La crisis de la covid-19 hunde a las trabajadoras del hogar de la precariedad a la pobreza

La crisis de la covid-19 no ha impactado con la misma dureza sobre todo el mundo y algunos colectivos afrontan los efectos colaterales de la actual pandemia en una situación ya límite. Es el caso de las trabajadoras del hogar, tal como recoge un informe elaborado por el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE), en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y el CER Migracions de la UAB. Dicho estudio constata, entre otros, que seis de cada diez trabajadoras del hogar han tenido que gestionar la pandemia ya en riesgo de exclusión social, una tasa tres veces superior entre este colectivo que entre la media española.

El confinamiento y la pérdida de ingresos en muchos hogares tras la emergencia santiaria se ha traducido en una ola de despidos entre el gremio de trabajadoras del hogar. El 80% de las 245 trabajadoras del hogar que telefonearon al CITE entre el 14 de marzo y el 8 de mayo habían sido objeto de despido, según recoge el estudio. "Las despiden por llamada telefónica, por mensaje de ‘whatsapp’, un mensaje de -ya no vuelvas-, una de ellas cuando llegó a la puerta, el empleador ya no le pagó ni el mes, detrás de la puerta le dijo no vengas más, búscate la vida", explica la técnica del CITE encargada de la atención a las trabajadoras del hogar. "Las internas no pueden salir, a veces han sido amenazadas y chantajeadas por sus empleadores y obligadas a permanecer en el encierro para que no salgan y se contagien, les dicen: 'Si sales te echo a la calle, te quedas sin trabajo, sin donde vivir, sin poder ayudar a tu familia…'", añaden desde el CITE.

Esos despidos caen sobre un colectivo con unos márgenes de ahorro para capear impredecibles mínimo cuando no nulo. Según datos recabados por este organismo, vinculado a CCOO, a lo largo del ejercicio 2019, el salario medio de una trabajadora del hogar es de algo menos de 780 euros al mes. No obstante, seis de cada 10 entrevistadas afirma percibir unos ingresos menores, por debajo del riesgo de exclusión social. Un tasa que triplica la media española, que se sitúa entorno al 21,5% (en el 2018, según los últimos datos del INE). "Estuve trabajando todo el mes [diciembre], todas las fiestas, navidad, nochevieja, y ¿sabe cuánto me pagaron? 400 euros. ¿Y qué hago yo? Si tengo que darles a mis hijos… Lo estoy pasando muy mal, tengo una ansiedad que ni se imagina”, explica una de las mujeres entrevistadas para el estudio.

Una de cada tres solo tiene un par de zapatos

La carencia material es una de las primeras consecuencias de esos magros salarios. Cuatro de cada 10 trabajadoras del hogar entrevistadas por el CITE no pueden permitirse pagar por ropa nueva y para reemplazar las ropas viejas deben recurrir a las redes de solidaridad y apoyo del tercer sector. Una de cada tres afirma no tener más de un zapatillas para pasar todo el año. Más de una de cada tres afirma no ganar lo suficiente para poder gastar "una pequeña cantidad de dinero en si misma cada semana" y ocho de cada diez no han oído hablar de vacaciones en el último año.

El informe del CITE señala que la vivienda es una de las facturas que más quebraderos de cabeza genera entre este colectivo. Pues vivir de alquiler (o subarrendadas) es la tónica dominante entre las trabajadoras del hogar entrevistadas. Únicamente el 9% afirmó vivir en una residencia de las cual fuera propietaria. De media, las trabajadoras del hogar entrevistadas destina más del 40% de sus ingresos a pagar ese alquiler, cuando lo recomendable sería no exceder el 30%.

A los magros salarios se suma el envío recurrente de dinero a sus países de origen. Pues el 65% de las entrevistadas son hondureñas, con una media de edad de 32 años. Según los datos recabados por el CITE, siete de cada 10 encuestadas afirma enviar dinero regularmente a sus familiares. Y el montante medio ronda los 330 euros al mes, lo que representa más del 40% del salario medio. Las prestaciones, subsidios o ayudas públicas son una excepción entre un colectivo con altas tasas de irregularidad administrativa. Solo el 2% de las entrevistadas reconoce recibir algún tipo de prestación. Pues según los últimos datos de la EPA (referentes al primer trimestre del 2020), en España ejercían 576.000 trabajadoras del hogar. Y en los registros de la Seguridad Social había en abril un total de 381.557 trabajadoras dadas de alta.

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