Gritos y tensión por las cámaras

"Así no hay más que hablar". Con esta frase tan tajante acabó un encuentro tenso y con algún grito el viernes pasado en el que participaron representantes de las patronales Foment del Treball y Pimec, de UGT y de CCOO, por un lado y del Consell de Cambres y la secretaria general de Empresa, Marta Felip, por el otro. La reunión tenía como objetivo, por parte de los agentes sociales, tratar de frenar el proyecto de ley que el Govern pretende aprobar con urgencia y que garantiza no solo financiación pública a los 13 entes camerales catalanes si no <strong>participación y representatividad institucional</strong>, que sindicatos y patronales entienden que conculca el ordenamiento jurídico. Ni cámaras y Govern convencieron a los agentes sociales ni estos a sus interlocutores.

El encuentro acabó en portazo cuando el presidente del Consell de Cambres y de la Cambra de Barcelona -controlada por una mayoría independentista y la más beneficiada con la medida por su peso-, Joan Canadell, aseguró que la norma era "un compromiso del 'president' Quim Torra," aseguran personas que asistieron a la reunión. Canadell no disimula sus simpatías por el 'expresident' Carles Puigdemont y el entorno de JxCat ni Torra las suyas por el movimiento que ganó las elecciones a la Cambra de Barcelona, promovido por la Assemblea Nacional Catalana (ANC).  

Esa intervención de Canadell fue definitiva. Y también propició que sindicatos y patronales estuvieran de acuerdo al 100% y remitieran una carta a Torra en la que le advierten de que el proyecto "amenaza la misma esencia de la participación institucional, del diálogo social y de la concertación social en Catalunya". Eso sucede pocos días después de el Ejecutivo catalán lograra firmar con los agentes sociales un acuerdo con las bases para la recuperación económica. "Está claro que quieren otorgar a las cámaras y, en especial a la de Barcelona, dinero y poder", afirman desde las patronales.

Tanto Foment como Pimec, UGT y CCOO consideran que este proyecto, que Torra ya trató de aprobar la semana pasada, "vulnera el orden jurídico existente y trastoca la estabilidad y utilidad de la concertación social, en un momento en que es más necesaria que nunca "para responder a las necesidades de nuestro tejido productivo y de la cudadanía en general", según la carta. La misiva está firmada por los presidentes de Foment y Pimec, Josep Sánchez Llibre y Josep González; y los líderes de UGT y CCOO en Catalunya, Camil Ros y Javier Pacheco. 

De salir adelante, la decisión de Torra puede provocar una auténtica ruptura con los agentes sociales y un terremoto político. La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ya ha adelantado a través de twitter que llevarán el texto ante el Consell de Garanties Estatutàries.

Aunque el proyecto de decreto se ampara en que el Estatut garantiza "la participación de las cámaras en aquellos organismos administrativos o organismos públicos de composición plural que tengan que tengan por objeto tarea o funciones que afecten directamente los intereses económicos generales", desde las patronales recuerdan que el texto establece que deben ser "consultadas", no que tengan que participar ni otorgarles un papel que corresponde legalmente a los agentes sociales.

Otro aspecto que cuestionan es el argumento de que tienen que tener participación y representatividad institucional por su adscripción adminitrativa, ya que "se trata de entidades de derecho público, tuteladas por el Govern". Sería como convertirlas en juez y parte.

El proyecto normativo, que basa la urgencia en la situación creada a raíz de la pandemia, también afirma que es "absolutamente necesario" dotar a las cámaras, que dejaron en el 2010 disfrutar de una cuota obligatoria que tenían que pagar empresas y autónomos,  "de los instrumentos de financiación pública necesarios para potenciar su indiscutible papel con una financiación estable" (...). Esta se fijará en los Presupuestos de la Generalitat con carácter plurianual, lo que no excluye "convenios de encargo de funciones y otros instrumentos que puedan acordarse con las administraciones públicas". También les permite realizar actividades privadas cobrando por la prestación de servicios.