Los nuevos perfiles de la crisis

Los primeros días del estado de alarma ya empezaron a saltar las alertas sobre la gravedad de la crisis social que se avecinaba, y que golpeaba con especial dureza a colectivos que aún no se habían recuperado de la anterior crisis económica. “Los servicios sociales cerraron al público, y que te atendieran por teléfono era una odisea”, rememora el presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, describiendo un escenario común a todo el país. La situación se fue agravando con el paso de los días, y por las puertas de las oenegés empezaron a aparecer personas que nunca habrían imaginado tener que pedir ayuda para comer o pagar el alquiler. De golpe, habían perdido recursos, contratos, negocios o incluso redes de apoyo de amigos que estaban en la misma situación.

Trabajadores de ERTE

Las empresas se acogieron a las regulaciones temporales de plantilla para evitar el cierre prematuro, pero las ayudas establecidas por el Gobierno para estos trabajadores tardaron en llegar a causa de unos servicios de empleo colapsados. “Su situación se ha vuelto dramática”, subraya Pérez de Ayala, “porque en algunos casos estuvieron hasta tres meses sin recibir las prestaciones”. Y muestra su preocupación por que “tras el verano su situación puede empeorar dado que muchos ERTEs se convertirán en despidos”.

Fijos discontinuos que no entraron en ERTEs

Vinculados en muchos casos al sector turístico, el estado de alarma coincidió con la fecha en la que tenían que volver a trabajar. Ni los contrataron ni los incluyeron en los ERTEs, por lo que vivieron en la incertidumbre hasta que el Gobierno habilitó ayudas para ellos. Pero tardaron también en cobrar esas prestaciones, explica Pérez de Ayala, y los ahorros fueron menguando entre abril y mayo. “Hasta Semana Santa fueron días muy intensos de peticiones de ayuda, porque la situación era gravísima”, explica el responsable de Cáritas, que reprocha la “lentitud” de la respuesta institucional. “Había gente que venía pidiendo información o ayuda para pagar el alquiler y te encontrabas que tampoco tenían para comer”, corroboran desde la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla.

Familias ya empobrecidas

La crisis golpeó con más virulencia a aquellos ya empobrecidos, vinculados a la economía sumergida o actividades que se paralizaron por completo: venta ambulante, chatarra, feriantes. También a las familias monoparentales dependientes de pensiones alimenticias. “No me gusta ser pesimista, pero esta crisis ha venido para quedarse, y tanto este año como el que viene serán muy duros para muchos”.

Se trata de familias que vivían al día: se quedaron sin ingresos y tampoco encajaban en ninguna de las categorías de ayudas. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Excusión Social (EAPN) ya desmontó esa imagen de que pobre es quien pide en la calle. Existen 10 millones de personas empobrecidas en España, el 80,5% de ellos españoles, y un tercio de los adultos contaban con un empleo.

Inmigrantes

Dedicados a las labores descartadas por los españoles, como limpiadoras de hogar o cuidadoras, se encontraron de golpe sin ingresos, recursos, ni ayudas oficiales para cubrir sus necesidades básicas. Muchos vivían en habitaciones en casas compartidas que tuvieron que abandonar de la noche a la mañana, viéndose en la calle en plena alerta sanitaria. Ante el tapón de las ayudas públicas, las oenegés se convirtieron en la única red para muchos, afrontando la crisis con sus propios recursos. La Plataforma del Tercer Sector (que agrupa a muchas de estas entidades) estima en 500 millones extras los fondos que necesitará para afrontar al coste de la pandemia. “El tercer pilar del Estado del Bienestar cojea”, resume Pérez de Ayala, que reclama para los servicios sociales públicos el mismo debate en profundidad que para la sanidad o la educación.

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