Entrevista

Josep González (Pimec): "Una moratoria fiscal sería mejor para dar liquidez"

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Agustí Sala

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Josep González (Llimiana, 1945) está preocupado por la supervivencia de muchos autónomos y pymes, azotados por los efectos de la pandemia. Una encuesta de su organización revela que el 20% cerrarán, según explicó el viernes en una comparecencia telemática en la comisión de industria del Congreso.   

-Usted ha sido muy crítico con los créditos del ICO ¿No funciona la fórmula?

Ahora está funcionando. El atasco inicial se ha ido normalizando. Al inicio, las cantidades se asignaban, pero no se abonaban en cuenta hasta unos 15 días o más, pero los bancos han ido digiriendo las peticiones y son más ágiles haciendo operaciones. Ha mejorado.

-¿Salen caros?

- Los intereses están bastante estables, en torno al 2%, con algunas puntas. En todo caso, cuanto más pequeños y peor está la empresa, más se paga, pero eso siempre ha pasado.

-Una encuesta que hizo Pimec afirmaba que en muchos casos los bancos aprovechan para reestructurar compromisos ya existentes... 

-Se hacen operaciones con ventajas de mayor vencimiento. Sucede en en el 36% de las operaciones. Muchos bancos lo que hacen es cancelar las pólizas de crédito que ya tenían y alargar vencimientos. Pero esto no es mejorar la liquidez de las empresas, si no alargar los plazos de devolución. Eso no te da liquidez o no la aumenta todo lo que debería, que era el espíritu de los créditos ICO.

-Pero denunciaron otras prácticas, como exigir la suscripción de otros productos... 

-Eso se ha reducido. Inicialmente pasó que imponían contratar seguros y otros productos, pero hubo quejas y videos virales que crearon mucha sensibilidad. Pimec también lo denunció. En todo caso hay entidades que lo hacen y otras que no. No todas han hecho lo mismo.

"Muchos bancos lo que hacen es cancelar las pólizas de crédito que ya tenían y alargar vencimientos. Esto no es mejorar la liquidez de las empresas"

-¿Habría habido otros mecanismos mejores para inyectar liquidez? 

-Sin quitar importancia a los 100.000 millones previstos en avales, hubiéramos querido que funcionara mejor la condonación y la moratoria en el pago de impuestos. Condonación se ha hecho poca y moratoria, a cuentagotas. Ahora se ha alargado un mes más la moratoria. A nuestro juicio debería alargarse hasta octubre. Hubiera sido una vía mejor de inyectar liquidez.

-¿Desecha, por tanto, la fórmula de los avales?

-No. Inyecta liquidez pero también genera deuda. En todo caso ha sido una medida importante. El Gobierno, a diferencia de la crisis del 2008, que fue financiera, ha aprovechado que la banca tenía dinero y necesidad de prestarlo. Al Gobierno le ha ido bien porque no tiene otra vía al carecer de fondos y, por tanto, a la vez limita su capacidad de negociación con la banca, intuyo.

-¿Se están produciendo ya fallidos en empresas? 

-Conocemos casos de pequeños negocios o autónomos que han optado por no pedir estos créditos porque no quieren endeudarse por la fragilidad que atraviesan y piensan en cerrar. Suponemos que habrá suspensiones de pagos pero aún no parece que estemos en un momento de muchos casos. Los créditos sirven para parar el golpe, pero luego habrá que hacer algo más.

-¿Bastará con 100.000 millones? 

-Ya se han concedido 80.000,  de los que 60.000 han ido a pymes. Eso se ha hecho bien, también porque las grandes empresas no han pedido tanto, pero quedan solo 20.000 millones. En la medida que no se reactive la economía con cierta rapidez, vienen las pagas extras, vacaciones y el fatídico septiembre, podría ser que se tuviera que prolongar. Si con 100.000 millones será suficiente es un interrogante.

-¿Hay otras vías para la liquidez?

-Mandamos propuestas al presidente Sánchez y a la vicepresidenta Nadia Calviño explicando lo que se podría hacer para la liquidez. Una fórmula sería desbloquear los 12.000 millones que tienen los ayuntamientos en cuentas bancarias, con lo que podrían hacer acción social y ayudar a las empresas. Esto parece que se hará.

--¿También propusieron que administraciones y grandes empresas pagaran en el plazo legal no?

-Hay mucho hermetismo sobre la propuesta de que las administraciones públicas y las grandes empresas, sobretodo las del Ibex, pagaran en los plazos legales. El sector privado está en unos 79 días cuando debería estar en 60. Pero dentro de este, hay muchas empresas del Ibex pagan a 180. Si pagaran a 60 días como dice la ley y la administración, que está en 69, pagara en los 30 legales, eso representarían unos 130.000 millones, muchos más que la línea de ICO. Eso sí sería inyectar en las venas de las empresas liquidez que no han de devolver.

