El Gobierno facilitará que el sector privado haga alquiler asequible

Una vía para contener o abaratar los alquileres es limitar su rentas. Otra es aumentar la oferta, que está muy por debajo de la media europea en España. El Gobierno optará por la segunda fórmula a través de los arrendamientos asequibles o sociales en colaboración con el sector privado.

Para ello prevé regular una series de especialidades del derecho de superficie o concesión demanial (afectados para el uso y servicio público) destinada en exclusiva a la promoción de vivienda de alquiler asequible, según contempla un borrador de decreto ley del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que establece numerosas medidas no solo para el sector de la vivienda sino también para el transporte, así como la mejorar de la seguridad sanitaria tanto por parte de las aerolíneas como en los aeropuertos. El texto ha de pasar aún por la comisión de subsecretarios antes de llegar al Consejo de Ministros y podría sufrir algún retoque, pero de índole técnica, según las fuentes consultadas. 

A juicio del sector, una regulación específica para este tipo de viviendas sacaría al suelo de la ecuación de costes y permitiría construir vivienda con alquileres sociales no allí donde sea más asequible sino donde se requiera.

El decreto es el envoltorio legal del plan que prepara el Ministerio para el desarrollo y rehabilitación de vivienda asequible de alquiler, que está dotado con 2.000 millones de euros y que anunció recientemente el secretario de Estado de Transportes y Mobilidad, Pedro Saura. Ese plan pretende impulsar la creación de 221.000 puestos de empleo, según las previsiones del propio Gobierno.

Vivienda prevé una inversión de 2.000 millones para los próximos dos años en lo que denomina 'Plan de rehabilitación de viviendas' que formará parte del 'Plan de Inversiones y Reformas 2020-2022' que el Gobierno de España planteará a la Unión Europea con la intención de captar ayudas procedentes del Fondo Europeo de Reconstrucción nacido de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19. De este fondo, se espera que España pueda obtener hasta 140.000 millones de euros. Fuentes consultadas, señalan que la definición final del plan dependerá de los fondos que se obtengan.

Instrumentos de colaboración

En el ámbito de vivienda, el decreto que debe someterse a la aprobación del Consejo de Ministros prevé la creación de instrumentos de colaboración "entre las distintas administraciones públicas para ampliar el parque de viviendas en régimen de alquiler asequible o social". 

El borrador establece que "se considerará oneroso, aunque en su título de constitución no se contemple el abono de canon o precio, el derecho de superficie o concesión demanial que tenga por finalidad la promoción del alquiler asequible o social constituido como consecuencia de la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada".

Cuando se trate de proyectos en los que colaboren diferentes administraciones o entidades dependientes o vinculadas, el instrumento administrativo que se emplee para  formalizar la colaboración, que se ajustará a la normativa autonómica de vivienda y suelo, podrá tener una duración de 80 años, según el borrador.

"Viviendas de protección pública"

A su vez, de acuerdo con la normativa autonómica de aplicación de viviendas destinadas al alquiler asequible o social "podrán tener la consideración de viviendas de protección pública". Los terrenos de la Administración General del Estado o entidades vinculadas destinados a estos fines revertirán a esta "una vez extinguido el acuerdo por el vencimiento de su plazo de duración, libres de condiciones o cargas modales".

En el texto se prevé que esta actividad destinada al alquiler asequible o social se realice a través de la sociedad pública SEPES a través de un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En la exposición de motivos se justifica la regulación de esta actividad mediante un decreto ley, que requiere "urgente y extraordinaria necesidad", en que es preciso "incrementar el parque de viviendas destinadas a alquiler asequible para responder a la necesidad de amplios grupos de población que se encuentran en situación de vunerabilidad". Y esta fórmula de colaboración publico-privada es la manera de aumentar la oferta necesaria, agrega.  

La colaboración público-privada para alquiler asequible es una de las propuestas que ha articulado la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval), a través de su presidente Joan Clos, excalcalde de Barcelona. En una entrevista en este diario, Clos defendía la creación de suelo específico para este tipo de viviendas y ofrecía la participación de los agentes privados en la construcción de estos pisos. 

La fórmula lleva años llevándose a cabo en Euskadi y Navarra, las comunidades con más experiencia en esta cuestión. A diferencia de Catalunya, que "arrastra los pies" en este tema, otras comunidades han mostrado interés en desarrollar la colaboración público-privada para el alquiler asequible y social, según fuentes del sector. Es el caso de Madrid o al de la Comunitat Valenciana, o de ayuntamientos como el de Málaga, afirman las mismas fuentes.

Asval estima que el sistema de colaboración público-privada permitiría construir en toda España un mínimo de entre un millón y 1,5 millones de viviendas para arrendamientos pro debajo del precio de mercado.      

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