Tres de cada cuatro euros de deuda de la Generalitat tienen al Estado como acreedor

Tres de cada cuatro euros de endeudamiento de la Generalitat tienen al Estado como acreedor. Hasta el 31 de diciembre pasado, fueron 59.666 millones de un pasivo total de 79.060 millones, según el Banco de España. 

A ese aumento de peso se suma que más de ocho de cada 10 euros (83,9%) de las necesidades de financiación de la administración catalana en el año se destinan ya a pagar préstamos del Estado a través del fondo de liquidez autonómica (FLA) y otros instrumentos creados a partir del 2012 para facilitar la financiación de las autonomías, que desde ese año vieron como los mercados les cerraron las puertas.

Y esa progresión del Estado como casi único banquero de la Generalitat seguirá creciendo hasta alcanzar su punto máximo en el 2022, cuando casi 9 de cada 10 euros de las necesidades de financiación las aportará el Estado para pagar préstamos otorgados a través de los distintos instrumentos de liquidez, según las estimaciones realizadas por el propio Govern a través de la Vicepresidència y Conselleria d’Economia. Con la drástica reducción que se ha producido en el déficit en más de 8.000 millones en 10 años, una buena parte de los recursos que provienen de los mecanismos de liquidez sirven para pagar los préstamos del propio Estado: préstamos para pagar préstamos de un mismo acreedor.

El peso del Estado como acreedor ha ido subiendo desde el 13,2% en el 2012 hasta la situación actual. En el 2013 fue del 30,6%; del 39,4% en el 2014; del 59,9% en el 2015; del 66,6% en el 2016; del 70% en el 2017, del 74,1% en el 2018 y del 75,4% en el 2019. El año pasado, el Govern pidió 7.998 millones de la facilidad financiera, de los 6.713 millones fueron para devolver al Estado por los mecanismos de liquidez; y este año, de los 10.224 millones solicitado, 7.681 millones son para amortizar los préstamos el Estado.    

Máximo en el 2022

Tras un máximo de dependencia previsto en el 2022, con el 87,7% de las necesidades de financiación cubiertas con préstamos estatales irá bajando a partir del 2023 hasta desaparecer en el 2030, a no ser que la Generalitat obtuviera antes otras vías de financiación como más préstamos de entidades financieras, ya que la emisión de deuda se antoja todavía difícil.

Además, el coronavirus y la crisis que ha desatado pueden modificar sustancialmente las cosas. El Ejecutivo catalán ha calculado en unos 1.800 millones el coste de combatir la epidemia, lo que supone casi la quinta parte de la cantidad presupuestada para Salut. Los Presupuestos del 2020 aún no han podido tramitarse al llevar Ciudadanos el proyecto ante el Consell de Garanties Estatutàries, lo que vuelve a retrasar su tramitación en una situación de emergencia como la actual. Estas cuentas darían un margen de 3.000 millones más de gasto con respecto a las del 2017, que siguen siendo las que rigen prorrogadas en la actualidad. Solo en el apartado de sanidad, el incremento previsto es de 908 millones en el proyecto de cuentas de este año.

Sanear las cuentas

El objetivo ‘vicepresident’ Pere Aragonès, era al menos hasta fechas recientes, sanear las cuentas y cumplir con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. Eso debería permitir, a medio plazo, mejorar la calificación crediticia de la deuda catalana. Esta se encuentra situada todavía en los niveles de bono basura y con una nota, como la de Namibia, según Fitch o la República Dominicana, Armenia o Bangladesh, según Moody’s. Para poder acudir a financiarse a los mercados se requiere superar esa calificación especulativa.

En el 2018, la Generalitat consiguió por primera vez cumplir los objetivos establecidos, lo que permitió dejar el FLA y recurrir a la denominada facilidad financiera (FF) en 2019, otro instrumento que cuenta con unos condicionantes menos duros y que se creó para las autonomías que cumplen con los criteros de la estabildiad presupuestaria. De todas formas, en el 2019 la Administración catalana volvió a incumplir el objetivo de déficit, al cerrar con unos números rojos equivalentes al 0,5% del PIB, cinco veces más que el autorizado (0,1%), según los datos de la Intervención general de Estado (IGAE). Una buena parte del desfase el Govern lo atribuye a deudas pendientes del Estado, como la devolución del IVA y el incumplimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos.

A su vez, la Generalitat aún está sujeta al control reforzado de sus cuentas que impuso en el 2015 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP); y que la Administración actual, cuya responsable es María Jesús Montero (PSOE) no ha considerado oportuno levantar. El Govern insiste en la necesidad de que se levante esta medida.