"El 42% de las pymes industriales se plantean despidos, según una encuesta"

-¿Hay más mecanismos?

-Otro planteamiento que hicimos es para las empresas que exportan. Sea trimestral o mensualmente, depende del sistema que tengan, tienen IVA a recuperar. Lo pagan al comprar pero no lo cargan al vender Tiene un un IVA pagado pero no cobrado y Hacienda les tiene que devolver. En España se reserva seis meses para hacerlo cuando en en la mayoría de países no pasan de tres. Todo eso las empresas lo tienen que financiar. Pedimos acortar el plazo, que sería otra inyección de dinero.

-¿Cuál es el estado de las pymes a los más de dos meses de estado de alarma?

- Va por sectores. El logístico está mejorando las ventas en mayo, el del metal también, crecen más las reservas de lo esperado en turismo...

-Pero hay efectos perversos no?

-Calculamos que un 20% de nuestros autónomos y pequeñas empresas cerrarán. Entre las pymes industriales, se lo plantean un 8,6%, dentro del 20% global. Cuando las empresas están mal de tesorería y muchas veces han de hacer de financiadores de las grandes, su capacidad de resistencia es muy baja. Hay muchos restaurantes que no han podido abrir aún. Los hay que cerrarán. O autónomos. Están muy débiles. No tienen una capacidad de aguante. Y las pymes industriales que se han planteado despidos son un 42%, según nuestra encuesta.

-¿Ha funcionado el mecanismo de los ertes?

-Es un volumen difícil de digerir, pero los trámites administrativos funcionaron rápido, se han rechazado pocos, pero sabíamos que los pagos no serían tan fáciles. Aún hay gente que no ha cobrado.

-¿Le parece correcto el proceso de desescalada?

-Creo que hay un exceso de miedo en la desescalada. Y no querría que se confundiera como una especie de frivolidad mía de que no hay que hacer las cosas seguras. Creo que se tendría que avanzar un poco más porque desde Pimec decimos desde el primer día que hay que equilibrar la necesaria seguridad sanitaria y la mínima pérdida económica. Y aquí alguna cosa más podríamos hacer, por ejemplo en el turismo.

-¿Cómo valora el acuerdo del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para una derogación integral de la reforma laboral, aunque luego fue matizado?

-Inadmisible. Fue una manera de hacer las cosas muy descontrolada, no es el momento de hacerlo, . Es una estrategia política muy confusa. Fue muy lamentable y preocupante. Nos convendría un Gobierno fuerte.

-Pero estarían abiertos a negociar cambios en la reforma laboral?

-La reforma laboral quedó como maldecida. Se habló mucho de anularla. Eso forma parte de la mala praxis, como con la enseñanza, que se reforma la ley cada vez que cambia el gobierno. Debería ser una ley consensuada a medio y largo plazo. Eso se hizo en Catalunya, pero en España no. Con la reforma laboral me temo que pasa lo mismo.

-Pero, ¿se puede cambiar?

-Mejorarla también es posible, no hace falta anularla. Pedro Sánchez dijo que había tres temas: uno la acumualación de bajas, que ya se ha cumplido y otros dos: la ultractividad de los convenios y la tercera, la prioridad de los convenios de sector sobre los de empresa. Es perfectamente discutible, pero anularla significa volver a una rigidez brutal en cuanto a operativas como los eres y costes de indemnización que serían nefastos para la competitividad de España.

-¿Hay otros aspectos?

-En esta reforma quedó la inseguridad interpretativa de los magistrados en cada expediente que se presenta. Nunca sabes si te lo aprobarán o no por muy bien presentado que esté y eso causa gran inseguridad jurídica. Tras la crisis del 2008 se incluyó un aspecto que permitía acordar rebajas salariales si a cambio había un compromiso de no despedir. Fue una medida muy importante a nivel social. Existen pros y contras que lo mejor sería llevarlos a una mesa de discusión para negociarlos.

-¿Qué opinión le merece el cierre de Nissan?

-Hay preocupación por parte del Goverm, que hizo un llamamiento a ir unidos a los agentes sociales, que también lo defendimos. En esto no puede haber discrepancias. El sentimiento es no aceptar la marcha, aunque es complicado, y llevar a cabo todas las acciones posibles. Nos han pedido que vayamos todos a Madrid. Supongo que esto aparcará diferencias políticas. También se pidió que si hay otros proyectos que estos no sean de medias tintas y un plan para reactivar el sector de automóvil y componentes. Ha sido muy apretado anunciar el cierre a seis meses vista, cuando lo normal son un año o dos.