14 jul 2020

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Nuevas medidas

El Gobierno confina a la construcción y gran parte de la industria

El Ejecutivo "anticipa" la Semana Santa y restringe la actividad económica a los servicios esenciales para paliar la crisis del coronavirus

Gabriel Ubieto

Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. / Moncloa (EFE)

El Gobierno ha ratificado este domingo en su Consejo de Ministros extraordinario elevar un grado más el confinamiento en España y dar una vuelta más de tuerca sobre las restricciones a la actividad económica. A partir de este lunes 30 de marzo y hasta el 9 de abril solo podrán operar aquellos sectores calificados como esenciales para mantener la cadena de suministros alimentarios y de productos básicos. El Ejecutivo ha decidido así "anticipar la Semana Santa", laboralmente hablando, según la metáfora que ha utilizado la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras la reunión de ministros. Una economía prácticamente de "hibernación", con el objetivo de contener la propagación del coronavirus y no tensionar más las estructuras sanitarias del país.

Documento

Boletín Oficial del Estado del 29 de marzo del 2020

Boletín Oficial del Estado del 29 de marzo del 2020

"No valen los esquemas o los abordajes estáticos", ha afirmado Montero en su comparecencia; justificando así la decisión ratificada ayer y que el Gobierno se había resistido a tomar hasta la fecha. A falta de conocer la letra pequeña del real decreto que está previsto que publique hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), sectores enteros como la construcción deberán interrumpir temporalmente su actividad, otros como la industria se reservarán exclusivamente para aquellas operaciones más directamente vinculadas a proveer durante la crisis sanitaria y el sector servicios experimentará una afectación desigual; muy enfriado ya su funcionamiento por anteriores decretos. Quienes podrán seguir operando con 'normalidad' serán todas aquellas empresas que tengan capacidad para el teletrabajo; que no tendrán que mandar a casa a sus empleados con un permiso retribuido.

"Tenemos que dar un paso más" para "ganar tiempo para que nuestro sistema sanitario siga atendiendo a todas las personas", ha declarado Montero. La pretensión del Gobierno es equiparar el movimiento de personas al de un día de fin de semana de confinamiento. Es por ello que actividades como la metalurgia, la fabricación de muebles, parte de la industria química o textil o una importante proporción de los servicios administrativos y auxiliares deberán echar el cierre desde hoy y hasta el 9 de abril, ambos inclusive. Gran parte de estas actividades, además de las directamente clausuradas por restricciones previas como los hoteles o los locales de espectáculos, ya habían mandado a más de dos millones de trabajadores a sus casas mediante expedientes de regulación de empleo (ERTE).

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y servicios financieros

El texto que publique este lunes el BOE tendrá la última palabra sobre cuales son las actividades esenciales que podrán operar y cuales no. No obstante, y siempre subordinado a esa letra pequeña, uno de los últimos borradores de ese real decreto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO detalla algunos de los colectivos que podrán seguir operando. Las trabajadoras del hogar, las cuidadoras o los servicios financieros o jurídicos podrán continuar en marcha. También todas aquellas que ya habían sido calificadas como tal en anteriores decretos, como son las necesarias para asegurar la cadena alimenticia y de productos sanitarios o farmacológicos.

Toda actividad que no sea esta y entre dentro de las tipificaciones consideradas como no esencilales por el Gobierno deberá quedar paralizada hasta el 9 de abril y los trabajadores afectados por dicha interrupción serán mandados a casa con un permiso retribuido. Según un informe de UGT, de los 2,8 millones de asalariados que operan en Catalunya; 1,1 millones desempeñan actividades esenciales y podrán seguir trabajando. Por el contrario, cerca de 900.000 desempeñan actividades no esenciales y deberán replegarse en sus domicilios. Los 800.000 trabajadores restantes estarían empleados en empresas que ya han suspendido su actividad y están enmarcadas en ertes u otras vías de reestructuración.

Siguen los ertes

Las restricciones aprobadas este domingo en Consejo de Ministros no son incompatibles con la vía de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Es decir, aquellas empresas que no puedan afrontar los 15 días de permiso retribuido obligado y reúnan las condiciones para presentar un expediente de suspensión podrán hacerlo. Es más, la medida del Gobierno aumenta los supuestos de causa de fuerza mayor para acreditar un erte, pues, al limitar por decisión gubernamental nuevas actividades, permite a nuevas empresas acogerse a dicho mecanismo. Lo que les habilita a dejar de pagar entre el 75% y el 100% de las cotizaciones sociales de sus trabajadores mientras dure el mismo y a sus trabajadores cobrar la prestación por desempleo.

El mecanismo habilitado del permiso retribuido recuperable habilita una alternativa para aquellas empresas que no quieran optar por el erte para reorganizar sus plantillas mediante esta vía. Y llega con unas oficinas públicas de empleo desbordadas por el aluvión sin precedentes de estos expedientes, según ha reconocido estos últimos días la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La obligatoriedad de los permisos retribuidos no afectará a las compañías que ya hayan efectuado un erte, así como tampoco a los trabajadores que estén de baja, permiso o excedencia.