superávit municipal
Caballero loa que el Gobierno asuma los intereses y acusa al PP de una "operación política"
El PP pide la comparecencia de las ministras de Hacienda y Función Pública
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha vuelto a defender este martes el acuerdo con Hacienda para liberar remanentes y usar el superávit municipal frente a la crisis del covid-19. En una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde socialista de Vigo ha subrayado que "el Estado pone encima de la mesa de los ayuntamientos 5.000 millones a fondo perdido a gastar en 15 meses. (...) Y los ayuntamientos elegirán si quieren utilizar sus remanentes o no, no es algo coercitivo", ha señalado Caballero.
Además, Caballero ha subrayado que "el Gobierno de España se hará cargo de los intereses negativos" que puedan derivarse por motivos de inflacción. Precisamente, Hacienda calcula que los consistorios que participen del fondo de 5.000 millones se ahorrarán los intereses que actualmente pagan por tener sus remanentes en el banco y se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0 %, lo que supondrá un ahorro anual de hasta 70 millones de euros.
Según la resolución de la Dirección General del Tesoro, publicada este martes en el BOE, Hacienda también ofrece a los ayuntamientos optar por un reintegro a 15 años y obtener un tipo de interés del 0,05%.
Guerra con el PP
En este contexto, Caballero aprecia una "operación política" en el rechazo del PP al acuerdo. "Lo que impide que los remanentes no se puedan gastar inmediatamente es una ley del PP", ha señalado en la Ser.
Precisamente, el partido conservador ha pedido la comparecencia en el Senado de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para que expliquen el sistema de préstamo del superávit municipal a la Administración General del Estado. El portavoz del PP en la Comisión de Entidades Locales del Senado y alcalde de Cabra (Córdoba), Fernando Priego, ha afirmado este martes que, "por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para tumbar la convalidación" del Real Decreto que da forma jurídica a esta decisión del Gobierno cuando se vea en el trámite parlamentario en septiembre.
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