Euskadi y Navarra ya lo hacen

El Gobierno estudiará que más autonomías gestionen el ingreso mínimo vital a partir de 2021

El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, este miércoles, antes de comparecer ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados

El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, este miércoles, antes de comparecer ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados / periodico

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha abierto la puerta a acuerdos futuros con otras autonomías similares al alcanzado con Euskadi y Navarra para la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), pero ha descartado que pueda producirse ahora por la necesidad urgente de desplegar la prestación en toda España. Además, Escrivá ha vuelto a cuestionar la eficacia de algunas comunidades autónomas en poder hacerlo.

La norma, ha subrayado el ministro en la COPE, "abre la posibilidad a un arreglo posterior". "Lo que hemos priorizado, y más aún con la crisis del coronavirus, es ser lo más eficaces posibles en llegar lo más rápido al mayor numero de hogares y, desgraciadamente, las comunidades autónomas no han demostrado muchas de ellas, en los años que llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces a la hora de llegar a los hogares de este tipo", tal y como ha detallado.

Según detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno estudiará a partir de 2021 establecer convenios con comunidades para que gestionen el IMV aprobado el viernes en Consejo de Ministros, como ya sucede en los casos vasco y navarro. "Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital", recoge el texto. Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria también reclamaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez poder administrar la prestación.

El titular de Inclusión ha defendido el acuerdo con el PNV al existir "haciendas forales con sus propios impuestos y definiciones de parimonio que hace que sea mucho más fácil". Por ello, ha justificado que, "después de meses de estar discutiendo", se haya alcanzado un acuerdo que "todavía hay que firmar". Por último, ha recordado que País Vasco y Navarra tienen en la actualidad rentas mínimas "mucho más sofisticadas" que otros territorios.

Críticas del PP

Desde la oposición, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha criticado a Sánchez por hacer distingos entre "españoles de primera y de segunda". "Estas negociaciones son impropias de un gobierno serio. Resulta que según estas negociaciones lo que se ha hecho son concesiones a unas comunidades autónomas en detrimento de otras", ha lamentado Olano, que ha asegurado que el PP "no puede estar en esto", insistiendo en el 'no' a la prórroga.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido de que, hasta ahora, el PNV ha sido "el único que se ha preocupado" sobre la aprobación del IMV y, por ello, ha criticado que, cuando su partido "pelea cosas y las consigue, entonces es cuando se acuerdan los demás y dicen 'yo también'". "Es un tanto infantil ese criterio", ha opinado en RNE.

La factura de la medida

El IMV garantizará a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes), aunque la cuantía dependerá del número de miembros de la familia, con lo que partirá de 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas.

El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.