Los grandes propietarios del alquiler se anticipan a las medidas del Gobierno

Los grandes propietarios del alquiler, fondos de inversión inmobiliarios y bancos, han tomado medidas para flexibilizar las rentas que cobra a sus inquilinos antes de que el Gobierno tome la decisión de aplicar una moratoria, como ya lo ha hecho con las hipotecas para los casos más vulnerable afectados por la epidemia. El Ejecutivo prepara medidas similares para el alquiler que previsiblemente se aprobaran este viernes o el martes de la semana que viene en reunión del Consejo de Ministros. 

Estos propietarios han avanzado iniciativas de diferente índole en la línea de flexibilizar los alquileres, pero de forma desigual y con alcance diferente y limitado. La realidad es que los grandes tenedores apenas si tienen un 3% del parque de vivienda alquilada del país que suma cerca de cinco millones de casas; las administraciones poseen el 1%, mientras que la inmensa mayoría del parque, el 96%, está en manos de propietarios privados, muchos de los cuales dependen de ese ingreso para salir adelante en la actual situación, razones por las que tanto el Ministerio de Transportes (Vivienda) como Economía buscan arbitrar soluciones que no perjudiquen a los pequeños tenedores, de manera que la rueda de la economía siga girando en lo posible. 

Se pide a los grandes que arrimen el hombro para ayudar a paliar la crisis. Las empresas se mantienen a la expectativa de qué medidas adoptará el Ejecutivo, entienden que hay diferentes sensibilidades dentro del Gobierno entre suspender los alquileres o aplicar una moratoria. “Aceptaremos lo que diga el Gobierno, pero, si se trata de un suspensión será una discriminación con respecto a lo que ha hecho con los bancos y las hipotecas", han comentado fuentes de un fondos de inversión con una amplia cartera de activos en alquiler. 

Las iniciativas ya emprendidas

 A la espera de conocer las medidas, los fondos han ido avanzado sus soluciones ante la actual situación. Lazora, fondo del grupo inversor Azora, ha anunciado una moratoria de pago del alquiler para aquellas familias cuya situación se vea deteriorada como consecuencia del impacto en su economía del Covid-19.  

La mitad de las viviendas que gestiona son protegidas y la otra mitad están en el mercado libre. Los criterios para poder acceder a este programa toman como base los que el Gobierno ha establecido para la moratoria del pago de hipotecas. Aplica condiciones especiales de aplazamiento del pago de las rentas durante el periodo del estado de alarma y el fraccionamiento posterior, durante un año, de las rentas no abonadas. El fondo destaca que “analizará de forma individualizada cada situación”. Ha comunicado a unos 7.000 inquilinos sus planes. 

Testa, socimi propiedad del fondo Blackstone, con unas 11.000 viviendas de su propiedad, así como Anticipa, otra de sus filiales que gestiona unas 12.000 viviendas, han anunciado que será flexibles con la situación de sus inquilinos “para aplicar moratorias en aquellos casos los que atraviesen por dificultades”. 

Moratoria a afetados por ertes

Más concreta ha sido la respuesta de BuldingCenter, la inmobiliaria de CaixaBank que gestiona 21.000 alquileres en toda España, condonará a partir de abril las rentas a los inquilinos de viviendas de su propiedad. Esta medida estará en vigor hasta el mes que se decrete la finalización del periodo de alarma si el mismo tuviese que extenderse. Esta ayuda va dirigida a las personas que se hayan quedado sin trabajo o se vean afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (erte) o ere, así como para autónomos que hayan cesado su actividad o visto disminuida su actividad en más de un 40% como consecuencia del estado de alarma.

Asimismo, los bancos (Santander, BBVA, Sabadell, Abanca, Bankinter, ING, Deutsche Bank y Banca March) ofrecerán un aplazamiento del pago de hasta tres meses del alquiler social a aquellas familias que habiten en una casa acogida al Fondo Social de Vivienda (FSV) y se hayan visto afectadas por el Covid-19. Este fondo fue creado en el 2013 y cuenta con más de 10.000 viviendas en toda España, propiedad de las entidades de crédito.

La Sareb, sociedad que tiene activos procedentes de los bancos rescatados, es uno de lso grandes tenedores con más 18.000 viviendas de alquiler. De esas, están mobilizadas en el mercado libre unas 8.000, con precios medios de 450 euros. Cedidas a los ayuntamientos y comunidades para gestión social 2.500, aunque Sha decidido aumentar esa cifra hasta las 10.000. Fuentes del 'banco malo' destacan que la práctica habitual es gestionar con los servicios sociales caso a caso para que nadie se quede sin una vivienda cuando los inquilinos en situación vulnerable. "Lo que parece que plantea el Gobierno es trasladar a todo el sectorprofesional las prácticas que ya estamos realizando nosotros", comentasn fuentes de la Sareb.

Los pequeños propietarios también tienen algo que decir en este teman. A la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), quegestioan arrendamientos individuales, le parece bien que el Gobierno quiera tomar medidas para ayudar a los inquilinos en dificultades por la crisis del coronavirus, pero ha hecho hincapié en que "no hay que dejar a nadie atrás". "Los propietarios tienen que ser ayudados de igual manera, ni más ni menos", ha subrayado.