La legislación del teletrabajo ajusta sus flecos en el diálogo social

«El teletrabajo ha venido para quedarse», aseguraba la ministra Yolanda Díaz en una comparecencia en el Congreso de los Diputados en el mes de abril. Y así ha sido. Ha pasado de utilizarse en apenas un 15% de los negocios antes de la pandemia a casi la mitad de las empresas durante la crisis del covid-19, abarcando casi el 50% de las plantillas, según el INE. Por ello, el Gobierno se ha propuesto regularlo cuanto antes, para garantizar que aquellos trabajadores que voluntariamente acepten esta modalidad no sufran una merma de ingresos ni de sus derechos laborales. 

El Ministerio de Trabajo presentó a finales  de junio un anteproyecto de ley de trabajo a distancia, basado en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, como propuesta de la futura norma que pretende igualar el trabajo presencial y el trabajo a distancia. Entonces fijó un calendario de negociaciones en la mesa de diálogo social para acordar un documento final entre Gobierno, patronal y sindicatos. La primera reunión fue el 8 de julio, y la segunda el lunes pasado, pero las negociaciones avanzan en positivo, según fuentes de las reuniones. 

El planteamiento inicial del Ejecutivo establece, entre otras medidas, su carácter voluntario, el derecho de los empleados al «horario flexible» y a «alterar» dicho horario respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, además de la compensación por parte de la empresa de los gastos directos e indirectos y el derecho a la desconexión digital. Además, diferencia entre trabajo a distancia –«aquel que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, de modo no ocasional»-- y teletrabajo, como una especie de modalidad del trabajo a distancia --«aquel que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación».

Puntos de fricción, sin grandes discrepancias

Si bien, el texto ha sido calificado por la CEOE de «desequilibrado», de tener un enfoque «errático» y «apartado de la realidad» del tejido productivo español. Mientras que los sindicatos CCOO y UGT lo vieron con buenos ojos, aunque con posibilidades de mejora. No obstante, todos coincidieron en reclamar un mayor papel para la negociación colectiva a la hora de su despliegue por sectores y empresas y criticaron que el Ejecutivo no hubiera abordado el primer borrador en el diálogo social.

El jueves pasado, el ministerio de Trabajo envió un nuevo documento a las partes con algunas de sus alegaciones, y aunque todavía no hay calendario para la siguiente cita, las mismas fuentes apuntan a que es previsible que sea esta semana porque el Gobierno está interesado en sacar la norma cuanto antes. Entre las peticiones que incluiría están que el teletrabajo no sea una fórmula de conciliación –algo a lo que se vinculaba en el primer documento-- y se refuerza la voluntariedad de los trabajadores y las empresas a teletrabajar, según las fuentes. 

Aunque hay puntos de fricción, no hay grandes discrepancias por lo que el diálogo evoluciona de «manera positiva», añaden las mismas fuentes. UGT y CC.OO velan por su carácter voluntario y complementario, que se compensen los gastos y la reversibilidad. La CEOE también pide voluntariedad, reversibilidad y acuerdo y fijar el «vector de la sostenibilidad» en su «espíritu y en su articulado».