El 75% de las sentencias por defraudar a Hacienda son condenatorias

Tres de cada cuatro acusados de un delito de fraude a Hacienda en Barcelona son condenados, según los datos del servicio de delitos económicos de la fiscalía provincial. Este 73% de sentencias (en el 2019, 78) que considera culpable a la persona no paga impuestos permitió a la Agencia Tributaria recaudar el año pasado 51 millones de euros, de los que 23,5 millones corresponden a fallo de conformidad (32% de las resoluciones condenatorias), tras un acuerdo previo entre la fiscalía y la defensa, precisó este lunes la coordinadora de esta área, Carmen Martín Aragón.

La mayoría de los delitos que persigue la fiscalía de económicos se inician tras la comunicación por parte de la Agencia Tributaria de la posible comisión de un delito por la defraudación de los impuestos del IVA y de sociedades y en los últimos se han disparado el número de casos de infracciones penales por el impago del impuesto sobre la renta, IRPF. Este incremento se ha producido por la creación en Hacienda de un departamento de grandes contribuyentes. En estos supuestos, se ha constado la utilización de empresas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para eludir el desembolso de impuestos. El Código Penal establece hasta seis años de prisión por cada delito cometido y que pueden ser varios.

Estos contundentes castigos abren la posibilidad de que la fiscalía y los acusados puedan llegar a un acuerdo para evitar el juicio y, por lo tanto, penas que comportaría el ingreso en la cárcel del defraudador. Pero para ello, el imputado, de entrada, debe saldar su deuda a Hacienda, más los intereses legales que correspondan, y reconocer la comisión de un delito. “La Fiscalía de Barcelona es muy sensible a la hora de conseguir conformidades”, explica Carmen Martín, siempre “dentro del cuerpo normativo”. El desembolso de la cuota defraudada supone, por ejemplo, la aplicación de la atenuante de reparación del daño.

Suspensión de juicios

En el 2019, el servicio de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona incoó 52 diligencias de investigación (en el 2018 fueron 46). Muy pocos de ellos se archivaron. La mayoría acabaron en querella ante el juez. El año pasado se celebraron 244 juicios. Un dato significativo es que el 59% de las vistas se suspenden y se aplazan, un porcentaje que se considera importante. Los motivos: variados, desde un problema de competencia (si el juicio debe celebrarse en un juicio penal o en la Audiencia Provincial), la incomparecencia de algunos de los acusados o que a los abogados le coincide la vista con otro juicio. Este es un sector muy especializado y son un grupo de letrados los que normalmente llevan la mayoría de los pleitos por delitos económicos.