Interinos piden fijeza en el Parlament: "Os hemos acompañado durante la covid"

La Plataforma de Interins de Catalunya (PIC) ha presentado este martes en el Parlament una proposición de ley para instar al Govern a que regularice al personal temporal en fraude de ley que trabaja para la Administración. El trámite legislativo lo ha registrado formalmente la CUP y la presencia en la rueda de prensa de diputados de ERC y 'comuns' anticipa un posible apoyo de estas formaciones a la medida. La portavoz de la PIC Elisabet Ramos ha recordado la sentencia del pasado marzo del TJUE, en la que instaba al Reino de España y sus administraciones a corregir los abusos acreditados de temporalidad. "Son personas que nos han acompañado durante toda la crisis de la covid, no una relación de puestos de trabajo", ha declarado.

En Catalunya, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes al primer trimestre del 2020, había 110.900 trabajadores de la Administración Pública que ejercían con un contrato temporal; el 24,7% del total de las plantillas. Un grado de interinidad que se ha disparado y cronificado en la última década, carente de grandes procesos de estabilización de plantillas a través de las ofertas públicas de empleo. Las grandes bolsas de interinidad se concentran especialmente en los servicios públicos gestionados desde los ámbitos autonómicos, como la sanidad o la educación, y suman 892.800 temporales en toda España.

Desde la PIC calculan que en Catalunya cerca de 90.000 de esos interinos o personal laboral con contrato temporal corresponden a la administración de la Generalitat y a través de la proposición de ley presentada este lunes instan al Govern a corregirlo. En paralelo, el colectivo ya ha presentado unas 20 denuncias ante los tribunales de supuestos fraudes de temporalidad. En Alicante, un juzgado de primera instancia ya reconoció la fijeza de un trabajador municipal; pese a que la sentencia no es firme y está pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Hasta ahora, las altas instancias judiciales han rechazado este criterio.

Fijeza o 5.000 millones en indemnizaciones

La propuesta presentada por la CUP insta al Ejecutivo catalán a equiparar a todo aquel trabajador con más de tres años de antigüedad en el mismo puesto y con los mismos desempeños a las condiciones que un funcionario o personal laboral indefinido. "No nos costará ni un duro, ocupamos ya plazas de estructura", ha defendido Ramos en rueda de prensa. Desde la PIC interpretan la sentencia de marzo del TJUE por la vía más garantista para el trabajador en fraude de ley, pues el tribunal europeo también considera lícito indemnizar monetariamente a los interinos en dichos supuestos. Los cálculos que maneja la PIC es que si la justicia diera la razón a los 90.000 temporales, la Generalitat debería abonar indemnizaciones por valor de 5.000 millones de euros.

Desde la PIC han instado a la Generalitat a "evitar el colapso judicial" que ese reguero de demandas supondría y que el Ejecutivo catalán opte por fórmulas de fijeza por ley. Una vía que parte del mundo jurídico ve imposible legalmente, pues abriría la puerta a posibles denuncias de terceros, pues estos podrían alegar que esa fijeza por decreto vulnera la publicidad, la igualdad en el acceso y la meritocracia que exige cualquier proceso de concurso público de empleo.