28 nov 2020

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Crisis del coronavirus

Inquietud entre los afectados por erte pendientes de cobrar su prestación

Más de 310.000 trabajadores suspendidos cobrarán en los próximos días, según el Ministerio de Trabajo

Gobierno, patronal y sindicatos oficializan la extensión de los expedientes por fuerza mayor hasta el 30 de junio

Gabriel Ubieto

Trabajadores de la construcción en un andamio cerca de la Ronda de Dalt de Barceloba, ejerciendo durante la actual pandemia del coronavirus.

Trabajadores de la construcción en un andamio cerca de la Ronda de Dalt de Barceloba, ejerciendo durante la actual pandemia del coronavirus. / Ricard Cugat (El Periódico)

Centenares de miles de trabajadores afectados por un erte en España continúan a expensas de cobrar su prestación. El escudo social que ha ido desplegando el Gobierno por fases todavía no alcanza a los más de cuatro millones de personas suspendidas de empleo y sueldo a raíz de la crisis del coronavirus. Un escudo que patronalessindicatos y Ejecutivo han pactado alargar oficialmente este lunes, en el Palacio de la Moncloa, más allá del Estado de alarma y hasta el 30 de junio; manteniendo los ertes como una especie de nevera donde conservar las empresas y el empleo durante los primeros compases de la pandemia. Con gran parte de la electricidad a la cuenta del erario público.

Las oficinas públicas de empleo llevan dos meses resolviendo expedientes y tramitando prestaciones a un ritmo sin precedentes y en los próximos días un total de 311.062 personas pendientes de cobro deberían ingresar en sus cuentas bancarias los pagos del SEPE; según explican fuentes del Ministerio de Trabajo. Esas nuevas nóminas se sumarán a las 3,1 millones de prestaciones que ya está pagando el SEPE a los afectados por un erte en España. Según cifras que maneja CCOO, actualmente en España hay 4,2 millones de empleados suspendidos. "Falta mucha gente por cobrar, pero hay que reconocer que el esfuerzo del SEPE está siendo ingente", afirma la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente.

A las demoras en los reconocimientos de las prestaciones, fruto de unas oficinas de empleo saturadas y unas comunidades autónomas que autorizan expedientes a unos ritmos asimétricos, se suman todos aquellos trabajadores perjudicados por errores por parte de las empresas a la hora de facilitar los datos a las oficinas de empleo. Una cifra que fuentes del Ministerio de Trabajo, desde donde devuelven las solicitudes erróneas o incompletas, no pueden cuantificar. Según un cálculo estimativo de la Generalitat, de los más de 710.000 trabajadores afectados por un erte en lass cuatro provincias catalanas, 244.000 están todavía pendientes de cobro. Cifras que desde el Ministerio de Trabajo consideran sobredimensionadas.

Los trabajadores pendientes de cobrar su prestación van desde pequeñas empresas, como Scolarest, con actividad en Girona y dedicada a dar servicio en comedores escolares, hasta de largas plantillas. Desde el comité de empresa de Idiada explican que los casi 1.500 trabajadores de la firma en Catalunya, y un erte en vigor desde principios de abril, están a expensas de cobrar su prestación. Desde la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas Pimec expresan preocupación por aquellos casos en los que algunos trabajadores afectados sí perciben su prestación y otros no. "Cualquier caso genera mucha conflictividad", explica la directora de relaciones laborales de la entidad, Elena de la Campa. Es por ello que la representante de Pimec plantea al Gobierno que las empresas puedan concentrar y tramitar las reclamaciones y que no tengan que ser individualmente los afectados quiénes realicen dicho proceso.

Prórroga hasta el 30 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los máximos representantes de los agentes sociales ha rubricado este lunes en Moncloa un nuevo pacto para reforzar el mecanismos de los ertes. La fotografía, con la distancia de seguridad de rigor entre la plana mayor del Gobierno y los dirigentes patronales y sindicales, ha causado fricciones en el seno de la CEOEFoment del Treball, el socio catalán de la organización presidida por Antonio Garamendi, calificó de "insuficiente y perjudicial" el contenido para las empresas, según ha manifestado en un comunicado. Las condiciones para sacar progresivamente a trabajadores del erte y las contrapartes para que las empresas tengan vetado efectuar despidos en los meses venideros no satisficieron a la patronal liderada por Josep Sánchez Llibre.

El acuerdo firmado también crea una comisión que pretende negociar nuevos incentivos para prolongar los ertes, pero con un enfoque a sectores de la actividad y a territorios, según la afectación de la pandemia. Fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron que esperan poder concretar en breve nuevos acuerdos y desde los sindicatos urgen a trabajar mecanismos pactados para evitar que parte de los actuales ertes, que afectan a 4,2 millones de trabajadores, se convierten en expedientes de despido colectivo.

"Ahora es el momento de ejercer una presión conjunta hacia Europa", señala el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino. Pues es con financiación de la Unión Europea con lo que las centrales esperan poder mantener el coste que para el erario público que está suponiendo el mecanismo de los ertes.