"Muchas empresas no recuperarán al 100% de la plantilla si no se flexibilizan los ertes"

El 'conseller' de Treball, Afers Socials y Families, Chakir el Homrani, considera que ha llegado el momento de poner en marcha las políticas activas de empleo que permitan enfocar el desconfinamiento de la forma menos lesiva posible. A pesar de contar con nuevos presupuestos, el 'conseller' explica en esta entrevista que parte con cifras negativas en el despliegue de esas ayudas por la decisión del Gobierno central de cambiar el destino de recursos que estaba pactados previamente  y que limitan la capacidad del Govern para contribuir a una desescalada asumible. El Consell Executiu de la Generalitat acaba de aprobar un decreto-ley en el que se incluye un programa dotado con 59 millones de euros para fomentar el empelo y evitar, en la medida posible, que los ertes temporales se acaben convirtiendo en eres posteriormente.

--¿Qué aportan las nuevas medidas con respecto a las que ya ha aprobado la Generalitat en materia laboral y social? Están planteadas en torno a tres ejes: de qué manera damos respuesta a los trabajadores afectados por la situación; de qué manera ayudamos a autónomos y microempresas y, también, cómo apoyamos a las administraciones locales. Estas políticas activas de ocupación tendrán un papel clave en los próximos meses y años.

--¿De donde provienen los fondos? Provienen tanto de los presupuestos que ya tenemos activados, como de fondos sociales europeos, como, en una parte, de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. Pero a principios de la crisis ya supimos de la afectación de 215 millones de euros específicos para Catalunya --que iban en un paquete mayor, de 2.500 millones--, que el Gobierno central tomó la decisión unilateral de traspasarlos a políticas pasivas . Es una suspensión temporal, pero seguimos a la espera de que vuelvan a convocar la Conferencia, porque serán importantes para poder desarrollar políticas de ocupación. Hacerlo ahora con 215 millones negativos es complejo.

¿De qué presupuesto dispone su departamento para estas políticas? Adaptándonos al recorte que se ha hecho, llegaremos a los 300 millones de euros. Tendremos que ir activando convocatorias de forma continúa. 

"En cuatro días hemos tenido 70.000 solicitudes de la ayuda de 200 euros a personas en situación de erte"

¿Las ayudas que aprueba la Generalitat intentan cubrir los agujeros que deja el Estado con las suyas? La semana pasada presentamos la ayuda única de 200 euros para trabajadores afectados por ertes, autónomos y trabajadores discontinuos o temporales que se han quedado sin contrato. La voluntad de la ayuda es cubrir temporalmente la falta de ingresos. El dato más significativo que muestra la necesidad de esta ayuda es que  abrimos el formulario de solicitud el jueves y el domingo ya teníamos más de 70.000 solicitudes cuando es una ayuda que debe afectar a 100.000 unidades familiares. Y el 57% de los solicitantes son trabajadores afectados por ertes.

--Entre las ayudas aprobadas incluyen créditos del ICF, ¿son comparables a los del ICO? Sí. Y tienen un sentido especial, porque necesitamos generar líneas específicas para una economía que tiene un valor aparte. Por eso hemos movilizado 14 millones de euros en préstamos para la economía social, el cooperativismo y el tercer sector.

¿Será más fácil acceder a estas líneas que a las del ICO? No tiene que haber ninguna dificultad. Pero hay que evitar lo que han denunciado muchas pequeñas empresas de las líneas ICO, que es que las obligan a contratar productos accesorios que no están dentro de las líneas del ICO. Y aquí hay que pedir más rigor a las entidades financieras, porque no tiene sentido que se aprueben líneas de financiación que son necesarias para asegurar la cadena de pago y a la vez se coloque otros productos para hacer negocio. Eso no es razonable.

"Con las ayudas del ICF hay que evitar que ocurra lo mismo que con los créditos del ICO. Hay que pedir rigor a las entidades financieras"

¿Considera que la aplicación de las líneas del ICO como el pago de los ertes se han realizado de la mejor manera posible? Hay quejas de los agentes sociales. Una es que las líneas de financiación no están entrando todo lo necesario y hay dificultades para acceder. Con respeto a los expedientes de regulación, hay dos preocupaciones: la primera es el cuello de botella para que los trabajadores afectados puedan ejercer sus derechos. En la nómina del 10 de abril entraron muy pocos trabajadores. Tenemos muchas personas cuyo último ingreso corresponde a las semanas del mes de marzo que trabajaron, Se han tomado buenas decisiones, pero se han tomado tarde. 

