El empleo se estabiliza tras el 'shock' del coronavirus: abril acumula 10.000 ocupados más

Tras el 'shock' que supuso la irrupción del coronavirus en el mercado laboral español, el estado del paciente se ha estabilizado. La destrucción de empleo que dejó un balance en marzo de casi 840.000 trabajadores en activo menos ha frenado y la primera quincena de abril deja un saldo positivo de 10.225 ocupados más. Estos son los nuevos datos que ha hecho público este miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá; en la comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados. En el siguiente renglón al número de bajas laborales por la pandemia, Escrivá también ha dado cuenta del número de 'pacientes' que están o estarán intubados a una prestación o subsidio habilitado por el Estado: 6,3 millones de personas.

El responsable de la Seguridad Social ha detallado este martes con datos la magnitud de ese "escudo social" que ha ido extendiendo por fases el Gobierno de España. La política de "proteger rentas", tal como ha reiterado Escrivá diversas veces en su intervención, prevé proteger a 6,3 millones de trabajadores afectados por el covid-19; lo que equivale a casi uno de cada tres ocupados en España. El grueso de esta política de conservación de rentas para no romper las cadenas de pago lo representan los afectados por un expediente de regulación de empleo (ERTE). Cuatro millones de asalariados están o estarán afectados por un erte vinculado al covid-19; cerca del 25% del total de asalariados.

El número de expedientes sigue al alza desde que el Ejecutivo decretó el estado de alarma y las oficinas del SEPE se encuentran colapsadas en la gestión de dichos expedientes. "El nivel de esfuerzo y carga administrativa es extraordinario", ha manifestado Escrivá, en reconocimiento a los empleados públicos que lo hacen posible. Actualmente las oficinas gubernamentales están dando resolución a cerca de 200.000 expedientes diarios y más del 50% de los ertes registrados por las empresas ya están tramitados, según ha afirmado el ministro en su comparecencia. Es decir, la mitad de las empresas que registraron su expediente ya están exoneradas de cuotas. Cuántos de esos trabajadores afectados por un erte están ya cobrando la prestación es un dato que no ha facilitado este martes Escrivá, pues el SEPE es competencia de otro ministerio, el capitaneado por Yolanda Díaz.

A la cifra de afectados por erte cabe añadir a 1,4 millones de trabajadores autónomos -cerca de la mitad del colectivo-, que ha solicitado o solicitará la prestación por cese de actividad (de cerca de 660 euros mensuales). El ministro también ha adelantado que la Seguridad Social devolverá de oficio a los beneficiarios de dicha prestación la mitad de la cuota de autónomos del mes de marzo. En paralelo, Escrivá tambien ha dado datos del número de empresas y autónomos que han solicitado el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, que ha sido solicitada por 92.295 firmas.

La cifra final de beneficiados por el 'escudo social' del Gobierno la completan cerca de 900.000 nuevos parados sin derecho a prestación, que podrán acceder a los subsidios especiales para temporales habilitados desde el Ejecutivo.

Ingreso mínimo vital pendiente

Con esos datos encima de la mesa, Escrivá ha consdierado que las política de protección de rentas del Gobierno "está surtiendo efecto". "Hay que decirlo con humildad porque es dificilismo llegar a todo el mundo", ha añadido. Pues entre esos 6,3 millones de personas receptoras por una prestación o subsidio extraordinario habilitado desde el Gobierno no se cuentan los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital que ultima desde hace semanas el equipo de Escrivá.

Una capa más de ese 'escudo' que ha sido protagonista estos últimos días por una pugna política en el seno del Gobierno. Por un lado, una facción, cuya cara visible está siendo el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, aboga por una renta mínima transitoria para luego desplegar ese ingreso mínimo vital de manera definitivo. Por el otro, está la que defiende la vía de apostar directamente por el proyecto de ingreso mínimo, que ya tenía en el programa el Ejecutivo antes de la pandemia.; aunque ello implique postergar su implementación.