El Gobierno aplaza el pago de impuestos a pymes y autónomos hasta el 20 de mayo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la anunciada ampliación del plazo máximo de presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para autónomos y pymes desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado que la medida beneficiará a en torno a 3,4 millones de contribuyentes, el 95% del total de trabajadores por cuenta propia y compañías que tenían que abonar tributos en abril, para los que supondrá una "inyección de liquidez" de 3.558 millones de euros. 

"No deberán presentar ni pagar impuestos en abril", ha destacado antes de asegurar que se trata de una "una medida añadida para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero sobre todo para seguir inyectando liquidez en el conjunto de nuestras empresas". La iniciativa, ha explicado, beneficiará a los que facturen hasta 600.000 euros y afectará a la declaración trimestral del IVA y al pago fraccionado de las retenciones del IRPF y del impuesto de sociedades. El plazo para el abono de estos tributos que esté domiciliado, por su parte, se amplia del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo, incluyendo las declaraciones presentadas antes del 15 de abril.

La medida responde a un clamor empresarial en las últimas semanas de organizaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), el Consejo General de Economistas, y las principales patronales de autónomos (ATA, UPTA y Uatae), los técnicos de Haicenda (Gestha) e incluso el Defensor del Pueblo. ATA ha dado la "bienvenida" a la moratoria aprobada, pero ha criticado que el Gobierno "vuelve a reaccionar tarde", al tiempo que ha advertido de que "nadie asegura que el 20 de mayo haya vuelto la actividad a la normalidad o si habrá sectores que sigan cerrados o confinados". Foment valoró positivamente la medida, pero sostuvo que debería ampliarse hasta junio, mientras que Pimec también la ha valorado de forma positiva, pero ha alertado de que es "insuficiente".

Medidas ambiciosas

Frente a estas reclamaciones, Montero ha defendido la acción del Ejecutivo: "Desde el primer momento, el Gobierno va adoptando medidas ambiciosas para defender a nuestro tejido productivo, que está formado sobre todo por autónomos y pymes, y seguiremos monitorizando esta situación para actuar allí donde sea necesario". En esta línea, ha recordado la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, impulsada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos a la que se pueden acoger el 99,8% de los autónomos y el 94% de las pymes, con un impacto máximo de 14.000 millones.

Asimismo, ha reiterado que el Gobierno está trabajando para permitir que los autónomos puedan renunciar a tributar por el sistema de módulos y pasarse al sistema de estimación directa. La medida finalmente no ha sido aprobada este martes, pero Montero ha asegurado que se le dará luz verde "en breve". Además, ha dejado la puerta abierta a tomar medidas tributarias que favorezcan a las grandes empresas. La "prioridad" del Ejecutivo, ha sostenido, son las pymes y los autónomos, pero Hacienda está "estudiando" qué iniciativas podrían beneficiar a las grandes compañías "en la medida" en que el Estado se las pueda permitir.

Renta mínima

La ministra, por otra parte, ha descartado que el Gobierno vaya a aprobar una renta mínima puente antes de dar luz verde a la renta mínima vital, como ha defendido el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. El Ejecutivo, ha sostenido, está trabajando "de forma incansable" en el diseño de la renta mínima, un "compromiso que forma parte del acuerdo programático" para la legislatura del PSOE y Unidas Podemos. "No son medidas que se puedan improvisar ni que se puedan diseñar de un momento para otro porque es una prestación que ha venido para quedarse", ha lanzado tras afirmar que "ese es el camino que el Gobierno ha decidido transitar".

Montero, así, ha mantenido que se trata de un "proyecto ambicioso" que requiere de la coordinación con las ayudas que ya prestan algunas comunidades autónomas. Lo que está haciendo ahora el Ejecutivo, ha proseguido, es "acelerar" los trámites y trabajos preparatorios "por parte del ministro (de Inclusión y Seguridad Social, José Luis) Escrivá, que es el competente, en coordinación con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos" y con el objetivo de ponerla en marcha "en pocos meses".

Avales públicos

La responsable de las cuentas públicas, adicionalmente, ha actualizado las cifras de utilización de la línea de avales públicos para créditos a empresas y autónomos. Hasta la fecha, los bancos y el Instituto de Crédito Oficial (que debe dar luz verde a los préstamos de más de 50 millones de euros) han autorizado 48.542 operaciones, en las que el Estado ha avalado 4.739 millones de euros (3.635 millones a pymes y autónomos), con una financiación total concedida de 6.129 millones (la garantía pública cubre hasta el 80% del riesgo, pero las entidades financieras asumen el resto).

Montero ha asegurado que estas garantías constituyen un "auténtico salvavidas" para las empresas, ya que beneficiarán a unas 1,3 millones de compañías. Asimismo, ha vuelto a dejar la puerta abierta a cambiar las características y condiciones de la línea en los siguientes tramos que se irán aprobando (de momento se han liberado dos de 20.000 millones de euros cada uno sobre un total de 100.000 millones de euros). Se hará, ha explicado, si se detecta que hay algún sector empresarial con "dificultades para acceder" a los préstamos avalados o se percibe que es conveniente retirar "algún requisito" para beneficiarse de los mismos.