07 ago 2020

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Consejo de ministros

El Gobierno refuerza la protección social de los parados del turismo

El Consejo de Ministros estudia un nuevo decreto de medidas que destina 1.200 millones a avalar el alquiler de familias vulnerables

El Ejecutivo quiere ampliar el teletrabajo dos meses y establece un IVA cero para el material sanitario hasta el 31 de julio

Sara Ledo

Carteles que anuncian pisos de alquiler en Barcelona.

Carteles que anuncian pisos de alquiler en Barcelona. / Ángel, García

El Gobierno está decidido a llevar a la práctica "un plan especial" de revitalización del sector turístico, según ha anunciado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y este mismo martes, prevé dar un primer paso en apoyo del sector con la aprobación de una mayor protección social para los alrededor de 300.000 trabajadores fijos discontínuos que no podrán incorporarse a sus puestos en actividades relacionadas con la hostelería como consecuencia de la pandemia de la covid 19 y del confinamiento.

El borrador del real decreto que llega este martes al Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, prevé "reforzar, complementar y ampliar" aquellas medidas aprobadas por el Ejecutivo en semanas anteriores. El texto ha sido aprovechado para resolver uno de los 'agujeros' pendientes y, en particular, el que hace referencia a la escasa protección por desempleo a la que se pueden ver expuestos "aquellos trabajadores que no hayan podido incorporarse a su actividad en las fechas previstas, como consecuencia del covid-19", como es el caso del sector turístico. Entre las medidas propuestas, se garantiza una prestación por desempleo de hasta tres meses a los trabajadores de este tipo que no hubieran generado derecho para su percepción.

Decenas de nuevas medidas

El borrador de real decreto incluye algunas decenas de medidas en apoyo a empresas y familias que, según figura en su exposición de motios, pretenden dar respuesta a los efectos de un alargamiento de estado de alarma y de un confinamiento que, en principio, se diseñó para dos semanas y que, como mínino se extenderá a lo largo de dos meses.

Después de haber adoptado en marzo la decisión de ofrecer créditos a tipo cero a las familias con dificultades para atender el pago de sus cuotas de aquiler de la vivienda habitual por el coronavirus, el borrador del nuevo real decreto establece ahora que el Estado avalará el 100% de estos créditos y que destinará a ello una previsión de 1.200 millones de euros. Las condiciones se definirán en una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Además de esta medida, el texto contiene otras tantas de ámbito fiscal, financiero y laboral. Entre ellas, el texto incluye un tipo impositivo de IVA cero para el material sanitario hasta el 31 de julio para permitir que el suministro de estos productos, fundamentales en plena pandemia, se realice de forma "rápida y efectiva" y se garantice "la igualdad de trato de los productores nacionales en relación con las importaciones".

Medidas fiscales

Además, la nueva norma establece la posibilidad de que los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades para los períodos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 puedan realizarse sobre sobre la base de los resultados que se vayan obteniendo este mismo año, y no sobre los beneficios del año pasado. Los contribuyentes que no hayan podido ejercer esta opción, y cuyo importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros, se prevé que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base imponible.

El objetivo de estas medidas es permitir que los empresarios calculen sus pagos fraccionados, no sobre el beneficio obtenido el año pasado, sino sobre la previsión de un resultado menor o incluso pérdidas correspondiente a este año, como consecuencia del confinamiento.

En el bloque de medidas fiscales también se da un mayor margen, hasta el 30 de mayo (desde el 1 de mayo inicial) para solicitar un aplazamiento de hasta 6 meses en el pago de deudas tributarias con un máximo de 30.000 euros.

Además, los autónomos que tributan en el régimen de módulos del IRPF podrán renunciar a este sistema por un solo año de modo que su adscripción en el 2020 al régimen del estimación directa les permita poder adecuar el pago de sus impuestos a los peores resultados de este ejercicio.

Avales hasta el 31 de diciembre

También, se amplía la línea de avales por importe de hasta 100.000 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2020, aprobada hace un mes, que tenía como límite hasta el 30 de septiembre. Y se habilita al Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) a conceder aplazamientos de las cuotas de los préstamos concedidos en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables, como ya se había hecho en anteriores decretos en otros ámbitos como en la Industria con el programa Reindus. También se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y de caución a partir de 2020.

Teletrabajo dos meses más

En materia laboral, el Ejecutivo prevé prorrogar dos meses el "carácter preferente" del teletrabajo. El Gobierno extendió esta 'recomendación' hasta un mes después del estado de alarma, en el anterior decreto. En este nuevo texto, se prorrogaría dos meses. Es decir, en el caso de que a principios de abril se levante el estado de alarma en España, aquellos trabajadores que están trabajando a distancia deben seguir haciéndolo hasta el inicio del mes de julio. También se amplía dos meses el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada que establece la posibilidad de que aquellas personas que tienen que cuidar de familiares pequeños, enfermos o discapacitados puedan cambiar su horario durante este tiempo.

El Ejecutivo, además, modifica la norma anterior para que las empresas que desarrollan "actividades esenciales" puedan hacer ajustes temporales de empleo en "aquella parte de la actividad o aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial". 

En el ámbito portuario, se permite a las autoridades portuarias reducir los "tráficos mínimos exigidos para el año 2020" en el caso de que no sea posible alcanzar dicha actividad por causa del covid-19 y no se "aplicarán las penalizaciones por incumplimientos de actividad". Además, se establecen reducciones de la tasa de buque, ocupación y actividad.