Las cámaras de Torra

Aún hay quienes no salen de su asombro --incluidos miembros del Govern-- después de que el ‘president’ Quim Torra anunciara el martes 2,5 millones para las cámaras de comercio catalanas y un decreto ley que consagrará y blindará su financiación comn dinero público.

Lo que comenzó como la amenaza de una nueva ley que unió y desató las iras de la dos grandes patronales castalanas, Foment del Treball y Pimec en la etapa precovid-19, se ha convertido en la fase poscovid en un decreto ley que se apobará «a finales de este mes», según fuentes del Govern.

Jurídicamente, uno de los aspectos más débiles de esta iniciativa es que «no hay ninguna urgencia» que justifique usar el decreto ley. Es lo que piensa Manuel Silva, el abogado que redactó el informe contrario al primer texto que pretendía aprobar el Govern antes del estado de alarma. A su juicio, además, no solo se incumple el precepto constitucional de la «urgencia y necesidad» sino aspectos del Estatut y de la ley del Govern.

El proyecto de decreto prevé en el apartado 7.1 que los presupuestos de la Generalitat deberán «consignar una partida presupuestaria específica destinada a financiar la prestación básica de servicios de las cámaras a las empresas».

A su vez la suma será de «carácter plurianual» y se distribuirá en función «del peso económico de cada demarcación cameral». Esto beneficia a la Cambra de Barcelona, la mayor de todas, presidida por Joan Canadell en nombre del movimiento independentista que controla la entidad. Su sintonía con Torra y con el ‘expresident’ Carles Puigdemont es notoria.

Ofensiva legal

En resumen, a juicio de las patronales, que están preparando su ofensiva legal, después de que se suprimiera el recurso cameral permanente en el 2010, que era obligatorio para empresas y autónomos, Torra «hace ahora que sean todos los contribuyentes catalanes los que financien estas organizaciones».

Y además permite a las cámaras que sigan teniendo otras vías de financiación alternativas. Por ejemplo la tasa de certificado de origen que pagan las empresas exportadoras y que algunas consideran «una máquina de hacer dinero para las cámaras». En todo caso la financiación pública ya se aplica al menos en dos autonomías: Canarias y Castilla y León, pero carece de la connotaciones políticas del caso catalán. 

Del extinto recurso cameral, que era obligatorio para las empresas, se pasa a que sean todos los contribuyentes los que financien estas entidades

El otro de los aspectos que para Torra merece tramitarse con urgencia es la representatividad. Este punto ya mereció hace meses el reproche de Foment y Pimec, que ven amenazado el papel que les otorga el ordenamiento jurídico. Al margen del tradicional rol de defensa de los intereses del comercio y la industria que se otorga a las cámaras, en el texto se habla de representación «empresarial», con un carácter más general y universal.

Una vez que se apruebe por el Govern el texto deberá ser ratificado por el Parlament. Fuentes del Ejecutivo dudan de que salg   adelante. Entonces, la pregunta que se hacen muchos es  ¿por qué se blande esta norma que encaja con la estrategia secesionista de ir copando el máximo de entidades sociales y económicas? Y algunos responden: la política de los gestos que caracteriza a Torra, como un legado antes de unas elecciones. 

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