La Generalitat adapta las 1.500 primeras prestaciones al Ingreso Mínimo para evitar futuros embargos

La Generalitat de Catalunya ha reconvertido ya 1.500 prestaciones propias para adaptarlas a la nueva realidad del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y evitar así las primeras duplicidades y cobros indebidos. El secretario general de Treball, Josep Ginesta, ha alertado este lunes de un "riesgo real" de que en los próximos meses su departamento tenga que intervenir por ley sobre las cuentas bancarias de una parte de los actuales 130.000 beneficiarios de la Renta Garantida de Ciutadania, si estos pasan a cobrar también el nuevo subsidio estatal. La ausencia de un acuerdo de compatibilidad entre la Seguridad Social y la administración catalana y la falta de comunicación entre instituciones deja en el aire la posibilidad de que miles de beneficiarios incurran en deudas con el erario público, tal como ya avanzó EL PERIÓDICO. Dicha situación amenaza con precipitarse a partir del 15 de septiembre. Fuentes consultadas de Seguridad Social han explicado que esta semana se han puesto en marcha canales de comunicación entre administraciones para minimizar posibles duplicidades.

El amplio consenso que generó la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la primera renta mínima a nivel estatal en la historia de España, encara sus primeros meses de aplicación. Y como dice el dicho anglosajón, "el diablo está en los detalles". Esta renta mínima aterriza sobre una red de prestaciones ya instaladas en la gran mayoría de comunidades autónomas y lo hace como suelo de ingresos. Es decir, la norma establece que el primer ingreso que debe percibir una familia que carezca de los mismos debe ser el IMV. Y luego el resto de rentas mínimas preexistenes deben reconvertirse para adaptarse y complementar al mismo. Dicha adaptación está pendiente de articularse a través de convenios de complementariedad entre la Seguridad Social y las autonomías.

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Y en el caso de Catalunya, la Generalitat manifiesta urgencia. A diferencia del País Vasco o Navarra, que desde un primer momento recibieron las competencias de gestión del IMV, Catalunya deberá pasar por un proceso de transición. En ese interregno pueden surgir problemas fruto de las duplicidades y sería a la Generalitat a quién le tocaría el papel de exigir los cobros indebidos. Pues la ley de la Renta Garantida de Ciutadania establece una horquilla de ingresos por unidad familiar superior al baremo del IMV y los solicitantes de ambas prestaciones que lo superen pueden verse obligados a retornar el excedente. Más de 130.000 familias cobran actualmente la renta mínima catalana y Treball afirma desconocer cuántas de estas pueden acabar incurriendo en duplicidades y cobros indebidos. Tampoco estudia en estos momentos reformular la ley de la Renta Garantida. 

Riesgo de "prisión burocrática"

En Catalunya, a mes de junio, la Seguridad Social abonó un total de 6.225 prestaciones del IMV, fruto de la conversión de oficio de la prestación por hijo a cargo. Y el Departament de Treball ya ha realizado las primeras adaptaciones; pues 1.500 de dichos perceptores también cobraban la renta mínima catalana. No obstante, el secretario de Treball ha exigido este lunes al Ministerio de Inclusión que habilite un mecanismo para compartir información en tiempo real entre administraciones. Para que así Treball pueda revisar en la mayor brevedad posible si los nuevos beneficiarios del IMV lo son también de la renta catalana y así adecuarles las cuantías para evitar los cobros indebidos. 

Esa posible "prisión burocrática", tal como la ha definido Ginesta en un acto con periodistas, amenaza con multiplicarse durante los próximos meses, dada la escalada de solicitudes que está teniendo el IMV. No solo en Catalunya, sino en toda España: más de medio millón de personas ya han presentado su solicitud; según datos de la Seguridad Social. Y la fecha que en Treball tienen señalada en rojo es el 15 de septiembre, día en el que vence el plazo de tres meses de transición que marcó la Seguridad Social.

El escenario que temen desde Treball es que la falta de comunicación entre administraciones se traduzca en una gran bolsa de familias que durante varios meses cobren ambas prestaciones y acumulen un volumen de pagos indebidos significativo. Pues sería Treball quién debería actuar como una especie de cobrador del frac de prestaciones públicas sobre familias en riesgo elevado de exclusión social. Con las tensiones que ello implicaría, además de las dificultades de cobrar dichos pagos, teniendo en cuenta que los potenciales deudores han de tener economías muy frágiles para poder llegar a percibir estos subsidios. 

Fuentes consultadas del Ministerio de Inclusión han explicado que esta misma semana han puesto en marcha el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha desarrollado un protocolo adicional con el que traslada directamente la información de toda prestación concedida a una unidad de convivencia. Así las comunidades autónomas pueden consultar dicha base de datos de manera colectiva (no expediente por expediente como funcionaba hasta ahora) para ajustar las cuantías de sus propias prestaciones. "Desde el INSS se han puesto en contacto con todas las comunidades autónomas para que puedan utilizar este protocolo", han explicado fuentes del ministerio. 

Escasa cooperación entre Gobierno y Generalitat

La actual relación entre la Generalitat y el Gobierno no se ha caracterizado durante la actual pandemia por la cooperación. A la falta de entendimiento en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que puede acabar pagandola los beneficiarios de las rentas mínimas, se suman episodios como el cobro de los ertes. La avalancha de expedientes se tradujo posteriormente en problemas generalizados en el cobro por parte de los trabajadores del cobro de prestaciones. La Generalitat ofreció al Ministerio de Trabajo a los funcionarios del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) para ayudar a tramitar las solicitudes; pues estas son de su competencia (vía SEPE). Un ofrecimiento que desde el Gobierno central rechazaron.