Empleo
La CEOE aboga pactar antes del 15 de junio la prolongación de los ertes hasta diciembre
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
Gabriel Ubieto
Hasta el mes de diciembre, no limitado a determinados sectores y con flexibilidad para que los empresarios puedan desafectar y reafectar a los trabajadores en función de la evolución de la demanda. Este es el planteamiento que está defendiendo la CEOE en las mesas de diálogo social compartidas con el Gobierno y los sindicatos para prolongar los incentivos a los ertes más allá del 30 de junio. Y su objetivo es poder cerrar un acuerdo antes del 15 de junio, tal como ha explicado el presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, en una conferencia telemática organizada este martes por el Consejo de Economistas. Foment del Treball, por su parte, ha planteado este mismo martes reformar la figura del erte -con vistas en el medio plazo- para consolidar algunos de los actuales incentivos, tomando como referencia el modelo alemán. "Lo peor empieza ahora", ha alertado su presidente, Josep Sánchez Llibre.
La fecha para extender los ertes -en otros aspectos hay claras diferencias- es algo en lo que coinciden patronales y sindicatos. Así lo manifestó el pasado lunes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un acto en Barcelona. "No podemos estar cada mes negociando a ver qué pasa el mes que viene", ha afirmado Garamendi este martes. Y la intención de la patronal es tener cerrado dicho acuerdo antes del 15 de junio, para así permitir a las compañías planificar sus plantillas en consecuencia y no agotar el plazo para el acuerdo hasta el último día del mes. Lo que supondría cerrar el acuerdo entre la reunión programada para este miércoles o en la siguiente, que ya sería el 17 de junio. Una premura sobre la que no son tan optimistas otros actores presentes en la mesa de negociación, según fuentes consultadas.
Pues la prolongación de los incentivos a los erte pasa por una mayor dotación presupuestaria a cargo de las arcas de la Seguridad Social y el SEPE, para costear las exoneraciones de cotizaciones a los empresarios y el pago más dilatado en el tiempo de prestaciones para los trabajadores afectados. Un mayor gasto público al que se ha mostrado proclive el presidente de la CEOE, "aunque lleguemos al 120% del PIB de deuda", según ha manifestado Garamendi, pero siempre que este gasto sea "coyuntural". "La Seguridad Social se va a ahorrar muchísimo dinero" con medidas para mantener ese empleo hasta ahora protegido, ha añadido el presidente de la patronal.
La patronal ha demandado una mayor flexibilidad en la prolongación de los ertes. Garamendi ha planteado la posibilidad de afectar y desafectar a los trabajadores en expediente en función de la evolución de la demanda. Un planteamiento que no contempla las actuales condiciones que imperan hasta el 30 de junio y que supondrían desplazar parte de los costes salariales durante la transición a la reactivación económica de las empresas a la Seguridad Social.
Foment propone la vía alemana
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reiterado este mismo martes la prolongación de las medidas excepcionales para los ertes hasta el 30 de diciembre. También ha insistido en que en esta segunda renovación de este mecanismo el Gobierno debe eliminar la cláusula de salvaguarda del empleo, que obliga a las empresas que se acojan a un erte a no efectuar despidos (salvo algunos supuestos) en un plazo de seis meses desde la primera desafectación de un trabajador. El socio catalán de CEOE fue uno de los más molestos con el equipo de Garamendi tras el primer acuerdo de renovación, ya que tacharon el contenido de "insuficiente" al no incluir ya en una primera instancia ninguna de estas dos demandas.
Al margen de la renovación (o no) de los incentivos a los ertes más allá del 30 de junio, la patronal de Sánchez Llibre mira ya en el medio plazo y tiene como referente el modelo alemán. Conocido como 'Kurzarbeit' (jornada reducida o a tiempo parcial en alemán), este sistema consolidado en Alemania guarda similitudes con las condiciones excepcionalmente habilitadas por el Gobierno ante la crisis económica de la covid-19. Reduce la jornada de los trabajadores y libera parte de los costes salariales para el empleador, obliga a mantener el empleo y ocupa las horas dejadas de trabajar con cursos públicos de formación para los empleados afectados.
Según explican desde Foment, el 'Kurzabeit' ermite una reducción de jornada de entre el 30% y el 100%, de un mínimo del 10% de la plantilla y durante un periodo de máximo un año. Durante el cual el Gobierno le paga al trabajador afectado dos tercios de la parte proporcional del salario que se le ha quedado reducido. Es decir, si tiene una reducción de jornada del 30%, el Estado le paga dos tercios de ese 30% del sueldo que ha dejado de percibir. La prestación no le descuenta derecho futuro a desempleo al trabajador y obliga a la empresa a mantener el empleo mientras dure la reducción de la jornada. Un elemento que desde Foment rechazan. Y para recurrir al mismo la empresa debe consensuarlo con la representación legal de los trabajadores. Es decir, no puede imponerlo unilateralmente.
Desde Foment están estudiando los pormenores de esta medida y su posible traslación al ordenamiento jurídico español y esperan poder debatirla en el seno de la CEOE próximamente. En su opinión, sería un mecanismo puente eficaz para aquellas empresas que, pese a haber vuelto o volver a la actividad en los próximos meses, tardaran más tiempo en recuperar las horas de trabajo y la facturación que tenían antes de la irrupción de la pandemia. Organismos internacionales como la OIT estiman que los países del sur de Europa perderán de media el 17,3% de horas trabajadas durante els segundo semestre del 2019.
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