La morosidad anticipa un aumento de los concursos de acreedores

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas bajaron un 41,3% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2019, hasta sumar 1.111, en un contexto marcado por la crisis sanitaria del covid-19, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles. Se trata de una realidad congelada en el estado de alarma, porque lo cierto es que tras la vuelta a la actividad de los juzgados, y ante la expectativa de una mayor morosidad bancaria, se espera un significativo incremento de las insolvencias en lo que queda de año y en el 2021.

El periodo analizado, entre abril y junio, abarca el grueso del estado de alarma, que duró de mediados de marzo hasta la segunda quincena de junio. El INE ha explicó que la declaración de estado de alarma recogida en el real decreto 463/2020 ha limitado la actividad de los juzgados en el segundo trimestre de este año, con una tasa de respuesta que se ha situado en el 55%. Además, el decreto 16/2020 promulgado por el Gobierno durante el confinamiento permite a los empresarios aguantar el concurso hasta el 31 de diciembre, Pero, según los expertos, la realidad es que no evitará que en septiembre y octubre vuelvan a incrementarse las insolvencias en los juzgados.

En próximos trimestres, el INE considera que «cabría esperar» que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por la crisis originada por la pandemia del coronavirus. Y en los primeros meses del 2021, las cifras pueden incrementarse como ponen de manifiesto las dotaciones extraordinarias realizadas por los bancos para afrontar la morosidad derivada de las líneas de liquidez que ha puesto en marcha el Estado a través del ICO.  «Muchos empresarios acuciados por Hacienda y la Seguridad, sin embargo, se verán obligados a presentar concurso anunque legalmente tengan margen. Será la única manera que tendrán de parar el embargo por esas deudas», comenta Antonio Carreño, abogado mercantilista de Cuatrecasas,

El presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reclamó ayer un cambio de la normativa reguladora de las líneas ICO y de los avales de la Sociedad de Garantía Recíproca, «para ampliar el periodo de carencia», tras advertir de que «ni los autónomos ni las empresas van a estar en condiciones de pagar capital en abril o mayo» del año que viene y antes de que se genere «una mora tremenda en el sector financiero». «Si los icos se han hecho mal, generarán muchos problemas empresariales», agrega Carreño, de Cautrecasas.

Tasa de morosidad

El caso es que , según algunos analistas, la tasa de morosidad podría rondar el 15% a finales de año, lo que dejará en el mercado un stoc de créditos dudosos  o NPL (Non Performing Loans, en las siglas en inglés) de unos 200.000 millones de euros, una cifra similar a la del 2008. 

Así se desprende de un informe de la consultora de negocio Axis Corporate. Ese porcentaje es bastante más elevado que el que prevén los propios bancos, que hablan de un 5% en el 2021. Si se considera que los bancos tenían pendiente en el 2019 sacar de sus balances activos por 85.259 millones, y que el total de la financiación ICO a empresas a junio de este año alcanzó los 70.484 millones, el estoc de créditos dudosos se situaría en 170.000 millones de euros. Si, además, se añaden los traspasados a los fondos y que gestionan los 'servicer's o la misma Sareb estaríamos hablando de más de 91.000 millones de euros, con lo que la cifra final superaría los 200.000 millones de euros. 

Menos deudores, de momento

Por ahora, los datos del INE reflejan que en tasa intertrimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre de 2020), el número deudores concursados se redujo un 26%, con un descenso del 24,7% en el número de familias declaradas en con decurso y del 26,7% en el caso de las empresas concursadas.

De las 714 empresas que entraron en concurso en el segundo trimestre, 58 eran sociedades anónimas, con un retroceso interanual del 39,6%, mientras que 567 eran sociedades limitadas, un 38,3% menos que en el segundo trimestre de 2019.

Las personas físicas con actividad empresarial redujeron los procesos concursales un 40,2% en tasa interanual e intertrimestral, hasta totalizar 73. Durante el segundo trimestre, los concursos voluntarios bajaron un 40,2% en relación al mismo periodo de 2019, hasta sumar 1.064, en tanto que los concursos necesarios retrocedieron un 59,1%, con un total de 47 procesos.

Comercio, en cabeza

Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios bajaron un 51,9% en tasa interanual y los abreviados disminuyeron un 40,2%, hasta 91 y 1.020 procesos, respectivamente. El 22,4% de las empresas que entraron en concurso entre abril y junio tenían como actividad principal el comercio, mientras que el 15,7% se dedicaba a la industria y energía.

Asimismo, la estadística refleja que el 55,2% de las empresas concursadas tiene menos de seis asalariados, y dentro de ellas, el 27,7% no tiene trabajadores a su cargo. Según el INE, el 23,8% del total de empresas concursadas en el segundo trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 21,1% tiene cuatro o menos años de antigüedad. El 23,2% de las empresas concursadas con cuatro o menos años de antigüedad pertenecen al sector comercio, al tiempo que el 62,4% de las concursadas con 20 o más años de antigüedad se dedican al comercio y a la industria y energía.

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el segundo trimestre de este año fueron Catalunya (297), Comunitat Valenciana (173) y Comunidad de Madrid (164), que concentran el 57,1% del total de deudores concursados.