PREPARATIVOS DE UN REAL DECRETO

El CGPJ pide que los inquilinos puedan oponerse a las demandas de desahucio

Plantea al Ministerio de Justicia que los afectados puedan alegar fuerza mayor como consecuencia del coronavirus

Escaparate con anuncios de alquiler y venta de pisos.

Escaparate con anuncios de alquiler y venta de pisos. / FERRAN NADEU

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Efe

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado al Ministerio de Justicia la posibilidad de que los inquilinos de una vivienda puedan oponerse a las demandas de desahucio por falta de pago y puedan alegar fuerza mayor como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Esta es una de las 13 propuestas que el CGPJ ha remitido a Justicia con el objetivo de que se estudie su inclusión en el real decreto-ley de medidas urgentes para la Administración de justicia en relación a la crisis del covid-19.

Además de esta proposición, el CGPJ también ha solicitado establecer un nuevo procedimiento para tramitar las demandas que tengan por objeto la modificación de contratos que se han visto afectados por las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria, que han hecho imposible cumplir adecuadamente lo pactado.

Plazos procesales

Asimismo, desde el Consejo también han sugerido que los plazos procesales o administrativos que hayan quedado suspendidos se reanuden, por el tiempo restante, a partir del primer día en que el estado de alarma deje de estar vigente.

Está proposición tiene como objetivo establecer un marco normativo claro en cuanto a los plazos administrativos y judiciales para evitar la dispersión interpretativa y unificar criterios.

Otra de las ideas que se han remitido a Justicia es la posibilidad de realizar procesos abreviados en los que no se celebren vistas cuando sea posible y cuando los elementos probatorios sean documentales.

Impugnación de ertes

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También han solicitado declarar como urgentes los procedimientos relacionados con la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido por las personas que trabajen por cuenta ajena.

Por último, el CGPJ ha pedido la aprobación de una norma con rango de ley que establezca un régimen específico para la impugnación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) derivados del coronavirus que afecten a varios trabajadores.