CONSULTA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El TC declara inconstitucional el pago fraccionado mínimo en Sociedades de Montoro

El Constitucional considera que el real decreto ley excedió su límite material para una reforma tributaria

El pago a cuenta del 23% existe en la actualidad pero obedece a una nueva regulación, por ley

La sede del Tribunal Constitucional.

La sede del Tribunal Constitucional. / Efe / Juanjo Martín

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Ángeles Vázquez / Rosa María Sánchez

El pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado inconstitucional la regulación de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades aprobada en 2016 por el ministro Cristóbal Montoro. En aquel real decreto el Gobierno estableció un pago fraccionado mínimo del 23% a cuenta del impuesto de sociedades para las empresas más grandes (con una facturación superior a 10 millones de euros) con el fin de lograr adelantar a Hacienda unos 8.000 millones de euros antes de acabar el año.

El alto tribunal ha hecho suya la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra esta medida del Gobierno del PP. Con aquella medida, el Gobierno buscaba adelantar ingresos fiscales y esquivar así la amenaza de una multa de la Unión Europea, de hasta 5.500 millones, por desviación del déficit público. 

Aunque la sentencia se conocerá en su integridad en los próximos días, el Constitucional ha declarado inconstitucional el real decreto ley 2/2016 de 30 de septiembre por el que el Gobierno estableció la figura del pago fraccionado mínimo, que quedó fijado en un 23% sobre el resultado contable para empresas con una facturación superior a 10 millones de euros.

Idas y venidas

En realidad, la figura del pago fraccionado mínimo ya había existido anterioridad. La impulsó el propio ministro Montoro en el año 2013, a través de una ley, para los ejercicios 2014 y 2015. Allí se estableció un pago fraccionado mínimo del 12% sobre el resultado contable para empresas con facturación superior a 20 millones. Eran años de elevados déficits públicos y el Gobierno de Mariano Rajoy vio en esta  medida una solución para obtener liquidez.

Después, el mismo Gobierno eliminó el pago anticipado mínimo con efectos desde el 2016 con el fin de conceder a las empresas un alivio fiscal. Pero la recaudación por Sociedades se desplomó (llegó a caer el  85% en los siete primeros meses del 2016) el mismo año en el que la UE abrió un duro expediente sancionador contra España. Y Montoro se vio forzado a recuperar el pago fraccionado mínimo y a endurecerlo, con un porcentaje mayor (del 23%) y para un mayor número de empresas (las alrededor de 9.000 compañías con una facturación superior a 10 millones de euros). El problema es que esta decisión se hizo esta vez no se hizo por ley, sino por decreto ley, y eso es lo que ahora ha sido declarado inconstitucional por el alto tribunal.

Lo cierto es que el propio Gobierno de Rajoy, consciente tal vez del problema de legalidad, optó por incorporar la figura del pago adelantado mínimo del 23% en la Ley del Impuesto de Sociedades a través de una disposición Ley de Presupuestos del Estado del 2018. Es decir, ese pago a cuenta está en vigor en la actualidad, pero ya no proviene de un decreto ley, sino de una ley, explica Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas. De ahí que las consecuencias prácticas de la sentencia, previsiblemente, serán muy escasas. Lo adelantado de más en el 2016 y el 2017 dio lugar a devoluciones posteriores. A lo sumo cabría pensar en la posibilidad de reclamar intereses de demora por el tiempo en que se adelantaron de más aquellas cantidades en los años 2016 y 2017, cuyas declaraciones aún no están prescritas, sugiere Del Amo. Pero para ello habrá que esperar a conocer el contenido exacto de la sentencia del Constitucional. 

Ámbito del real decreto-ley

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Juan Antonio Xiol, aborda, en primer lugar, la posible vulneración de los límites materiales del real decreto-ley a través del que se produjo la modificación. La Audiencia Nacional planteaba la vulneración del artículo 86.1 de la Constitución, ya que un decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, entre los que se encuentra el "deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos".

Con la doctrina constitucional sobre los límites de los reales decretos en el ámbito tributario, la sentencia razona que por el tributo afectado, uno de los principales del sistema tributario español, y por la entidad de la modificación que se introduce en él, que alcanza a los elementos principales del pago fraccionado, se afecta al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, lo que lo convierte en inconstitucional.

No incide en la cuantía final

El alto tribunal precisa que la medida controvertida no incide en la cuantía final del impuesto, sino que se refiere a un pago a cuenta. Es decir, lo que se adelanta de más da lugar después a una devolución.  Pero el tribunal enfatiza que afecta de forma sustancial a su cuantificación y lo hace respecto de las empresas de mayor tamaño que, aunque relativamente pocas en número, son las que aportan más de la mitad de la recaudación del impuesto.

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Aunque la cuestión de inconstitucionalidad de la Audiencia también planteaba la posible vulneración del principio de capacidad económica, el tribunal no aborda esta tacha, al entender innecesario por haber estimado ya el primer motivo sobre el exceso en el uso del decreto-ley.

Como es habitual, la sentencia declara que no pueden ser susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta resolución ni las decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, ni tampoco, en este caso concreto, por exigencia del principio de seguridad jurídica, las consolidadas en vía administrativa por no haber sido impugnadas en tiempo y forma.