SEGÚN LA CAMBRA
Un tercio de las empresas prevén presentar concurso de acreedores por el coronavirus
Uno de cada dos empresarios está pidiendo financiación adicional para hacer frente a la crisis
Un tercio de las empresas catalanas creen que deberán presentar un concurso de acreedores a consecuencia de la crisis del coronavirus. Esta es la principal conclusión de la segunda consulta de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre el impacto del covid-19 en el tejido empresarial.
Según los datos, uno de cada dos empresarios está pidiendo financiación adicional para hacer frente a esta crisis. Un 40% de los autónomos aseguran no cumplir los requisitos suficientes para poder pedir las ayudas públicas planteados por el gobierno español, mientras que otro 15% ha decidido cesar la actividad debido a la crisis. "No son buenas noticias", ha asegurado el presidente de la Cambra de Comerç Catalana, Joan Canadell, en declaraciones a la ACN.
Concretamente, la encuesta preguntaba a las empresas si se estaban planteando hacer un concurso de acreedores por el coronavirus, con qué situación económica se identificaban más como autónomos o pequeñas y medianas empresas y cuál era la situación crediticia frente a la nueva situación. En este sentido, un 15% de los encuestados ha asegurado que no les están renovando las pólizas. Según la anterior encuesta publicada, un 53% de las empresas han hecho un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (erte) debido al coronavirus.
Un tercio ha parado la actividad
Además, casi un tercio han parado la actividad y cerca de un 65% han reducido las ventas en más de la mitad durante marzo. Estas encuestas se enmarcan en el sistema de consultas impulsado por la Cámara de Comercio de Barcelona para conocer la opinión de los empresarios y "refrendar" posiciones de la institución.
El objetivo es "actualizar" las necesidades del sector empresarial y proponer medidas adecuadas a la situación. Entre estas, la corporación ha pedido al gobierno español condonar el pago de las cuotas de los autónomos y exonerar las pequeñas y medianas empresas de pagar la seguridad social a condición de mantener el empleo.
La medida tendría un impacto de 17.600 millones de euros en el presupuesto público. Además, ha reclamado a las administraciones pagar las facturas pendientes para inyectar hasta 14.000 millones de euros de liquidez a la economía.
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