45.000 trabajadores públicos

El Govern plantea una paga extra de 666 euros para sanitarios, bomberos y cuerpos de emergencias

Puigneró habilita un fondo de 45 millones de euros, aunque no concreta la fecha de pago

Los Bomberos de Barcelona desinfectan una residencia en Fabra i Puig

Los Bomberos de Barcelona desinfectan una residencia en Fabra i Puig / periodico

Gabriel Ubieto

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La Generalitat de Catalunya estudia abonar una paga extra de cerca de 666 euros netos (de media) a un total de 45.000 trabajadores que hayan trabajado en los servicios esenciales públicos durante la gestión del coronavirus. Sanitarios, cuerpos de emergencia o bomberos son algunos de los colectivos potencialmente beneficiarios para percibir este plus, que el Govern costeará con un fondo de 45 millones de euros y que, por el momento, no puede concretar la fecha en la que estos trabajadores percibirán el plus. Los sindicatos IAC, CCOO y UGT, han rechazado la propuesta por considerarla insuficiente, tras años de recortes de inversión en los servicios públicos.

La 'conselleria' de Polítiques Digitals i Administració Pública ha citado este jueves a los sindicatos más representativos entre la función pública catalana para trasladarles su propuesta de gratificación para los empleados de primera línea en la lucha contra el covid-19. Las intención del 'conseller' Jordi Puigneró es destinar los fondos adicionales que cada año transfiere el Gobierno para complementar los aumentos retributivos de los funcionarios a una paga extra única y focalizada a ciertos colectivos. Los fondos de los ejercicios 2019 y las del presente 2020, que entre los dos suman 30 millones en neto (según anunció el lunes Puigneró) o 45 millones en bruto (según ha hecho pública su 'conselleria' este jueves).

La paga planteada por el Govern se concretara en un complemento de productividad a cobrar este 2020 para aquellos profesionales que han trabajado de forma efectiva des del 1 de marzo hasta el 15 d’abril, ya sea presencialmente como telemáticamente; así como para los trabajadores que estuvieran de baja por covid-19. El importe final todavía no está concretado, pues si la distribución fuera igual entre esos 45.000 trabajadores dejaría un saldo de 1.000 euros brutos o 666 euros netos por trabajador. Tampoco la 'conselleria' de Polítiques Digitals puede avanzar el cuando del pago de la cuantía. Pues parte de esos fondos, los correspondientes al ejercicio del 2019, ya se comprometieron el pasado enero a ingresar en el plan de pensiones de los trabajadores públicos de la administración catalana. Será necesaria la gestión del departamento de Economia, dirigida por el republicano Pere Aragonès, para dilucidar esos detalles.

Pagas extras pendientes

Este jueves el equipo de Puigneró ha hecho llegar la propuesta a los sindicatos, que tras el primer anuncio ya se mostraron contrarios a la medida y coincidieron en tildarla de "limosna", tras años de recortes y no inversión en los servicios públicos. El Govern tiene competencias para tirar adelante esta medida sin el consenso con los representantes de los trabajadores. "Es un lavado cara. Muchos de los profesionales que atienden en hospitales públicos no son trabajadores públicos, ¿no merecen ellos este 'reconocimiento'?", ha afirmado la portavoz de la IAC Assumpta Barbens. "Esta paga ni es para todo el mundo, ni compensa una década de recortes y congelación salarial", ha declarado el responsable de CCOO, Joan Maria Sentís. "Nos han sentado a una mesa para que les dieramos nuestra aprobación, no han querido negociar nada", ha afirmado la portavoz de UGT Encarna Fernández.

Otro punto que las centrales pretenden discutir este jueves con la 'conselleria' es la concreción del calendario de retorno de las pagas extras del 2013 y el 2014 que la Generalitat adeuda a los trabajadores públicos catalanes. Este 2020 está pendiente el pago del monto restante de la paga del 2013, según lo acordado con las centrales, y todavía no hay fecha concreta. El margen del acuerdo permite hasta final de año.

El sindicato Metges de Catalunya, que no tiene representación en la Mesa General de la Función Pública (MEPAG), ha calificado la propuesta de "desvergonzamiento absoluto", al plantearla la Generalitat sin contar con su interlocución. Y ha instado al Govern a concretar con ellos las medidas que la administración catalana piensa adoptar para "compensar los sacrificios profesionales y personales" de los facultativos, según han manifestado en un comunicado.