'CASO POPULAR'

El juez pospone a septiembre u octubre a los banqueros testigos del 'caso Popular 'por el covid

El magistrado ha fijado para el 8 de octubre la declaración de Ana Botín

De Guindos lo hará el 17 de septiembre por videoconferencia

Ana Botín, presidenta del Banco de Santander.

Ana Botín, presidenta del Banco de Santander.

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Ángeles Vázquez

Estaba previsto que la flor y nata de la economía española en los últimos años desfilará este pasado mes de mayo por la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga la adquisición por el Banco Santander por un euro del Popular, tras la resolución de esta entidad, en 2017, pero el covid le ha dado la vuelta a todo. El juez que investiga el 'caso Popular', José Luis Calama, ha decidido posponer todas esas declaraciones previstas a la vuelta del verano, entre mediados de septiembre y de octubre.

El 8 de octubre será cuando comparezaca la presidenta del mayor banco español, Ana Botín, que estaba previsto que lo hiciera el pasado 28 de mayo. Quien presidía el Popular, Rodrigo Echenique, cuando la entidad fue adquirida por el banco cántabro, lo hará el 15 de octubre y cerrará este ciclo testifical. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, en cambio, será el primero, al haber sido citado el 17 de septiembre.

La comparecencia de Luis de Guindos prevista para el 2 de abril se realizará el 30 de septiembre por videoconferencia, como estaba previsto antes del covid ante las objeciones puestas por el actual vicepresidente del Banco Central Europeo para venir a la Audiencia Nacional. El magistrado decidió finalmente que quien fue ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España entre 2016 y 2018 responda por vídeoconferencia a sus preguntas y las que le formulen Anticorrupción y las partes personadas.

Ya instruido

El magistrado comenzó la investigación tomando declaración a los imputados, entre ellos, los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho

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El juez Calama investiga la ampliación de capital por 2.505 millones de euros que en 2016 realizó el Popular, lo que se justificó en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Su entonces presidente, Ángel Ron, calificaba de "inmejorable" su solvencia económica y patrimonial. Solo un años después se decretó la resolución de la entidad.

Las querellas contra sus responsables por supuestas irregularidades contables y falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital dieron origen al caso.