TOQUE DE ATENCIÓN

El TJUE avisa a Alemania de que es el único competente para decidir sobre la actuación del BCE

El Tribunal de Justicia de la UE alerta de que el fallo alemán sobre el programa de compras de deuda pública del Banco Central Europeo pone en riesgo la seguridad jurídica

El presidente del TJUE, Koen Lenaerts, lee las conclusiones de la sentencia del caso de Oriol Junqueras

El presidente del TJUE, Koen Lenaerts, lee las conclusiones de la sentencia del caso de Oriol Junqueras / NATÀLIA SEGURA / ACN

Silvia Martinez

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La sentencia del Tribunal Constitucional alemán en la que cuestiona la proporcionalidad del programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE), avalado en diciembre de 2018 por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), sigue provocando reacciones en la Unión Europea. Este viernes se ha pronunciado la máxima corte europea que ha advertido al Constitucional alemán de que el TJUE es “el único competente” para pronunciarse sobre la legalidad de actos que afectan al derecho de la unión.

Aunque no es habitual que el TJUE se pronuncie sobre sentencias de un órgano jurisdiccional nacional, y así lo subrayan en un breve comunicado emitido este viernes, en esta ocasión el alto tribunal europeo ha optado por hacer una excepción ante la avalancha de preguntas recibidas en los últimos días. “Con el fin de garantizar una aplicación uniforme del derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, creado a tal fin por los Estados miembros, es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión”, advierte la corte en una breve nota de apenas tres párrafos y en relación a una sentencia que dictamina que el programa de compras puesto en marcha en 2015, bajo el mandato del italiano Mario Draghi, excede las competencias del BCE. 

El programa en cuestión fue avalado en diciembre de 2018 por el Tribunal de Justicia de la UE en respuesta a una pregunta prejudicial planteada por la corte alemana, con sede en Kalsruhe. Entonces los jueces europeos sentenciaron que el programa en cuestión no incumplía la prohibición de financiación monetaria y que era perfectamente legal. Una legalidad que ahora cuestiona el alto tribunal alemán que ha dado además tres meses de plazo a la entidad bancaria europea que dirige Christine Lagarde para que justifique que los beneficios del programa superan los efectos negativos.

Seguridad jurídica en riesgo

Según el análisis del TJUE, este fallo, podría poner en riesgo la seguridad jurídica en la UE y la cadena de mano a la hora de resolver litigios. “Las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en cuanto a la validez de dichos actos pueden llegar a comprometer la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión y perjudicar la seguridad juridica”, señala el comunicado.

En general, y conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, prosigue la corte europea, “una sentencia dictada con carácter prejudicial” por el TJUE “vincula al juez nacional para la resolución del litigio principal” y "al igual que otras autoridades de los Estados miembros", los órganos jurisdiccionales nacionales también “están obligados a garantizar el pleno efecto del derecho de la Unión” porque “solo así puede garantizarse la igualdad de los Estados miembros en la Unión creada por ellos”. 

Cadena de mando

Se trata de un elemento que preocupa en Bruselas, tal y como apuntaba este jueves el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, porque a su juicio el fallo "cuestiona el principio hasta ahora aceptado de que en el ordenamiento jurídico europeo existe una cadena de mando, una serie de instancias de decisión que culminan en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Tanto la presidenta del BCE, Christine Lagarde, como su vicepresidente, Luis de Guindos, han dejado claro esta semana, a través de un nota de la entidad y en diversas intervenciones ante la Eurocámara y otros foros, que la entidad bancaria, con sede en Frankfurt, seguirá haciendo "todo lo que sea necesario" dentro de su mandato para salvaguardar la estabilidad de precios en la Eurozona y evitar la fragmentación de los mercados de deuda soberana.