Bruselas autoriza el plan de ayudas públicas de 1.280 millones a Correos

La Comisión Europea ha autorizado este jueves el plan de ayudas públicas por valor de 1.280 millones de euros concedido por el Gobierno español a Correos para garantizar el cumplimiento de la obligación de servicio público durante el periodo 2011-2020. Según Bruselas, la compensación concedida al mayor operador postal en España, que cuenta con más de 50.000 empleados y unos ingresos anuales de 2.000 millones de euros, es una ayuda compatible con las normas europeas sobre ayudas de estado y no ha habido sobrecompensación.

"La decisión de hoy permite a Correos continuar entregando servicios postales básicos en toda España a precios asequibles, sin distorsionar indebidamente competencia", ha celebrado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en un comunicado en el que ha recordado que un acceso fácil a los servicios postales "es vital" para todos los ciudadanos en la UE. Las autoridades españolas no notificaron hasta enero del 2020 el plan de ayudas, destinado a compensar la prestación de servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles y con ciertos requisitos mínimos de calidad, pese a que corresponde al periodo 2011-2020.

De los 1.280 millones un total de 1.219 millones ya se pagaron a Correos, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), antes de la notificación a Bruselas lo que significa que la empresa estatal española se había beneficiado de una ayuda ilegal. La dirección general de la Competencia de la Comisión abrió entonces examen para analizar el caso a la luz de las reglas sobre compensación por servicio público. Según estas normas, los Estados miembros pueden compensar a las empresas por el coste adicional de proporcionar una misión de servicio público, sujeto a ciertos criterios.

No hubo sobrecompensación

Esto les permite conceder ayudas estatales para la prestación de servicios públicos y, al mismo tiempo, garantizar que las empresas encargadas de dichos servicios no reciban una compensación excesiva ya que "evitar la sobrecompensación minimiza las distorsiones de la competencia y garantiza un uso eficiente de los recursos públicos". Según el Ejecutivo comunitario, España desarrolló un modelo detallado y completo para calcular el coste neto evitado del servicio postal universal, que ha permitido a la Comisión excluir cualquier riesgo de sobrecompensación.

Concretamente, "el modelo español garantiza que los descuentos otorgados a ciertos clientes no aumentan indebidamente el coste neto", asegura la Comisión para quien es "muy importante" que las pérdidas generadas por los descuentos en las tarifas por la obligación de servicio público no sean compensadas por el Estado, ya que no resultan de las obligaciones impuestas al proveedor del servicio universal. En este sentido, la evaluación de la Comisión ha demostrado que la compensación otorgada por España a Correos no excede el coste neto de la misión de servicio público lo que significa que no hay sobrecompensación.

En su decisión, la Comisión también rechaza una queja presentada en marzo de 2019 por dos organizaciones industriales que alegaron que Correos recibió una ayuda estatal incompatible a través de varias medidas, incluida la obligación del servicio universal. Y recoge el compromiso de las autoridades españolas de que notificarán de forma oportuna, y durante este mismo 2020, las compensaciones previstas para el período 2021-2025.

De acuerdo con la directiva postal, el mercado de servicios postales español quedó liberalizado en 2011. Desde entonces Correos, que mantiene la obligación de servicios público universal desde 1998, opera en plena competencia con otros operadores postales. En julio del 2018 Bruselas exigió a Correos la devolución de 167 millones recibidos en el período 2004-2010 debido a que había sido sobrecompensado.