07 ago 2020

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normativa retrasada

El régimen sancionador contra la morosidad se vuelve a abrir paso

JxCat, los socialistas y Unidas Podemos incluyen en las resoluciones de la comisión de reconstrucción el compromiso de penalizar las demoras en los pagos

Pymes y autónomos llevan una década exigiendo penalizar las demoras en los plazos legales de pago de empresas y administraciones

Agustí Sala

Vista general del Congreso de los Diputados.

Vista general del Congreso de los Diputados.

No fue a la primera ni tampoco a la segunda, pero esta vez hay esperanzas de que se apruebe a la enésima. El régimen sancionador a la morosidad, pendiente desde hace años y a punto de salir adelante en alguna ocasión (la última al final de la anterior legislatura), puede acabar viendo la luz en otoño.

Esta es una reivindicación constante de organizaciones como Pimec o la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) desde que entró en vigor en el 2010 la ley  que establecía el plazo legal de pago entre empresas en 60 días y en 30 cuando la contratista es la Administración. 

JxCat acordó con los socialistas y Unidas Podemos una enmienda al primer bloque de resoluciones del dictamen de la comisión de reconstrucción económica y social del Congreso una medida en esta línea. El texto insta a "aprobar un régimen sancionador que contribuya a evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago, reduciendo de esta manera la necesidad de endeudamiento financiero de muchas  pymes".

Previamente, el pleno del congreso del próximo 29 de julio debería enmendar el desliz de un diputado de Unidas Podemos que votó presencialmente cuando había comunicado que lo haría a distancia. Eso invalidó la votación de estas resoluciones, al quedar la votación en situación de empate. Ahora se tiene que volver a repetir. La aprobación de un régimen sancionador para reforzar la ley antimorosidad de hace una década ya ha sufrido innumerables avatares en los últimos años.   

La iniciativa incluida en las resoluciones de la comisión de reconstrucción tienen ahora la intención de que en esta ocasión sea la definitiva. Y se justifica en la necesidad de "incrementar la liquidez de las pymes y autónomos y mejorar su competitividad y productividad", según la enmienda incorporada. A su vez, en el bloque sexto, dedicado a la política fiscal y eficiencia del gasto público instan a "impulsar los mecanismos necesarios para que las administraciones públicas cumplan los plazos de pago a sus proveedores y suministradores". 

Prioridad

"Vamos a pedir prioridad para tramitar la iniciativa a partir de septiembre", explica Ferran Bel, diputado de JxCat, del grupo parlamentario plural, impulsor de la iniciativa. Se muestra confiado en que además contarán también con el apoyo de Ciudadanos, que votó a favor de las resoluciones en la parte económica y posiblemente de ERC, lo que otorga una mayoría suficiente. Respecto al PP se muestra menos esperanzado.           

La  PMcM, que agrupa a más de un millón de pymes y autónomos, se apresuró a aplaudir la iniciativa que persiguen desde hace años. Esta organización presidida por Antoni Cañete, a su vez secretario general de  Pimec y candidato a presidir esta patronal dentro de dos años,  recuerda las recomendaciones del Consejo Eurpeo para España para el 2021 y el 2022. Estas incluyen "asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente evitando retrasos en los pagos". 

La PMcM ya reclamó también al Gobierno un real decreto que obligue a las administraciones y a las grandes compañías a saldar las facturas que tienen fuera de los plazos legales con proveedores y subcontratas, lo que constituiría una importante inyección de liquidez. De hecho, hay una deuda que el Estado tiene que pagar y "ahora sería el momento", decían. Según sus estimaciones hay unos 8.700 millones en facturas pendientes de las administraciones que pasan de los 30 días y 122.000 millones de las grandes empresas, en especial de varias que cotizan en el Ibex-35.

Al igual que la PMcM, Bel defiende también limitar el uso del 'confirming'. Mediante este sistema, que consiste en ceder a una entidad financiera la gestión del pago a proveedores, que pueden cobrar antes del plazo legal a cambio de intereses y comisiones que en muchos casos los grandes contratistas, por su mayor poder de negociación, fuerzan a los subcontratistas a pagar.