Italia estudia una amnistía fiscal dentro de la distribución de los fondos europeos

El proyecto italiano para acceder a los 209.000 millones de euros que le tocarán del fondo de reconstrucción 'Next Generation EU' –una parte, a fondo perdido y otra, en créditos ventajosos-, será presentado a finales de septiembre. Sin embargo, el pasado junio el Gobierno ya reunió en Roma unos “estados generales” para elaborar un “plan nacional de reformas”. Participaron todas las instancias políticas, económicas, financieras, educativas y sociales del país, y los documentos del resultado final anticipan el contenido de lo que será el proyecto definitivo del Gobierno.

De realizarse cuanto prevé, se tratará de una reconstrucción nacional desde los cimientos. Una especie de re-creación del país después de una guerra.

137 proyectos en 121 páginas

El proyecto establece tres líneas estratégicas:  modernización, transición ecológica y la inclusión social y territorial de la península. A partir de estas, traza nueve directrices, las cuales a su vez son desglosadas en siete macro sectores. En cada uno de ellos y a lo largo de 121 páginas, el plan presenta un total de 137 proyectos concretos.

Dos terceras partes de los proyectos atañen principalmente al Estado y los demás afectan a la colaboración entre el Estado y la sociedad privada, sean las empresas o el llamado “tercer sector” (servicios sociales).

Por lo que se refiere al Estado, el plan apunta a numerosas cuestiones. El sector más amplio apunta a reforzar todas las empresas y pymes, además de apoyar económicamente a las start-up; sigue la afloración del dinero y trabajo negros y la extensión nacional, no obligatoria pero incentivada de los pagos electrónicos para disminuir la evasión fiscal (unos 120.000 millones anuales, según el Instituto de Estadística)

Amnistía fiscal con peaje

Sobre los capitales no declarados, el plan prevé su posible legalización pagando una tasa del 10%-15% del importe y la obligación de destinar el 40%-60% del mismo a inversiones en favor del país, como escuelas o infraestructuras.

Además, el plan propone la transformación de las deudas que la Administración tenga con las empresas (unos 40.000 millones en 2019) en créditos de estas a cuenta de sus pagos a Hacienda. Se propone también la creación de un instrumento de presión para acelerar los pagos entre empresas privadas.

Colaboración público-privada

Un proyecto innovador sobre la colaboración pública-privado se refiere a la creación de unas “plataformas” territoriales que unan la oferta formativa con las industrias dentro de un mismo circuito de producciones, por ejemplo, la agricultura. Otra innovación es la constitución de super-cooperativas de pymes para reforzar, coordinándolas, las exportaciones.

En el ámbito del turismo, al cual el plan dedica numerosas páginas que apuntan a mejorar la calidad, el proyecto propone cambios en la oferta turística actual para lanzar “un nuevo producto nacional”. El mismo implica un cambio en la formación del personal del sector, en los transportes en las zonas de turismo, la unión en red de las “ciudades creativas” y una reforma de las categorías hoteleras. El plan indica las prioridades de las grandes zonas del país y las iniciativas a tomar junto con las empresas del sector, transformando lo que genéricamente se llama turismo en una multiplicidad de “turismos”, a los que atender de forma distinta, con preparación y ofertas diferentes.

El plan también prevé colaboraciones entre público y privado en el ámbito de una red nacional de asesoramiento para las carreras profesionales individuales y un mejoramiento de la red de colaboración entre universidades y empresas.

Dote educativa para niños

Sin embargo, en un país donde el Estado es joven y poco afianzado, mientras que la iniciativa privada está muy avanzada, tal vez sea más novedoso cuanto el plan propone en la mayoría de los otros ámbitos. Una de las ideas más originales es la “dote educativa”, un fondo que cada niño económicamente desfavorecido recibe como crédito del Estado, en función de cuanto decidan conjuntamente los padres, la escuela, el municipio y los pediatras. El objetivo es disminuir las desigualdades.

A los ciudadanos de rentas bajas, se les ofrecería un “paquete” de bienes y servicios a disfrutar durante su vida, del que no verían un euro ya que el ente público resolvería los pagos directamente. Entre las medidas transitorias, una se refiere a los traumas causados por la pandemia: se propone la constitución de entidades territoriales que asistan, a cargo del Estado, a las familias del país hasta diciembre de 2021.

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