El Gobierno aprueba una moratoria para el pago del alquiler de locales comerciales

El Gobierno ha dado luz verde a una nueva ronda de medidas económicas para aliviar los efectos del coronavirus sobre trabajadores y empresas, como avanzó ayer EL PERIÓDICO. Un nuevo decreto-ley compuesto por más 30 medidas que cuenta, entre sus novedades aprobadas, con un mecanismo de "renegociación y aplazamiento" para los pagos de alquileres de locales comerciales para pymes y autónomos afectados por el coronavirus, según anunció la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Una medida que complementa las ayudas a las familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual por la crisis del coronavirus, que tienen la posibilidad de créditos avalados al 100% por el Estado de hasta 1.200 millones, y con la que se da respuesta a una de las principales peticiones de autónomos y pequeños empresarios al frente de negocios comerciales. El coste del alquiler de los locales comerciales es uno de los gastos fijos más importantes que deben asumir los cientos de bares, restaurantes y comercios que hay en España y que llevan más de un mes con cero ingresos, tras verse obligados al cierre después de que el presidente del Gobierno decretase el estado de alarma en España. Muchos de ellos, regentados por autónomos y pequeñas y medianas empresas.

A falta de conocer las especificidades del mecanismo que se recojan en el BOE, el sistema elaborado por el Gobierno se desdobla en dos, dependiendo de si el propietario del inmueble es un gran tenedor (más de 10 inmuebles) o un pequeño arrendador. En total, según el ministerio de Industria, Comercio y Turismo,se van a beneficiar de estas medidas más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo.

En el primer caso, los inquilinos podrán solicitar en el plazo de un mes una moratoria en el pago de la renta que será automática y durará el periodo de tiempo que dure el estado de alarma, hasta un máximo de cuatro meses de prórroga. Esta renta se aplazará, "sin penalización ni devengar intereses", a partir de la siguiente mensualidad de renta, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años.

En el caso de que el arrendador sea un pequeño propietario, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año. Además, según explica el ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un comunicado se podrá solicitar “a la persona arrendadora” el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta “siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario".

IVA reducido para libros electrónicos

La nueva norma también introduce una reducción del IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos del 21% al 4%, para equilibrarlos al tipo impositivo de estos productos físicos. Una medida que tendrá un impacto recaudatorio de 24 millones de euros, según el ministerio de Hacienda.

También se han aprobado medidas para el sector portuario que supondrán un ahorro para las empresas de más de 100 millones de euros relacionadas con los tráficos mínimos, la ocupación, la actividad, el buque, las deudas tributarias y las terminales de pasajeros, entre otras.

Además, como avanzó ayer EL PERIÓDICO, se refuerza la protección de los trabajadores parados del turismo (fijos discontinuos), empleados con contrato de prueba y aquellos que decidieron dejar su trabajo por una nueva oferta pero se han quedado sin trabajo. Se reduce al cero por ciento el IVA para el material sanitario hasta el 31 de julio a entidades públicas y centros hospitalarios, "lo que permitirá un ahorro de más de 1.000 millones de euros". 

Se prorroga dos meses el "carácter preferente" del teletrabajo y se amplía dos meses el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada para aquellas personas que tienen que cuidar de menores, enfermos o discapacitados. Y se da luz verde a diferentes medidas en el ámbito fiscal dirigidas a alinear las bases imponibles de los impuestos a la situación actual, permitirán liberar más de 1.100 millones de euros de liquidez a empresas, especialmente autónomos y pymes.