumento de que el acuerdo estaba respaldado democráticamente por mayoría, aunque mínima, en el seno de la FEMP. El consenso es inexistente.

El límite establecido al gasto público impide a los ayuntamientos gastar más de lo que ingresan y recurrir a sus superávits anteriores. Pero la derecha se niega a que el Gobierno acceda a mecanismos de financiación extra por la vía municipalista. Y la izquierda reclama una difícil reforma constitucional o transferencias especiales sin menoscabar la autonomía municipal. Si el déficit no se puede permitir, alegan los partidos de izquierda y los nacionalistas, deberían ser fondos especiales los que deberían llegar a las arcas municipales.

La propuesta del Gobierno tiene pocas posibilidades de ser aprobada. Mientras populares y VOX cargaron contra la propuesta por ser un "chantaje" que "hipotecará a los españoles", la izquierda y los nacionalistas aludieron a la falta de diálogo. Gerardo Pisarelo, de Comuns-Podemos, reconoció que la propuesta no es buena y que sería mejor ir contra esa regla de gasto y buscar transferencias concretas a los ayuntamientos que lo necesiten. ERC también se opuso al decreto ley por ser centralizador y también un "chantaje" a los ayuntamientos. Defienden eliminar el marco de austeridad en los ayuntamientos y respetar su autonomía. ERC concluyó que "no quiere quiere abrir la puerta a que los ayuntamientos sean el banco del Gobierno". Joan Baldoví, de Compromís, destacó "la poca unidad" que ha despertado este decreto y alertó de que en caso de aprobarse los 5.000 millones se distribuirían entre unos ayuntamientos y no otros, algo discriminatorio. "No puede ser el único camino", añadió. Para Ciudadanos, el real decreto aprobado es un "sin sentido" que adolece de unidad y hasta de "unanimidad" de los municipios. La formación se mostró partidaria de que sean "todos los ayuntamientos" los que accedan a fondos necesarios. Para el grupo vasco, el "polémico" decreto es "ingeniería normativa", que no ha tenido en cuenta la propia naturaleza foral del País Vasco. "Cualquier acuerdo sobre la fiscalidad vasca debe negociarse de manera bilateral", considera la formación, ya que la FEMP no representa a la mayoría de los ayuntamientos de la comunidad autónoma.   

Según este acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid sería el que dejaría de percibir la mayor cantidad de dinero en transferencias del Estado (dinero a fondo perdido). Los remanentes presupuestarios de Madrid ascienden a 1.069 millones de euros, lo que cerraría la puerta a 374 millones en transferencias en el fondo de 5.000 millones previsto en préstamos previstos en el acuerdo con la FEMP.

Los ahorros acumulados del Ayuntamiento de Barcelona ascenderían, según Hacienda, a unos 226 millones, y las pérdidas en el caso de un acuerdo para uso de los superávits serían del orden de 79 millones de euros para el consistorio.

En el caso del ayuntamiento de Tarragona, la pérdida de ingresos se acerca a 3,8 millones y en el de Girona, el consistorio dejaría de percibir unos 1,9 millones si no se acoge a prestar parte de sus remanentes a Hacienda.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un real-decreto (pendiente de validación en el Congreso de los Diputados) por que el que se ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de prestar al Estado mediante un crédito a 15 años más dos años de carencia, equivalente a los remanentes acumulados en los últimos años por aquéllos que han ido cerrando sus cuentas anuales con superávit. Esta propuesta es voluntaria, pero para los ayuntamientos que se acojan a ella, el Estado pondrá a disposición un fondo de transferencias de 5.000 millones de euros en dos años (2.000 este año y 3.000 el próximo). 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), y el de Valencia, Joan Ribó (Compromís), han pedido este lunes al Gobierno "encontrar una propuesta realista y pragmática que garantice los instrumentos indispensables" a las ciudades contra la crisis. Entre las "soluciones factibles" que proponen estos dos alcaldes en un artículo conjunto titulado 'Una solución desde los Ayuntamientos', publicado hoy lunes en 'El País', está que los consistorios puedan acceder al fondo de 5.000 millones de euros para los gobiernos de locales "sin que ello esté condicionado a préstamos de ningún tipo".

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Otras opciones son que el Estado haga efectiva en el 2020 una aportación de al menos 1.000 millones para paliar el déficit del transporte público, una "participación directa de las ciudades en los fondos habilitados por la Unión Europea" para que España haga frente a la situación generada por la pandemia y un nuevo modelo de financiación para los municipios que "devuelva la autonomía local".

Colau y Ribó alertan de la "intranquilidad de tantos alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, que exigen poder gastar sus remanentes -en definitiva sus propios ahorros- y acceder a la financiación extraordinaria". Ambos se muestran convencidos de que encontrarán "la necesaria empatía del Gobierno de España" antes de que pase por el Congreso el Real Decreto sobre los remanentes municipales y subrayan que "la unidad es fundamental" y en aras de ella "debemos cuidar los consensos". "Este Gobierno ha demostrado que las crisis pueden afrontarse de manera muy distinta al austericidio que vivimos en el pasado. Que este nuevo talante se demuestre también con los gobiernos locales", concluyen