--¿Qué se ha hecho mal? La flexibilización del pago de nóminas se tenía que haber adoptado antes y la agilización de entrada de datos para que el SEPES pudiera pagar el dinero se tenía que haber adelantado. Ahora estamos pagando este retraso. La otra gran preocupación es qué pista de aterrizaje le damos a los ertes por causa de fuerza mayor. O somos capaces de dar una solución o habrá muchas empresas que no podrán reincorporar al 100% de su plantilla el 100% de la jornada cuando finalice el estado de alarma. 

--El Gobierno ha apuntado que si no se prorroga el estado de alarma puede que tampoco se prorroguen los ertes por causa de fuerza mayor, ¿Qué opina? La gestión que se ha realizado por parte del Gobierno del estado de alarma no caracterizado por las colaboración y la corresponsabilidad. Ha estados más en consonancia con el ordeno y mando. No podemos caer en la trampa de pensar que o hay estado de alarma o no hay otros mecanismo para gestionar la crisis. Y no me gusta que al final la amenaza sea que sin estado de alarma no se puede nacer nada. Tienen que ser capaz de encontrar alternativas.

"No podemos caer en la trampa de pensar que hay estado de alarma o no hay otros mecanismos para gestionar la crisis"

--¿Habría que prorrogarlo? Habría que prolongarlo si hubiera un cambio de actitud por parte del Gobierno. No puede ser que ahora se hable de estado de alarma o caos. El estado de alarma tiene que estar bien acordado, pero tiene que haber cooperación, colaboración. A lo mejor sería un buen inicio establecer el estado de alarma en algunos ámbitos, mientras que en otros comencemos a trabajar desde otra perspectiva.

--Cual será el panorama social que quede en Catalunya al final de la desescalada? Estamos ante un escenario de un crecimiento del paro muy elevado. Pero no podremos concretarlo hasta que no veamos cómo los 700.000 trabajadores afectados por ertes retornan a la actividad. Y cuántos de los que vuelven son capaces de mantener la actividad. Aquí está la clave. De momento el crecimiento del paro es elevado, con datos que nos recuerdan la parte más extrema de la crisis del 2008.  

Los sindicatos piden cambio  de modelo productivo y sociosanitario porque no han funcionado. ¿Qué hay que hacer?  Hay que hacer una reflexión sobre el modelo global. Somos un país industrial y no podemos dejar de serlo.  Hemos perdido la fábrica. Todos los estados del mundo han tenido que ir a China a comprar el material sanitario. No se puede dar esa situación.

--Y en el ámbito socio sanitario? Hay que hacer una reflexión en frío sobre cómo reforzamos la atención sanitaria en todos los modelos de residencias en Europa. Y hay que ver de qué manera somos capaces de asegurar que las personas mayores pueden vivir en su casa el máximo tiempo posible. De qué manera somos capaces de generar políticas que signifiquen el envejecimiento kilómetro cero. Y eso supone reforzar servicios de atención domiciliaria. También reforzar la mirada de la comunidad, los apoyos comunitarios a las personas mayores. Hay que discutir muchos aspectos, porque las residencias no estaban diseñadas como hospitales para una situación de pandemia. 

"Hay que ver cómo podemos asegurar que las personas mayores viven en su casa el máximo tiempo posible"

--¿Estaban bien distribuidas las responsabilidad en este ámbito dentro del Govern? ¿Por qué hubo un cambio de atribuciones entre 'conselleries'? Comenzamos trabajando de forma coordinada los dos departamentos, pero hubo un momento en el que se tomó una decisión necesaria, que defiendo, y que significaba reforzar la atención sanitaria y eso significaba traspasar temporalmente la realidad residencial al ámbito de la salud. Lo que sí que tenemos que pensar es que una vez acabada esta situación, habrá que reformular el sistema. Habrá que pensar en la calidad de vida de las personas que viven en las residencias. Y habrá que situar otros elementos como que las personas acaben en una residencia en el último momento. Hay que trabajar  para reforzar la autonomías de los mayores en sus hogares.