25 oct 2020

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consejo de ministros

Aprobado un plan para evitar el colapso de los juzgados laborales

El Ejecutivo reforzara los juzgados de los social y mercantiles para que puedan hacer frente a las demandas relacionadas con el mercado laboral

Max Jiménez Botías

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.

El Gobierno ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes un plan de choque para evitar el colapso de los juzgados por las demandas laborales, según ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El plan, que básicamente consistirá en el refuero de los juzgados de lo social y los mercantiles, se pondrá en marcha a partir del 1 septiembre  y hasta el 31 de diciembre. "Pretendemos un mayor dinamización de esos juzgados", ha comentado Campo en la rueda de prensa tras el consejo .

Campo ha comentado que se crearán unidades para controlar lo que se estará haciendo en los juzgados con el CGPJ. El plan, en el que tomarán parte 12 comunidades autónomas, busca acelerar la resolución de casos en los juzgados, que quedaron prácticamente paralizados durante el estado de alarma y que esperan ahora un alud de procesos derivados de la crisis sanitaria y de sus repercusiones económicas.

La primera fase de su desarrollo, fechada entre el 1 de septiembre y finales de año y dotada con alrededor de 6,9 millones de euros, se centrará en las áreas más afectadas: la jurisdicción social, donde llegarán los pleitos laborales por despidos o erte, y los juzgados de lo mercantil. La jurisdicción contencioso-administrativa se reforzará en 2021, ya que los recursos contra sanciones o denegaciones de ayudas, por ejemplo, deben agotar primero la vía administrativa y tardarán en llegar a los juzgados. Esta segunda fase del plan está dotada de 43,7 millones de euros.

Campo ha hecho hincapié en que se trata de un "plan de actuación por objetivos", ya que marca el número de resoluciones que deben dictarse cada mes en cada órgano reforzado, y ha subrayado que de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial se crean unidades para controlar cada quince días el funcionamiento del plan y medir los resultados.

Este mecanismo, en el que han colaborado también las 12 comunidades autónomas con competencias en Justicia, busca convertir a esta administración en un elemento "dinamizador de la economía", ha apuntado Campo para recordar, como ejemplo, que en estos momentos hay 5.000 millones de euros paralizados en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, donde se depositan, por ejemplo, fianzas o incautaciones.

De acuerdo con los detalles del plan presentado por el Ministerio, el 64 % de los órganos de lo social y el 84 % de los órganos mercantiles contarán con medidas de "autorrefuerzo", con la fijación de un programa de objetivos para los jueces y el personal del juzgado que percibirán una retribución extraordinaria si los alcanzan. Los refuerzos con personal externo beneficiarán a 49 juzgados y se prevé también la creación de 21 nuevos órganos judiciales, ocho mercantiles y trece en la jurisdicción social.

Campo ha recordado que esta medida se enmarca en un proyecto más amplio de modernización de la Justicia y que incluye también una ley de agilización de la justicia sostenible, una norma consensuada por el sector con la que su departamento quiere dotar a la administración de la efectividad que marca la Constitución.

Moratoria hipotecaria

El _consejo  también ha aprobado la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del covid-19 para ayudar a las personas más vulnerables, como la moratoria de hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago de suministros básicos. Se trata de varias medidas que figuraban en el denominado 'escudo social' puesto en marcha por el Ejecutivo durante la fase más aguda de la pandemia para aliviar el impacto económico en la población más vulnerable y cuya vigencia finalizaba un mes des del estado de alarma. "Se trata de dar cobertura a los ciudadanos que más sufren por razones económicas los efectos del covid-19", ha comentado Pablo iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, al comentar las medidas tras el Consejo de Ministros.  "Hemos construido un escudo social sin precedentes en este país. Y hay que seguir protegiendo a los más vulnerables y no dejar a nadie atrás", ha comentado.

 Hasta el momento más de 200.000 personas se han beneficiado de esta medida impulsada por el Ejecutivo, que evita tener que pagar el grueso de la cuota hipotecaria durante al menos tres meses, según ha destacado en la rueda de prensa posterior el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Esto supone el 83 % de las solicitudes de esta moratoria hipotecaria, diseñada tanto para primera vivienda como para los locales en los que trabajan los autónomos, y a la que se pueden acoger quienes han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o han visto caer de forma significativa sus ingresos.

Moratoria para créditos

Con la prórroga aprobada esta medida se podrá solicitar ahora hasta el 29 de septiembre y lo mismo sucede con la moratoria para créditos al consumo, otra iniciativa impulsada por el Ejecutivo para que los más afectados por la crisis vean aliviada su carga financiera.

Los bancos han concedido más de 364.000 solicitudes de moratorias de consumo siguiendo los criterios fijados por el Gobierno, el 85 % de las presentadas por sus clientes, que igualmente ahora tendrán hasta finales de septiembre para pedir tres meses de alivio.

El Gobierno ha aprobado también regular una series de especialidades del derecho de superficie o concesión demanial (afectados para el uso y servicio público) destinada en exclusiva a la promoción de vivienda de alquiler asequible. Esa medida que se incluye en un real decreto implica, según ha explicad el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la eliminación del canon en la cesión de suelo público, de hasta 75 años, para que los promotores privados puedan llevar a cabo vivienda de alquiler asequible.

Plan para el transporte

El Gobierno ha aprobado también  un paquete de medidas de apoyo al sector del transporte por importe superior a los 1.770 millones de euros, de los cuales 1.000 millones se destinarán a aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe para compensar la caída de la demanda ferroviaria por el coronavirus. Según ha explicado Ábalos, 663 millones de euros, cuantía que incluye la reducción de tasas portuarias, irán a parar a empresas privadas del sector, mientras que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) recibirá 110 millones para atender sus compromisos de obras públicas.

Este real decreto, al que ha calificado de "denso", busca proteger la salud de trabajadores y viajeros, proporcionar liquidez a las empresas de este sector para asegurar su viabilidad, así como reducir las cargas administrativas, "simplificando los procedimientos y trámites, y agilizando el transporte de viajeros y mercancías".