PROPUESTAS EMPRESARIALES

La Cambra propone medidas fiscales y evitar el final del confinamiento si no hay test

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Eduardo López Alonso

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La Cambra de Comerç de Barcelona considera insuficientes las medidas del Gobierno de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos y ha definido un conjunto de propuestas fiscales como complemento a las financieras (créditos blandos) que trasladará este jueves a la ministra de Industria, Reyes Maroto. El objetivo prioritario debería ser según el presidente de la Cambra, Joan Canadell, evitar ante todo el cierre de empresas tras un periodo de falta de ingresos, lo que requiere incrementar la liquidez de las firmas con más problemas. 

Sobre la apertura de la actividad de las empresas a partir del próximo martes, Canadell considera que eso solo será posible en el caso de que se hagan test de coronavirus generalizados "para comprobar quien puede volver". Para la Cambra sería "lógico" que el teletrabajo se mantenga durante un tiempo y que la presencia física se restrinja a una tercera parte de las plantillas y que el personal disponga de medidas de protección adecuadas. 

Las medidas que propone la Cambra son cuatro principales, básicamente dirigidas a flexibilizar los pagos de impuestos y ampliar los límites de crédito fiscal, con efecto neutro en términos de déficit a largo plazo. Canadell considera que estas medidas serían "proporcionales al tamaño de cada empresa e independientes de los cauces bancarios".

En el mes de abril las empresas deben hacer el primer pago fraccionado del impuesto de sociedades del 2020. Debido al coronavirus, la situación económica de las pymes este año "será muy complicada",  según la Cambra, por lo que propone que este primer pago a cuenta no se haga, sea ampliable al segundo y tercer pago fraccionado (durante los meses que dure la crisis). "Esto no representaría una reducción de los impuestos para Hacienda, ya que al final del ejercicio la empresa presentará el impuesto de sociedades 2020 definitivo, pero permitiría a las pymes disponer de un líquido adicional ahora para hacer frente a sus necesidades de liquidez", argumenta la institución.

Para complementar esta primera medida, la Cambra propone un cambio en la modalidad del pago fraccionado en función del resultado del ejercicio. La primera modalidad de carácter general representa el 18% del resultado del ejercicio anterior y la segunda está en función de la base imponible del ejercicio (obligatorio para las empresas con facturación superior a seis millones de euros). Para optar por la segunda opción, las empresas deberían haber hecho la solicitud antes de febrero y ya no se puede cambiar de modalidad, algo que podría cambiarse según la Cambra hasta el 20 de abril a fin de que las empresas con dificultades económicas "puedan pagar impuestos en base a la nueva realidad".

La Cambra propone como tercera medida actualizar el crédito fiscal con Hacienda para evitar recurrir al circuito bancario, "lo que representaría la actualización de las Bases Imponibles negativas acumuladas (IS) y de las pérdidas a compensar (IRPF). Según los expertos de la Cambra, "la decisión de restringir la deducción de las pérdidas sólo tiene una explicación estrictamente recaudatoria, pues económicamente la empresa o el autónomo dispone del dinero perdido y así lo expresará su contabilidad". Actualizar el crédito fiscal, el Tesoro Público "amortizaría una parte importante de la deuda que tiene con los contribuyentes y de alguna manera sanea sus cuentas, poniendo el contador a cero".

La cuarta propuesta es anticipar la compensación de pérdidas con los beneficios declarados en el 2018.  Ante la previsión de que el 2020 sea un mal año, con bases imponibles negativas o resultados negativos que deberán compensarse con beneficios futuros, la Cambra propone anticipar la compensación de las pérdidas a obtener con los beneficios obtenidos en el año 2018. Por ello, el Tesoro Público debería reintegrar a las pymes y los trabajadores autónomos que así lo pidan las cuotas ingresadas por el IRPF o por el IS. Estas cuotas se incorporarán con signo positivo a las autoliquidaciones a presentar el año 2021 en concepto de IS o de IRPF y se determinará la cuota que resulte según los resultados de la empresa. En este caso, el Tesoro Público se convertirá acreedor de las pymes y de los autónomos a quien haya devuelto los impuestos pagados en el año 2018. El coste fiscal de esta medida sería de 6.000 millones de euros: 3.100 millones para pymes y 2.900 millones para autónomos.

Una renta básica, pero no universal

La Cambra de Comerç de Barcelona no es partidaria de una renta universal como la que está estudiando aplicar el Gobierno como una de las respuestas a la crisis del coronavirus y prefiere optar por ayudas a colectivos específicos, como los autónomos. El presidente de la institución, Joan Canadell, el economista Guillem López Casasnovas, han asegurado durante una rueda de prensa telemática que sería mejor pensar en "rentas selectivas para los grupos de población más frágiles". Canadell cree que se tiene que aplicar "no como un sistema masivo, sino para ayudar a los que más sufren", lo que ha considerado que podría servir para crear una renta mínima para los autónomos a los que se les ha reducido su facturación o que se han quedado sin ingresos, ha puesto como ejemplo.