Los promotores reclaman un pacto social para el alquiler asequible

 La Associació de Promotors de Catalunya (APCE) reclama un "gran pacto" para la vivienda y el urbanismo "que incluya a todas las administraciones, partidos políticos y agentes implicados" para desarrollar el parque de vivienda de alquiler asequible deseado "con la colaboración público privada". La asociación que preside Lluís Marsà pone de manifiesto en su último boletín de coyuntura que la única manera de hacer frente al problema de la vivienda es buscar vías de colaboración publico-privada, en lugar de "trasladar la responsabilidad del sector público al privado". 

La patronal de la edificación considera que la inexistencia de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones públicas. Y que es imprescindible "buscar el justo equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios". En este sentido, pide que se aporten medidas que actúen directamente contra el origen del aumento del precio de renta de la vivienda, "que no es otro que la escasez de oferta: no hay vivienda

suficiente para abastecer la demanda", agregan.

Agregan la necesidad de adoptar medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo "mediante estímulos fiscales de todo tipo, y no medidas restrictivas de la libertad de mercado ni penalizadoras", destaca la APCE.

Seguridad jurídica

En este contexto de presión de la demanda e insuficiencia de la oferta, reclaman recuperar la seguridad jurídica con un marco jurídico estable para favorecer la confianza para poder acometer inversiones a largo plazo y propiciar el incremento del parque

de viviendas de alquiler, así como incrementar la oferta para ayudar a estabilizar los precios, generando tanto vivienda de alquiler libre como viviendas asequibles y viviendas sociales, "que no se conseguirá ante una medida como la proposición de ley al Parlamento para limitar el precio del alquiler, presentada por el Sindicat de LLogueteres conjuntamente con el Departamento de Justicia el pasado 15 de julio de 2020". Y que el Consell de Garanties Estatutaries considera ilegal en algunos artículos.

Los promotores apuntan que si no se actúa correctamente, "se corre el riesgo de volver a aquellos tiempos en que la larga duración del arrendamiento y la imposibilidad de actualizar la renta (o su actualización de acuerdo con un IPC que no reflejaba la realidad), llevaron a una reducción y un deterioro más que constatable del parque de viviendas de alquiler".

La APCE defiende que el límite al alquiler no es la mejor opción para arreglar el problema de la falta de parque. "No hya que ir lejos para encontrar ejemplos fallidos de la aplicación de este tipo de medidas: Europa ha dado muestras más que suficientes de que el control de los precios del alquiler no es la medida adecuada", señala. En un primer momento puede dar la sensación de que efectivamente el precio de la renta está bajo control, pero con el transcurso del tiempo aparecen problemas de índole diversa que inciden negativamente y provocan una disminución de la oferta, "como por ejemplo puedan ser los que afectan a la calidad de la oferta, y el mantenimiento de las viviendas y de sus servicios".